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Las acciones se conocerán esta semana y serán coordinadas con la Cámara de Transporte de Río Grande y Río Gallegos. El secretario general de la FADEEAC planteó que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la capital santacruceña va contra la política nacional de bajar costos logísticos y advirtió que este canon va a impactar en el precio de los bienes transportados.

Río Grande.- Martín Borbea Antelo, secretario general de la Federación Argentina del Transporte de Carga (FADEEAC), dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las acciones a llevar adelante para declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Río Gallegos y que establece a partir de marzo una suerte de “peaje” para el transporte de carga que ingresa o sale de Tierra del Fuego.

La Federación nuclea a 40 cámaras de todo el país y hay precedentes que no prosperaron. “Hubo un caso similar hace algunos años en la provincia de Salta con lo que comúnmente se llama ‘derecho de piso’ que algunos intendentes quieren regular por el uso del espacio público y consideramos que es anticonstitucional. El gran problema en Río Gallegos es que dentro de la legislación del Concejo Deliberante, la ordenanza incluye a la ruta 3, que no solamente es una ruta de jurisdicción nacional, sino que atraviesa toda la provincia y prácticamente ponen un peaje a todos los camiones que se dirigen a Tierra del Fuego”, dijo.

“La gran mayoría de la carga que va a Tierra del Fuego, como también a Santa Cruz, va por tierra. Nosotros estamos analizando los pasos legales a seguir, más allá de que intentamos por todos los medios tratar de comunicarnos con el intendente para dialogar sobre el tema y no tener que llegar a un extremo, pero en esta semana vamos a tener definidos los pasos y estarán todos al tanto de lo que estaremos haciendo”, afirmó.

Apuntó que el lunes pasado iba a haber un encuentro con el intendente Pablo Grasso, “porque coincidía con un viaje a Buenos Aires, pero no vino a la sede de la Federación y no pudimos tener la reunión. Estuvimos tratando de comunicarnos con él desde el sábado anterior, por teléfono, por mensajes y demás medios, y no fue posible contactarlo”, lamentó.

“Nosotros dejamos en claro en nuestro comunicado la semana pasada que el transporte no es un formador de precios, nosotros no tenemos opción de no trasladar los costos en los que incurrimos para brindar el servicio y en consecuencia a los productos. Si esto aumenta, evidentemente lo termina pagando el ciudadano. Estamos en permanente contacto con Darío Loreto, de la Cámara de Río Grande, y también con el presidente de la Cámara de Río Gallegos, justamente para estar en línea con lo que pensamos, porque la Federación representa a las cámaras de todo el país. Estamos coordinando las medidas, que las vamos a hacer en conjunto. Desde el gobierno nacional se pretende bajar los costos para que los productos no sufran tanta presión y no entendemos que la intendencia y el Concejo Deliberante de Río Gallegos dicten una medida que va en contra de esto”, cuestionó.

Con la gobernación de Santa Cruz ya “ha tenido contacto nuestra Cámara y ha expresado nuestra preocupación y nuestra posición al respecto. Más del 90% de la carga del país se transporta por camión, por eso es importante legislar a favor de este transporte, porque termina impactando sobre los precios de los bienes. Todo aumento que sufra la logística del transporte de cargas, siempre va a impactar sobre los bienes”, remarcó.

Agregó que “el transporte no tiene ningún tipo de subsidio que sea distinto de lo que está establecido para todas las empresas del país, generalmente pymes. El transporte por carretera no tiene ningún tipo de subsidio”, como para compensar estos mayores costos.

Falta de fiscalización

Por otra parte, informó que “desde la Federación se está haciendo un trabajo coordinado con los estados provinciales y el estado nacional en piratería del asfalto. Estamos teniendo algunas mejoras y controles con relación a esto, pero la fiscalización y control es muy baja, y desde hace tiempo venimos pidiendo que al transporte se lo fiscalice, porque es la única forma de resguardar a las empresas que cumplen con la ley y aportan trabajo para toda la sociedad, además de impuestos. Pero los controles todavía están bastante débiles”, sostuvo.

“El transporte requiere de habilitaciones, permisos, de pago de impuestos, ya sean laborales o fiscales. Generalmente las fiscalizaciones se hacen a las empresas que están legalmente registradas, porque es más fácil identificarlas que salir a buscar a las que no están registradas. Está bien que se fiscalice al que está registrado, pero no se fiscaliza al que no lo está. La cantidad de estas empresas depende de las jurisdicciones, pero entendemos que el número es muy alto”, advirtió.

“Hay muy baja fiscalización también en el peso que transportan los camiones. Esto hace que los camiones vayan con más exceso de peso del que deberían e incluso en los últimos años se estuvieron habilitando nuevos sistemas de configuración de camiones que permiten llevar mayor cantidad de carga. Esto está bien, pero el gran problema es la falta de fiscalización, porque si el peso no va de la mano de una fiscalización acorde, un camión que está habilitado para llevar 45 toneladas y lleva hasta 60 toneladas, primero genera una competencia desleal entre las empresas que cumplen con las normas, segundo provoca un deterioro en las rutas, y tercero afecta la seguridad vial, porque un camión con exceso de peso no tiene la misma seguridad. Además un camión con exceso de carga contamina el ambiente porque produce más CO2 que uno que lleva la carga habilitada. La falta de fiscalización trae muchos problemas”, planteó.

Finalmente señaló que la cantidad de transportes afectados por el canon es muy alta: “Más allá de los dos mil camiones que tienen radicación en Tierra del Fuego, hay muchos más que están radicados en otras jurisdicciones y van a la provincia a llevar y traer carga. Hay una gran cantidad de transportes habilitados en el registro para hacer transporte interjurisdiccional. La Federación incluye cámaras que asocian empresas dedicadas al transporte de sustancias peligrosas, entre ellas el combustible”, concluyó, previendo que también podría tener impacto en el precio de las naftas.