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Lo expresó el Jefe de Gabinete culminada la sesión de la Legislatura en la que se aprobaron las leyes de emergencia presentadas por el Ejecutivo provincial. Estas fueron la de Emergencia Previsional, Emergencia en el Sistema de Salud y en el Sistema Educativo. También adquirieron rango ministerial el INFUETUR y la Dirección Provincial de Puertos. Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de nuevas autoridades. Sin embargo el proyecto de Emergencia Administrativa Financiera no pasó el filtro de los legisladores y quedó en comisión para su tratamiento.

Ushuaia.- El Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Agustín Tita, destacó la aprobación de las leyes de emergencia presentadas por el ejecutivo y aseguró que “esto nos va a permitir resolver con más rapidez los problemas que encontramos en diversas áreas de la provincia”.

“Quiero agradecer la predisposición de todos los Legisladores al diálogo, tanto a los que acompañaron las distintas iniciativas como aquellos que decidieron no votar algunas de ellas, porque la discusión se dio en un marco democrático y de respeto y hubo aportes muy valiosos a cada uno de los proyectos”, agregó.

Asimismo, el funcionario recalcó que “estas herramientas son fundamentales para llevar adelante el plan de gobierno, el cual llevaremos a cabo con la mayor transparencia y siempre de cara a los vecinos como lo hicimos siempre”.

Tita recalcó que “estas herramientas son fundamentales para llevar adelante el plan de gobierno, el cual llevaremos a cabo con la mayor transparencia y siempre de cara a los vecinos como lo hicimos siempre”.

Tita subrayó además que “a partir de estas nuevas normas podremos dar dinamismo y celeridad a las contrataciones, a las licitaciones y a lo que la provincia necesite para ponerse de pie, siempre dentro del marco de la ley y con los controles de los organismos respectivos”.

Finalmente, el Jefe de Gabinete reiteró el agradecimiento “a los legisladores de FORJA, del Frente para la Victoria, del Movimiento Popular Fueguino, de la UCR y del Partido Verde por dar el debate y permitir que algunos proyectos como los referidos a educación y salud hayan sido aprobados por unanimidad”.
Estas leyes fueron la de Emergencia Previsional, Emergencia en el Sistema de Salud y en el Sistema Educativo.

Emergencia Administrativa Financiera

En torno al proyecto de Ley de Emergencia Administrativa Financiera, el ministro fue muy claro y remarcó que “es una herramienta muy importante. Necesitamos contar con estas leyes y por ello es que vamos a seguir trabajando en comisión con cada uno de los Legisladores para lograr el acompañamiento”.
“Nosotros no buscamos un cheque en blanco ni perjudicar a nadie, solo necesitamos tener las herramientas que nos permitan trabajar de forma dinámica” sostuvo el Ministro e indicó que “a partir del lunes nos vamos a poner a trabajar en las modificaciones necesarias y en la información que requieran todos los parlamentarios para poder contar lo antes posible con esta Ley que es vital para nuestro plan de Gobierno”.

Dieron sanción a la emergencia en el Sistema Previsional

El asunto N° 466/19, que fue modificado en reunión entre los sectores interesados, fue sancionado por la nueva composición legislativa y aborda medidas para financiar el déficit operativo por el lapso de 2 años. Se orienta a fortalecer financieramente la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), “con el fin primordial de permitir una paulatina reducción del actual déficit financiero del sistema”, que pueda ser gestionado y administrado de manera que “no comprometa aún más la sustentabilidad del sistema”. Desde el Ejecutivo buscan alcanzar “progresivamente el equilibrio que asegure a los actuales aportantes y futuros beneficiarios, el acceso a los beneficios”, mencionan en los fundamentos. Por 12 votos afirmativos, la iniciativa gubernamental fue sancionada esta tarde.

Previo al tratamiento del mensaje enviado por el Ejecutivo, la vicegobernadora Mónica Urquiza invitó a los referentes de la Caja previsional y a su titular, a un encuentro en el salón de reuniones del Recinto de Sesiones.

En el texto se incluyen: La utilización de una proporción de las utilidades el Banco de la Provincia (BTF); el aporte adicional de funcionarios políticos del Poder Ejecutivo; autoridades electas y designadas de la Legislatura Provincial; autoridades de los órganos de control de la Provincia, y de aquellos que cumplen funciones directivas y gerenciales del BTF.

Además, establece un aporte compensatorio del 12% del haber pleno hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, a los pasivos que para acceder al beneficio se les computó al cese servicios con aportes a Caja provincial por un lapso menor a 10 años y que perciben un haber previsional que supere la asignación básica remunerativa del Gobernador.

Se modificó el artículo 8° bis de la Ley provincial N° 561, incorpora la Ley provincial N° 1210, referente a la integración de los recursos que integrarán el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional; se establece que anualmente se debe remitir a la Caja de Previsión Social el exceso de ingresos percibidos sobre los gastos devengados de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Otro aspecto que se incorpora, es el límite máximo para determinar aportes y contribuciones, que serán calculados sobre la asignación remunerativa de quien ejerce el Poder Ejecutivo. Por encima de ello, se prevén aportes adicionales según los parámetros que se fijan en el proyecto.

Estas medidas y otras, relacionadas con las deudas del sistema que se contemplan, tienen como propósito “superar la acuciante situación del organismo de seguridad social”. Buscan “fortalecer financieramente la CPSPTF, combatir el actual déficit financiero del sistema y que pueda ser administrado de forma tal, que no comprometa aún más la sustentabilidad del mismo, procurando alcanzar el equilibrio que asegure a los actuales aportantes y futuros beneficiarios el acceso al sistema”, se desprende de los fundamentos.

Modifican el artículo 8° bis y crean el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional que tendrá por objeto cubrir los déficits del sistema previo a la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 23 de la Ley Provincial N° 1070.

Esa herramienta se integrará con: Aportantes activos a este régimen previsional que por algún motivo percibieran remuneraciones superiores a la asignación básica remunerativa del Gobernador, realizarán un aporte adicional del 15% por sobre el monto que supere la remuneración e invita al Superior Tribunal de Justicia a adherir mediante una acordada; los afiliados pasivos con haberes superiores al 82% de la asignación básica remunerativa del Gobernador, en las mismas condiciones realizarán un aporte adicional del 15% sobre el excedente al monto indicado.

Este fondo, también tendrá contemplado aportes de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, autoridades electas y designadas de la Legislatura provincial, autoridades de los Órganos de Control de la Provincia que cumplan funciones directivas y gerenciales del BTF, realizarán un aporte del 5%, adicional al 14% establecido por el artículo 8° de la Ley provincial N° 561, destinado a la sustentabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones de la Provincia.

“El mismo aporte se aplicará a todo aquel aportante activo o beneficiario pasivo que tenga referenciado su haber con alguno de los cargos mencionados precedentemente, cumplan o hayan cumplido funciones en la administración central y los organismos descentralizados”, menciona la emergencia.

La nueva Legislatura sancionó la emergencia en el sistema de salud

Para garantizar “a toda la población las prestaciones y servicios básicos de salud”, la Legislatura sancionó la normativa para promover la equidad, a través de la emergencia en la atención de la salud en todos los hospitales y dependencias sanitarias de la Provincia. El gobernador, Prof. Gustavo Melella propuso al Parlamento el asunto N° 461/19 que declara la “emergencia del sistema sanitario” en Tierra del Fuego por un año, el que podrá ser prorrogado por otro más. La iniciativa logró ser sancionada por unanimidad.

Durante el debate en Comisión, las bancadas políticas expresaron sus posicionamientos que los encontraron en acuerdo con los que solicitó el Ejecutivo, aunque desde el bloque del PV, propusieron algunas cuestiones al texto que finalmente acompañaron.

Entre los artículos, expone un plan de emergencia para todos los niveles prestacionales; prioriza la continuidad de acciones preventivas y de promoción de programas de salud; maternidad e infancia; atención primaria; pre y post hospitalaria y de salud mental, que busca garantizar la distribución equitativa de recursos financieros, materiales y humanos.

Designa una “Comisión Interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas Públicas a los fines de elaborar, en el término de 60 días corridos un Plan Director de infraestructura para el mejoramiento, refuncionalización y ampliación de los hospitales y centros de atención primaria (CAPS) de las ciudades”.

En el caso de las contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y obra pública que deban realizarse para garantizar el normal funcionamiento de los servicios de salud, “podrán realizarse dentro del procedimiento de Licitación Privada o de manera directa, y en un todo de acuerdo con lo establecido la Ley provincial N° 1015”.

Esta normativa también refiere a la falta de profesionales y en este aspecto, exceptúa regirse de cualquier tipo de convocatoria o concurso. Se permitirá el ingreso directo para la cobertura inmediata” en atención a la idoneidad y la habilitación profesional.

“El estado en general del servicio de Salud Pública es sumamente crítico”, mencionan los fundamentos de la norma. “Es imprescindible contar con un Plan de Emergencia para todos los niveles prestacionales, a los fines de garantizar la distribución equitativa de recursos financieros, materiales y humanos en todo el ámbito de la Provincia”, menciona el asunto.

Los espacios físicos se encuentran “totalmente saturados, tanto los utilizados por los empleados como los destinados a la atención propia de salud, por lo que se hace imprescindible un ordenamiento y adecuación de espacios, a lo que se suma la compleja situación de la obra de ampliación del Hospital Regional Ushuaia”, fundamenta.

Es Ley la emergencia en infraestructura educativa

En el asunto N° 462/19, desde el Ejecutivo refieren a la “situación actual de los más de 140 edificios escolares” y solicita la “imperiosa necesidad” de intervenir “en los servicios básicos y de infraestructura edilicia y con un plan de acción que permita mayor celeridad en los procedimientos”. Todo eso, permitirá reestablecer el funcionamiento de los establecimientos en su totalidad. La propuesta, ampliamente debatida, fue sancionada por unanimidad.

“Se evidencia la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo y permanente en la falta o deficiencia de calefacción; limpieza de ductos de calefacción por aire; purgado de radiadores y del sistema de calefacción por agua caliente; rotura de pisos por mal funcionamiento de losa radiante; rotura de calderas; falta de agua; rotura de bombas dejando a los establecimientos sin este servicio básico”, plantea el texto de la norma.

En este sentido, solicita la emergencia por 1 año a partir del primer día de enero y prorrogable a otro. En este periodo, se podrán realizar las obras necesarias para garantizar el desarrollo normal de las actividades y, “asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

En el texto, el Ejecutivo pide considerar las obras, refacciones o adquisición de insumos para reestablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los edificios escolares. “Especialmente los servicios básicos de electricidad, gas, agua, sanitarios, calefacción y de conectividad”.

Esta herramienta, habilita un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas, durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo acredite, para abreviar los plazos para la contratación de las obras que deberán ser publicadas tanto en la página web de la provincia, como en el Boletín Oficial.

El Ministro Jefe de Gabinete, deberá elevar a la Legislatura, un informe semestral detallado de las acciones ejecutadas en el marco de la emergencia y al concluir el periodo establecido de acuerdo a lo normado en el asunto.

Otorgan rango ministerial a la Dirección Provincial de Puertos

La Dirección Provincial de Puertos (DPP), tendrá rango ministerial, de acuerdo al texto sancionado el viernes. Tendrá un presidente que “no podrá exceder el mandato de quien lo designó”, según establece el artículo 1° del proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo. La normativa fue sancionada por la totalidad de los Legisladores que integran la nueva composición que asumió el 17 de diciembre pasado. El texto, que sufrió modificaciones, fue aprobado por unanimidad.

Entre los fundamentos del texto enviado se señala que la actividad “es de vital importancia” y refiere a la condición insular de la Provincia “dado que a través de la vía marítima se efectúa el aprovisionamiento de bienes y servicios que implican actividades de carga, pesca de altura, petróleo por intermedio de monoboyas, científicas, logística antártica y de cruceros turísticos”, y todas estas cuestiones “revisten un destacado rol” en aspectos económicos y productivos.

Desde el Ejecutivo resaltan la necesidad de jerarquizar el área a través de su estructura organizativa provincial y que “posibilite gestionar el crecimiento sustentable de la actividad portuaria de la Provincia para lograr resultados económicos satisfactorios y promover una cultura de alto desempeño en un ambiente de trabajo seguro y motivador para todos sus usuarios, clientes, prestadores de servicios, empresas y la comunidad en general”.

Para acceder al cargo, el Presidente deberá cumplir con mismos requisitos “y tendrá las mismas incompatibilidades y prohibiciones que los Ministros del Poder Ejecutivo Provincial (PEP)”. También y dependiente de la Vicepresidencia, se crea el cargo de Director Ejecutivo de Puertos, que deberá supervisar el funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección Ejecutiva; coordinar y monitorear las reglamentaciones pertinentes a buenas prácticas laborales suscriptas en el ámbito portuario; coordinar las reuniones del Consejo Asesor Portuario; coordinar grupos de trabajo con las Direcciones sobre los programas de fortalecimiento institucional y simplificación de trámites que se sugieran desde la Presidencia y coordinar con las áreas competentes los planes portuarios que el titular proponga, entre otras funciones.

Desde la administración central, informaron en los fundamentos del asunto N° 465/19, que el principal objetivo es que la institución conserve el “posicionamiento de la actividad portuaria comprometida con la sustentabilidad socio ambiental y que logre ser reconocida por la innovación y transparencia en la gestión, como así también en servicios eficientes, seguros y de calidad que potencian la diversidad de cargas y servicios, y que contribuyan con el desarrollo económico y social” de Tierra del Fuego.

INFUETUR adopta rango ministerial y es declarado actividad de interés provincial

La Legislatura sancionó la Ley que modifica la normativa que crea el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y declara al turismo “actividad de interés provincial, prioritaria y esencial en la política de Estado por su importancia en el desarrollo socioeconómico”. La normativa, también otorgará rango de Ministerio y podrá designar delegaciones “en la Provincia, la Nación o el extranjero”. Fue aprobada por mayoría de la Cámara con exposiciones de todas las bancadas políticas.
Desde la administración central, definen al turismo como sinónimo de preservación cultural, del medio ambiente, paz y seguridad, trabajo, crecimiento económico y desarrollo. “La dinámica del turismo en nuestra Provincia no es la excepción. Por el contrario, desde hace años en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la actividad turística ha posibilitado el desarrollo integral de la región, a través de la implementación de una política turística enmarcada en la Ley provincial 65”.

También, señalan que desde la provincialización, “el turismo ha sido considerado la llave para el progreso de Tierra del Fuego” y entiende el Ejecutivo que en la actualidad “es posible referir que su contribución, en el sano desarrollo económico, depende de la calidad y de los ingresos que el turismo ofrece. Su desarrollo contribuye a reducir la desigualdad y promover sociedades pacíficas e inclusivas”.

El Presidente tendrá rango de Ministro y el INFUETUR contará con tres secretarios. El texto modificado define uno de Política Interna; de Política Externa y otro, de Coordinación Estratégica que serán nombrados por el PEP a propuesta del titular de la Institución y en los artículos de la norma, se definen las acciones de cada uno.

El espíritu de la normativa señala que “es preciso modernizar este marco legal que regula la actividad con el objetivo de mejorar la organización del Ejecutivo en materia de turismo, con el fin de que éste pueda perfeccionar su intervención en áreas estratégicas para el desarrollo del sector”, finaliza.

Acuerdo por nuevas autoridades

La Legislatura prestó acuerdo para la designación del contador General, subcontador General; tesorero General y subtesorero General de la Provincia. Asi, en los asuntos N° 470, 471, 472 y 473/19 aprobó las designaciones de CP Araceli Marcela Oviedo Giménez; CP Adrián Ofir Dratler; CP Roberto Fermín Bogarin y CP Francisco Reynaldo Devita, respectivamente.