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El contador Ramón Gallardo, integrante de la Federación Argentina de la Industria de la Madera, dio a conocer una serie de propuestas elevadas en el seno de la Unión Industrial Argentina, para a su vez ser presentadas al gobierno nacional. El objetivo es contener “el tendal de concursos y quiebras” que se prevé una vez superada la cuarentena. Incluye herramientas para evitar el cierre de empresas, la posibilidad de cancelar deudas con títulos defaulteados y hasta asegura que se puede generar un fideicomiso en la provincia con el respaldo de los 50 millones de dólares de los bonos, para emitir un título provincial destinado a ayudar a las pymes.

Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y miembro de la Unión Industrial Argentina en el departamento pymes, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 una serie de propuestas elevadas para contener la crisis que se avecina después de la cuarentena en el sector privado, a la que denomina “cuarentena económica”.

“Presenté una serie de propuestas para el día después, porque la preocupación de todos es qué vamos a hacer después de la cuarentena. Hay una serie de sugerencias, como la flexibilización de requisitos para el proceso preventivo de crisis, porque hoy se tienen que demostrar tres años de pérdidas y no creo que ninguna pyme pueda aguantar tres años de pérdida en sus balances. Pido que lo reemplacen por otra información de AFIP; que se modifiquen los concursos de acreedores y quiebras, porque antes contemplaban un capítulo para la pequeña y mediana empresa; también pido un mercado más abierto para la negociación de títulos en default, como se hizo en otras épocas, si bien ahora están reprogramando los vencimientos”, dijo.

“Este escrito consta de 12 hojas. Así como el gobierno se dio una cuarentena para evitar el colapso del sistema de salud, lo que planteo es que ahora viene la cuarentena económica. Hay que evitar que no colapsen los juzgados comerciales, donde se van a tramitar los concursos de acreedores y quiebras. Vemos que va a haber un tendal de empresas que van a solicitar un paraguas de protección y van a ir a concurso o directamente a la quiebra. Los juzgados no están preparados para enfrentar esto”, advirtió.

“Así como se requiere un médico especialista en terapia, acá también se requiere un especialista en concursos y quiebras, que es el contador público. En general los síndicos están muy mal pagos y por eso hay muy pocas inscripciones. Pueden pasar dos años, o dos años y medio sin cobrar un peso mientras están trabajando por un concurso o quiebra de una empresa. Cuando llegan al final del proceso, en general llegan tarde y mal, con pocos bienes, algunos hipotecados o prendados, y primero se paga a los propietarios de esas garantías”, planteó.

“El gobierno va a tener que sacar una serie de medidas para contemplar esta situación, que pasan por reestructurar los juzgados, cambiar la manera de inscripción de los síndicos para que haya más profesionales, porque si no, nadie se va a presentar. Además hemos planteado la creación de un programa para paliar la situación laboral, evitando despidos y suspensiones. Sería un programa especial de procedimiento preventivo de empresas en emergencia económica. El Estado debería destinar un monto determinado, así como destinó fondos para que las pymes paguen los salarios”, indicó.

Aclaró que “esto no es un concurso de acreedores sino un programa especial para que se presenten las empresas para ser evaluadas y se les permita acceder a un préstamo a través del Banco Nación, con tasa subsidiada. A la vez los demás bancos deberían reestructurar los préstamos que tienen otorgados a estas empresas, a la espera de esta ayuda que va a otorgar la nación”.

“Buscamos que se le permita a las empresas reprogramar todos sus pasivos en base a su capacidad, de forma tal de que no cierren las puertas, vuelvan a ser un aportantes al sistema y mantengan las fuentes de trabajo”, priorizó.

Contacto directo con nación

Consultado sobre la posibilidad de que prosperen estas medidas y si dependen de una ley del Congreso, observó que hoy “todo se está sacando a través de decretos de necesidad y urgencia, porque el Congreso está en receso. Tendría que ser a través de una ley en situaciones normales, pero hoy muchas instituciones siguen en cuarentena”.

“Mencionamos como otra herramienta que tiene que fortalecerse el mercado de capitales para pymes. La mayoría no tienen posibilidad de acceso al crédito, porque las exigencias son muchas y se les pide que estén en categoría 1 ó 2. Es ilógico que un país que está en default le pida a las empresas que estén en categoría normal. Las instituciones financieras vivieron pegadas al Estado, con las LEBAC, las LELIQ, y no quieren asumir riesgos, a pesar de que fueron subsidiados por el Estado para dar préstamos. Nosotros apuntamos a que ese mercado de capitales crezca y permita a las pymes la negociación de cheques diferidos, que los puedan vender, que se implemente el cheque electrónico, entre otras herramientas”, agregó.

“Estamos pidiendo que la Comisión Nacional de Valores ponga sucursales en distintos lugares del país, que capaciten, para que no sea una alternativa para pocos, porque hoy hay que ser un experto para saber qué se puede hacer ahí dentro”, expresó.

Recordó que “el Estado en un momento permitió que se cancelaran cargas sociales con títulos defaulteados. Eso ayudaba a las pymes, porque se compraban esos títulos a un valor superior del mercado y cancelaban deudas. Eso mismo estamos pidiendo. Si bien ahora hay una reprogramación, porque están reperfilando la deuda, ese papel seguramente va a tener un valor menor, por eso pedimos que se permita el uso de esos títulos y se haga más generalizado, para que una pyme que conoce poco sobre qué hacer con esos títulos, los pueda utilizar. Por ejemplo, Ámbito Financiero en su momento dijo que había empresas que lograron una reducción del 30% de las cargas sociales haciendo uso de esos títulos”, aseguró.

“En Tierra del Fuego, cuando existía el Fondo Residual, muchos pagaron con títulos defaulteados y se reconoció el 100% de su valor técnico, e incluso hicieron inversiones en hoteles. Lo mismo pretendemos con esto. Nosotros como Cámara tenemos todas las inversiones en títulos que están defaulteados. Si teníamos 100, hoy tenemos 40, y en un mercado secundario de negociación seguramente ese título va a levantar el valor. Los que apostaron a la nación comprándole esos papeles van a recuperar algo del valor que tienen, y a la vez va a permitir que los fondos buitre no se queden con todos estos títulos. También va a permitir la repatriación de esos títulos, porque hay más de un inversor extranjero. Si les permitimos invertir haciendo infraestructura, hoteles o lo que quieran, se les va a reconocer el 100% del valor. Seguramente va a permitir repatriar un montón de papeles que tiró el Estado y van a quedar acá. Ese es otro capítulo que buscamos para ayudar”, sostuvo.

La presentación de estas herramientas se realizó “hace unos 25 días y tuvimos unas cuatro videoconferencias. La Unión Industrial Argentina está integrada por un sinnúmero de cámaras y federaciones de todo el país, tiene ocho departamentos y todas las federaciones elevan propuestas que primero se discuten en su cámara o federación, y luego el contacto es directamente con el gobierno. Esto ocurrió con la reducción del salario al 75% para los trabajadores que estaban en su casa y firmó la UIA con la CGT”, dijo de la línea directa de la UIF con el gobierno.

Fideicomiso fueguino

Por otra parte, señaló que “hay una herramienta fundamental en el mercado de capitales que es el fideicomiso financiero. Hace muy pocos días el presidente de la Comisión Nacional de Valores dijo que van a implementar un fideicomiso, que será un fondo solidario con impacto social hacia las provincias para reactivar sus economías. Quieren que el fiduciante sean las provincias y garanticen la emisión del título a través de su coparticipación federal. Va a ser un bono solidario con impacto social y es lo mismo que está haciendo el Estado a nivel internacional. Ese título busca que grandes inversores metan su dinero en este fondo, que se va a invertir en los proyectos que presenten distintas provincias. La ventaja que tiene es que, al tener garantía de coparticipación, se van a emitir valores representativos de deudas sociales. Están tratando de captar fondos de ANSES y de fondos de inversión a los que no se les permitió entrar al contado con LIQUI. Este título va a ofrecer un interés y en base a los proyectos de las provincias, recibirán los fondos para hacerlos”, explicó.

De la misma manera consideró que en Tierra del Fuego se puede plantear una herramienta similar. “Si se analiza un fideicomiso provincial con garantía de ese fondo, se puede emitir un título que tendrá un buen respaldo y puede tener un efecto multiplicador, porque esto va a ser en el largo plazo. Perfectamente se puede contemplar algo similar en la provincia. Todavía lo están elaborando a nivel nacional y viendo si las provincias van a participar, porque la garantía es la coparticipación. El fideicomiso financiero siempre existió, pero esta vez el fiduciante son las provincias y va a controlar la Comisión Nacional de Valores. Los gobiernos presentarán sus proyectos y tendrán que ir devolviendo la plata en el plazo que se estipule”, dijo.

“Nosotros presentamos el fideicomiso para las pymes dentro de la Comisión Nacional de Valores, y esto se puede hacer en la provincia con el remanente de la colocación de bonos de 50 millones de dólares. Con el respaldo de esos fondos se puede emitir un título para ayudar a las PyMEs”, concluyó.