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El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande informó sobre las intimaciones de pago enviadas al gobierno, ya de manera formal, para que cancele las deudas de coparticipación. Rechazó la posibilidad de que se pague a cuenta con los fondos de las ayudas del tesoro nacional. Advirtió que es muy difícil trabajar en forma mancomunada ante la retención de recursos que “son de los vecinos” y el municipio necesita para seguir pagando sueldos, atender la prestación de servicios esenciales y los requerimientos de la pandemia. De no haber respuesta, avanzarán de acuerdo a las previsiones de la propia Constitución, que considera “falta grave” la retención de fondos municipales.

Río Grande.- El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el reclamo de una deuda de 300 millones en concepto de coparticipación municipal y el anuncio de pago a cuenta con los ATN enviados por el gobierno nacional. “La coparticipación no se está enviando en los términos que establece la Constitución de la provincia. Es muy complejo el momento que estamos viviendo y esto resulta contraproducente para el trabajo que esperan los vecinos del gobierno nacional, provincial y municipal”, dijo.

“La única manera que tenemos de paliar la paralización de la actividad comercial y sus consecuencias es con los recursos del erario municipal, y son recursos muy limitados. Tratamos de llegar a todos los sectores, pero los recursos son insuficientes, por eso hemos decidido iniciar los reclamos formales, a través de cartas documento y notas de la Secretaría de Finanzas, para que los recursos de los vecinos de Río Grande ingresen a las arcas municipales”, confirmó.

Respecto de la modalidad de pago fijada en el último decreto, remarcó que “a los ATN, como ocurre con cualquier recurso, no se les puede dar un destino diferente. En el artículo 1° del decreto de la provincia dice que el 25% de esos recursos son coparticipables, y por supuesto estamos de acuerdo porque los necesitamos y es la finalidad con que el gobierno nacional entregó estos ATN a los gobiernos provinciales. Pero cinco renglones más abajo, en el mismo decreto, se les da un destino diferente y dice que son para cancelar deudas de coparticipación”.

“La coparticipación surge de tributos nacionales y provinciales que recibió la provincia, y de las regalías, que la provincia retuvo y gastó, y hoy pretende reemplazarlos con estos ATN –criticó-. Desde el punto de vista jurídico claramente hay un desvío de los fondos que destina la nación a la provincia para paliar la situación sanitaria y económica. El gobernador dijo claramente que estos recursos iban a ser coparticipados con los municipios y luego lo ratificó el Ministro de Economía, y se ha dado marcha atrás con esta decisión”.

“Lo que genera incomodidad y malestar es que se pretenda esconder a través de un decreto este retroceso en la decisión que se había tomado anteriormente. Es preferible que digan que han decidido dar marcha atrás con la decisión que habían tomado, porque ya lo han hecho en varias oportunidades y hasta se transformó en una forma de gobernar la provincia. Pero en el decreto están diciendo una cosa y en el artículo siguiente algo que lo contradice, y esto ya no es una cuestión jurídica sino un manejo desprolijo de los recursos”, fustigó.

Recordó que “en algún momento hubo un juicio político por 14 días de retraso en la coparticipación, y era mucho menos el monto y el tiempo”, y no descartó seguir con los pasos que la propia Constitución marca ante estos casos.

“Ayer el Ministro de Economía hizo declaraciones y dijo que la orden del gobernador era cancelar la deuda de coparticipación y que los ATN debían ser coparticipables. Si un funcionario se corre de la decisión política de un gobernador, las consecuencias son muy sencillas de adivinar. Imaginen si yo, que no he sido electo sino designado, incumpliera una decisión política del intendente. Nos duele tener que plantear esta cuestión dentro del marco que se está viviendo, porque cuando esto pase y ojalá sea pronto, lo que más va a florecer es la solidaridad entre los vecinos por un lado, y por otro lado las mezquindades. Este es un momento en que el gobierno y las tres municipalidades debemos trabajar de manera mancomunada. Plantear esta diferencia de recursos que afectan a los municipios es doloroso, porque en definitiva es el vecino el que no recibe el recurso”, dijo.

Aclaró que “el diálogo no está roto y a diario tenemos diálogo con la gente de Economía, con la Jefatura de Gabinete, el intendente por supuesto con el gobernador de la provincia, pero es un diálogo en el que se acuerdan cosas que después no se cumplen, y se hace muy difícil. Cuando llega el momento del decreto, siempre tiene alguna letra chica, alguna coma que no iba o algún punto que no correspondía”.

Fondos para 30 días

Consultado sobre la situación del municipio y si se podrá sostener con esta deuda, dijo que “nosotros estamos con los recursos justos y de ninguna manera queremos generar alarma sobre la imposibilidad de sostener lo que venimos sosteniendo, que es el salario de los empleados municipales, los servicios básicos del municipio como el transporte público, la recolección de residuos, la cuestión sanitaria, los centros de salud, las obras esenciales como la calle Thorne para descomprimir la salida e ingreso al hospital de Río Grande. Estamos trabajando para que los recursos lleguen a estos servicios básicos y el intendente de Río Grande ha sido la persona más responsable a la hora de administrar los recursos. Pero la deuda se ha incrementado en un 65% en apenas cuatro meses y, si esto continúa, el panorama no es bueno”.

“La provincia sigue enviando recursos de coparticipación de forma retrasada, porque lleva más de 40 días de retraso, y llegan a cuentagotas. Con los recursos que tenemos hoy podemos funcionar sin ningún inconveniente por 30 días, con muchísimo esfuerzo y una buena administración. El Ministro de Economía dijo que la deuda iba a ser cancelada en el transcurso del mes y veremos si el 30 de abril efectivamente esto se cumplió. De esa manera nos vamos a dar cuenta de si realmente se puede trabajar de manera mancomunada entre provincia y municipios, o el municipio tiene que empezar a tomar otro tipo de medidas”, sostuvo.

La desconfianza está sentada: “Nosotros creemos que las palabras del Ministro de Economía están lejos de cumplirse, por eso hemos decidido iniciar las intimaciones correspondientes y vamos a seguir los caminos que tengamos que seguir, porque los recursos son de los vecinos, no son del intendente de Río Grande ni del Poder Ejecutivo. En la situación que estamos viviendo es cuando más los necesitamos”, reiteró.

La obligación de accionar

Díaz apuntó que “la carta orgánica establece que el intendente es quien debe defender el patrimonio municipal y la Constitución de la provincia establece que las remesas coparticipables deben transferirse en tiempo y forma, y que su incumplimiento es considerado falta grave. La transferencia debe ser automática y en el diario de sesiones los constituyentes lo vincularon directamente con la autonomía municipal, que depende de los recursos coparticipables. Durante la campaña y la transición, quien era Secretario de Finanzas dijo que dejaban 400 millones de pesos disponibles, pero el cierre del ejercicio presentó más de 300 millones de déficit, y no hablo de coparticipación sino del déficit que se generó en el municipio en 2019. Nosotros nos encontramos con déficit y deuda de coparticipación, y muchos alegremente salieron a decir que no había déficit porque se cubría con la deuda, y que inmediatamente asumido el gobierno se cancelaba y quedaba sin déficit el municipio. Si existe un retraso del municipio en los pagos a la caja, se nos cobra un interés muy importante, pero en el retraso de coparticipación no se aplican los intereses, y sería una alternativa a pensar, además de una ley de goteo”, barajó.

Agregó que “además de la deuda de coparticipación, nosotros tenemos una deuda tributaria de más de 100 millones de pesos, es decir que son más de 400 millones de pesos. También tenemos reclamos judiciales y administrativos por servicios que se prestaron en la anterior gestión, pero nosotros no hemos puesto esto sobre la mesa a los efectos de obtener algún rédito político. Hemos intentado solucionar los problemas con los proveedores del municipio y llegar a acuerdos. Por ejemplo, con la empresa Santa Elena, que presta el servicio de recolección de residuos, tuvimos que renegociar una deuda muy importante de más de 100 millones de pesos, y con el servicio de transporte público ya en diciembre hablábamos de una deuda superior a los 15 millones. Con la Cooperativa Eléctrica hay una deuda que supera los 40 millones, a la asociación de bomberos se le deben más de 5 millones, con el Concejo Deliberante quedó una deuda mayor a los 6 millones, y así con proveedores, con prestadores de servicios. Hemos encontrado muy buena predisposición para hacer acuerdos y en este contexto que estamos viviendo es momento de mostrar madurez política y terminar de resolver estas cuestiones. Este es el momento por el cual, cuando pase el tiempo, el vecino va a juzgar la gestión de uno o de otro. No se puede administrar de una manera mezquina, porque las mezquindades de los de arriba las pagan los de abajo, que son los vecinos”, sentenció.

Finalmente se le consultó sobre los plazos que manejan para avanzar con otras acciones, entre las que podría caber un pedido de juicio político. “Nosotros intimamos al pago y no existe un plazo para que se cancele. Espero que podamos llegar a un entendimiento con la provincia pero, si esta deuda no se cancela, tenemos que continuar las instancias, porque la propia carta orgánica le exige al intendente que cuide el patrimonio municipal”, concluyó.