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El legislador radical Pablo Blanco explicó que la fuente de financiamiento de la movilidad automática está prevista en el artículo 23 de la ley 1070, que la Municipalidad de Ushuaia pidió derogar. Implica el aporte de los municipios y distintos organismos de los fondos correspondientes al déficit que generen sus jubilados. Los legisladores se comprometieron a analizar otras herramientas, para menguar el impacto. Además, se deberá definir la continuidad de las herramientas de financiamiento de la ley de emergencia previsional, que vence el 31 de diciembre. Fue crítico del reclamo del gobierno a la Corte Suprema por la quita del IVA a los alimentos cuando hay “80 proyectos” en el Congreso en este sentido, en su mayoría del kirchnerismo. También cuestionó que se recurra a nación para pagar el bono de 5 mil pesos a los estatales. Para Blanco no es injerencia del gobierno nacional y la gestión provincial está en condiciones de hacerlo.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR- Cambiemos Pablo Blanco dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las implicancias de la movilidad automática que se aprobó en la sesión del jueves pasado. Dijo que “esto vino a cerrar un ciclo de discusiones que comenzó previo a las elecciones. La voluntad mayoritaria era la restitución de la movilidad automática, así que yo retiré mi proyecto de actualización trimestral. No logramos tratarlo antes de las elecciones porque, a pesar de haberlos invitado en reiteradas oportunidades, las autoridades de la caja no concurrieron a las reuniones de comisión. Luego de las elecciones se convocó a una reunión y fue la tercera oportunidad en que no concurrió el presidente de la caja, así que avanzamos con la decisión de emitir un dictamen. La semana pasada tuvimos la sesión y fue aprobada la actualización automática. Esto quiere decir que, una vez que el activo percibe un aumento en la escala salarial, al mes siguiente lo percibe el jubilado”.

Aclaró que “esto no significa un aumento inmediato, sino que se va a dar en la medida que haya un aumento al que está en actividad. Tampoco tiene que ver con el 82% móvil. Algunos sectores de los jubilados plantearon cambios a la determinación del haber, porque consideran que al analizarse la historia laboral de los 120 meses no se estaría respetando el 82% de lo que perciben los activos. La ley no dice que se debe percibir el 82% del último salario, sino el 82% de la historia laboral, que en un momento fue de un año, luego 24 meses y ahora son 120 meses”, explicó.

El legislador del bloque UCR- Cambiemos Pablo Blanco dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las implicancias de la movilidad automática que se aprobó en la sesión del jueves pasado.

Destacó que la ley “se aprobó por unanimidad y había voluntad de todos los bloques políticos de avanzar en este sentido. Yo dejé sentada la postura del bloque radical en cuanto a la movilidad, porque fui uno de los autores en la convención constituyente del artículo referido a la jubilación. Cuando se modificó la movilidad el 8 y 9 de enero de 2016, nosotros no acompañamos esa decisión, y lo dejamos bien en claro. Lo acompañamos en 2017 cuando hubo un acuerdo político en el marco del consenso federal, que firmado por la provincia y todos los municipios, y aprobado por unanimidad por los concejos deliberantes”, recordó.

“En ese consenso federal se hablaba de la actualización de la movilidad cada seis meses. Durante la campaña electoral muchos candidatos hablaron de esta Legislatura ajustadora, por desconocimiento o por olvido de algunos que actuaron en este sentido, y yo quería dejar sentado que hubo responsabilidades compartidas, porque hubo pasos previos que llevaron a la sanción de esa ley”, subrayó.

Más déficit

Consultado sobre el rojo que genera la movilidad automática en la caja, confirmó que “seguramente va a generar déficit, que deberá ser absorbido por los municipios o los distintos organismos. El artículo 23 de la ley 1070 dice que los déficits previsionales deben ser aportados por quienes sean sus generadores. Por ejemplo, si en la Municipalidad de Ushuaia se produce un déficit entre los aportes y jubilaciones que ingresan y las jubilaciones que se deben pagar, ese déficit lo debe aportar la Municipalidad. Lo mismo con la Municipalidad de Río Grande, de Tolhuin, la DPE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y el propio gobierno”.

“Cuando se preguntan dónde está la fuente de financiamiento de la movilidad automática, está en la ley 1070. En el consenso fiscal se pusieron algunas herramientas para evitar que se aplique el artículo 23 de la ley 1070. En ese consenso estaba la prórroga de la emergencia previsional por dos años, que termina el 31 de diciembre. Con el vencimiento de la emergencia, hay varias fuentes de financiamiento que se caen, como las utilidades del banco de libre disponibilidad, algunos conceptos de los bonos de devolución del 15% de retención de la coparticipación, algunos adicionales a la tasa de ingresos brutos del fondo social. Todo eso vence el 31 de diciembre”, advirtió, por lo cual de no prorrogarse será mayor el desfinanciamiento.

Dado que la directora por los pasivos Elisa Dietrich dice que esos fondos de la ley de emergencia no van a la caja, el legislador replicó que sí están yendo y que “hay que leer toda la ley. En principio la idea era que esos recursos debían ir a la caja como sostenimiento del sistema previsional, pero cuando se redactó la ley, a solicitud del Ejecutivo se puso que los recursos fueran a efectos de pagar deuda vencida o a vencer. Entonces el gobierno provincial muchas veces utilizó el dinero para pagar aportes y contribuciones a vencer. Eso es lo que reclama la directora, que interpreta que esos recursos debían ir a fortalecer la caja y no quiere entender que eso se ha destinado al pago de aportes y contribuciones vencidas o a vencer, y no es una irregularidad, porque la ley lo habilita”, remarcó.

Respecto de si hay riesgo de volver al estado de la caja durante la gestión Ríos, lo negó, “porque a través de la ley 1070 está prevista la fuente de financiamiento y el organismo que produce déficit debe afrontarlo. A raíz de esto, la Municipalidad de Ushuaia se presentó el día de la sesión y el día anterior tuvieron una reunión conmigo. Ellos manifestaban que, ante la implementación de la movilidad automática, no se aplicara el artículo 23 de la ley 1070. El día de la sesión los bloques políticos hablaron con el jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia (Oscar Souto) y con el secretario de gobierno (Omar Becerra) y el compromiso fue trabajar en herramientas que garanticen el financiamiento del sistema previsional”, dijo.

Con los números de 2019, ya el impacto es importante, dado que “en marzo hubo un aumento prácticamente generalizado del 23%, que se pagó recién en el mes de julio a los jubilados por la movilidad semestral. Este aumento significaba 82 millones por mes, que no se pagaron en abril, mayo y junio. Hubieran sido 240 millones más para la caja y se generó un ahorro”, dijo.

“Además el aumento de aportes y contribuciones ante una recomposición salarial, siempre es menor a la erogación que tiene que hacer la caja, y ahí se produce un desfinanciamiento también”, agregó.

Deuda consolidada

Por otra parte se le pidió una estimación de la deuda que heredará la gestión Melella, y detalló “los 208 millones de dólares del IPPS, los 200 millones de dólares de los bonos. Luego hay deudas con Nación, producto de créditos otorgados y adelantos de coparticipación. Hay 110 millones de pesos del último tramo del gobierno de Fabiana Ríos para afrontar salarios. Después hay una deuda con la caja que se estaba pagando de alrededor de 2.500 millones, y luego hay que ver la deuda flotante y los compromisos asumidos”.

En cuanto al déficit de la gestión, dijo que “si vamos al presupuesto 2018, andaba alrededor de los 700 millones, pero no se ejecutaron todos. En la última sesión ingresó la cuenta del ejercicio y creo que 2018 terminó bastante equilibrado en lo que hace al déficit. Ese déficit se reflejaba en lo que le insumía al a provincia el subsidio de gas envasado. Dentro del bono de los 200 millones, hay 150 millones depositados y se ejecutaron alrededor de 50 millones. Esto lo vamos a ver en la cuenta que ingresó el jueves a la Legislatura. Esos 150 millones ya tiene afectación específica con el plan de obras que se aprobó”, indicó sobre lo que habría en el Haber, pero ya está comprometido.

Incertidumbre con la petroquímica

También se le consultó sobre el proyecto de inversión privada en una petroquímica, que quedó como un esbozo de anuncio de campaña, que no se concretó. “Hasta ahora vienen las conversaciones encaminadas con este gobierno nacional, que sacó las herramientas que necesitaban, con la devolución de los beneficios de la 19640. Esperemos que los mercados se calmen, porque estaba bastante avanzado el polo petroquímico, que conlleva el puerto y otros emprendimientos, dentro de los cuales hay intención de poner una planta para producir materia prima para las empresa plásticas”, dijo.

“Todo eso está concatenado, y este decreto que devuelve los beneficios era lo que planteaban los posibles inversores que quieren llevar adelante estos emprendimientos. Son inversiones puramente con capitales privados, y una vez que comiencen están garantizados, porque el privado no invierte por las dudas. Hasta ahora viene todo encaminado con este gobierno y esperemos que, si hay un cambio de gobierno, esto no se trabe y siga adelante. Hay importantes intereses de inversores, algunos ya radicados en la provincia, como Total, que quieren llevar adelante este emprendimiento para aprovechar recursos genuinos de la provincia. Para aprovechar recursos naturales la 19640 no tiene vencimiento, y para esto no corre el 2023”, expresó.

Además se mostró “convencido de que el subrégimen industrial va a tener una extensión en el tiempo, no puedo decir de cuánto, pero estamos trabajando en eso y ojalá se concrete para poder anunciarlo. Más allá de que muchos utilicen la ley para la tribuna, hay muchos que estamos trabajando para que se pueda prorrogar el subrégimen industrial en reuniones permanentes con la Secretaría de Industria. Yo creo que pronto va a haber novedades al respecto en los próximos días o las próximas semanas”.

Reclamo en la Corte Suprema

El legislador fue crítico de la decisión tomada por un grupo de gobernadores, entre ellos Rosana Bertone, luego de las medidas de Macri para mitigar el impacto de la devaluación posterior a las PASO. “Por ejemplo sobre la quita del IVA a los alimentos, hay más de 80 proyectos en el Congreso. La mayoría son de autoría de quienes hoy se presentan a la Corte Suprema de justicia reclamando por esta medida. En la plataforma del partido que obtuvo la mayoría de votos en las PASO del 11 de agosto estaba la quita del IVA a los alimentos. Si lo hacen ellos están bien, pero si los hace otro está mal”, cuestionó.

“Seguramente hay una pérdida de recaudación pero no es toda la que plantean ellos. Este gobierno le cedió recursos a las provincias como ningún otro gobierno, porque recibían el 22% de la masa coparticipable y hoy están recibiendo el 50%. Quieren que las medidas del sostenimiento de la crisis vengan de un solo sector. Las provincias únicamente quieren recursos y no hacerse cargo de las responsabilidades”, fustigó.

“Los que hicieron la presentación judicial no son todos los gobernadores, sino que es un sector bien identificado, y hay otros que también son oposición al gobierno nacional pero no han presentado porque privilegian el diálogo, las reuniones. Entienden las dificultades del país y se sientan a conversar, pero hay otros claramente identificados que lo primero que hacen es ir a la justicia”, lamentó.

Lo mismo ocurre con el congelamiento de combustibles, porque “a diario había críticas de todos los sectores, especialmente de los que ganaron las PASO, diciendo que era imposible que el combustible aumente mensualmente. Cuando el gobierno toma una medida de 90 días de congelamiento también está mal. No querían que aumente el combustible y cuando el gobierno decide hacer lo que ellos querían, dicen que está mal”, sostuvo.

“Hay muchas opiniones que se están dando en el marco de una campaña electoral y no nos damos cuenta de que las consecuencias las paga la gente. En octubre hay elecciones y ya la gente se ha manifestado. A lo mejor la gente ratifica lo que dijo en agosto o a lo mejor no. No veo por qué generar todo este caos. Surgió la desconfianza de los mercados, no hacia quienes venían gobernando sino hacia quienes pueden ser el futuro gobierno y hay que serenarse, dejarse de campañas políticas. Para algunos el resultado cuanto peor es mejor y hay que pensar que en el medio hay gente”, pidió.

Blanco no quiso acusar de “desestabilización” a la oposición, pero dijo que “hay cosas que llaman la atención, con dirigentes que llamaron a una contramarcha. Los que están continuamente en las contramarchas contra el gobierno nacional son los que mayor atención han tenido del gobierno actual, como los sectores de los planes, en desmedro muchas veces como dicen algunos de la clase media y la clase media baja, y son los que están continuamente en la calle”.

El bono de 5 mil 

Asimismo, se le pidió opinión sobre el pedido de fondos para el bono de 5 mil pesos por parte del gobierno fueguino, que reclama un ATN, y se preguntó “para qué queremos ser provincia si cada vez que queremos hacer algo recurrimos al gobierno nacional. Tierra del Fuego pasó del 22% al 50% de ingreso de recursos pero cuando hay obligaciones se tiene que hacer cargo el gobierno nacional. Los empleados públicos provinciales no son incumbencia del gobierno nacional y no tiene por qué poner la plata”, sentenció.

“Lo más fácil es echarle la culpa al otro. El pago del bono es una decisión de la gobernadora, que sabrá si lo puede afrontar o no. Yo creo que sí y depende de cómo asignemos los recursos, porque la provincia ha tenido una mejora en los recursos propios y de coparticipación. Eso no se vio reflejado en los salarios de un sector importante de la administración pública y esto tuvo una consecuencia directa con el resultado electoral”, atribuyó.

El sueldo de Bertone

En otro orden de cosas, se le consultó sobre la decisión de la gobernadora de limitar su dieta. Estimó que por ley debería cobrar alrededor de 170 mil pesos, sacando el promedio de la dieta de los intendentes más del 5%. “Si la gobernadora cobra 90 o 100 mil pesos, es responsabilidad de ella no aplicar la ley. Los sueldos de los ministros, secretarios y subsecretarios es facultad de la gobernadora fijarlos por decreto, pero al sueldo de la gobernadora están enganchados el sueldo del vicegobernador y los legisladores, y los legisladores cobran el sueldo que establece la ley”, sostuvo.

“En la pasividad hay muchos que están relacionados con el sueldo de la gobernadora y, si se aplica lo que ella cobra, está mal. Ya se han perdido infinidad de juicios por eso. Ante esta nueva decisión de la gobernadora de percibir menos de lo que le corresponde, la caja pretendió hacer lo mismo y le quería cobrar un adicional a los legisladores del 15% por cobrar más que la gobernadora. Pero un legislador cobra el 90% del sueldo de la gobernadora, no puede cobrar más, ni pagar ese 15%. Esas son interpretaciones de algunos para ahorrar recursos a la caja y después ocasionan reclamos judiciales que terminan saliendo más caro, y que no lo paga el funcionario que hizo esa interpretación”, concluyó.