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La Legislatura Provincial aprobó ayer por la tarde el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social elevado por el Poder Ejecutivo. La propuesta fue sancionada en general con 15 votos, aunque los artículos 23 y 24 no tuvieron el acompañamiento del PJ y el Partido Verde. Durante la sesión también aprobaron la Ley que regula la concesión de prisión domiciliaria, y el protocolo sanitario para las sesiones legislativas. Además solicitaron información sobre la liberación de personas en el marco de la pandemia.

Río Grande.- Tras una larga jornada de debate en la Legislatura, los Legisladores en la primera sesión ordinaria del año aprobaron por unanimidad y en general la Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social.

Cabe remarcar que el proyecto se aprobó por unanimidad, salvo el articulo 23, donde la votación nominal resultó con ocho votos positivos (FORJA, UCR, MPF), y siete votos negativos (PJ y Partido Verde), y el articulo 24, donde la votación resultó 12 votos positivos a 3 negativos (Partido Verde).

El dictamen de Comisión obtuvo la aprobación en general de todos los bloques, conteniendo modificaciones respecto del proyecto original, e incluye el pedido de endeudamiento solicitado para aceptar un empréstito del gobierno nacional.

Sancionan Ley que regula la concesión de prisión domiciliaria

Se transformó en Ley el proyecto impulsado por el bloque del MPF sobre el control restrictivo de la concesión de prisión domiciliaria y se incorporaron modificaciones que mejoran “las condiciones de participación de la víctima en el proceso penal”, aseguró Pablo Villegas.

El Legislador expresó su satisfacción ante el apoyo que recibió por parte del resto de los Parlamentarios en el tratamiento de la iniciativa, no obstante ello, aclaró que como sucede en estos casos, se expresaron algunas diferencias en el abordaje de determinados artículos.

Aclaró que el objetivo central es establecer límites e imponer un sistema más restrictivo en el otorgamiento de beneficios de prisión domiciliaria y otros institutos de ejecución penal en el ámbito jurisdiccional provincial.

Detalló que se pretende “que aquella persona que ha cometido un delito, cumpla su condena en un establecimiento carcelario”, afirmó Villegas. En tanto dijo que se buscó que la prisión domiciliaria, no sea una opción, “no queremos que los que hayan cometido un hecho ilícito y cuenten con una condena, se les otorgue la posibilidad de una prisión domiciliaria en la comodidad de una vivienda familiar”.

En los fundamentos de la norma, se establece que cualquier petición que puedan realizar los reclusos con el fin de obtener la prisión domiciliaria, tenga previo al otorgamiento del beneficio, una revisión por parte de la Cámara de Apelaciones correspondiente.

Por otro lado, Villegas, indicó que “hemos reconocido el derecho de la víctima a ser oída, a expresar su opinión en forma previa al otorgamiento de beneficios de estas características”, amplió el Parlamentario del MPF.

Finalmente, calificó como “hecho inédito”, que en la Ley se establezca la posibilidad, de que la víctima participe en la etapa de ejecución de la pena, constituyéndose como parte querellante o bien que pueda recurrir en la etapa de Casación ante una decisión que entienda, no satisfactoria.

Solicitaron información sobre liberación de personas en el marco de la pandemia

El bloque de la UCR planteó al Parlamento un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial, en particular al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, donde busca saber “sobre el estado actual” de la liberación de personas alojadas en el sistema penitenciario. En este sentido, apelan a las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de COVID-19.

Entre los ítems del proyecto aprobado por la Legislatura, solicitan que el PEP responda en 60 días hábiles, “si existieron liberaciones dispuestas por jueces de Ejecución de la Provincia a personas privadas de su libertad con condena firme y con juicio pendiente en calidad de prisión preventiva”.

En otros puntos, el Parlamento requiere información sobre cuáles fueron los criterios aplicados a la hora de otorgar el beneficio; qué tipo de control se efectúa a los liberados y si las unidades de detención del sistema penitenciario fueguino, se encuentran “superpoblados”.

Definieron la integración de las salas de juicio político

El Parlamento sorteó la integración de las salas acusadora y juzgadora de Juicio Político, de acuerdo a los lineamientos del artículo 116 de la Constitución fueguina.

“Estas serán integradas por sorteo en forma proporcional a la representación política de sus miembros en la misma. Si el número de miembros de la Legislatura fuere impar, la sala juzgadora tendrá un integrante más. La sala acusadora será presidida por un Legislador designado de su seno; la juzgadora lo será por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, o en caso de impedimento, por su subrogante legal. Cada sala designará su secretario elegido entre los funcionarios de mayor jerarquía de la Legislatura”.

La sala acusadora estará conformada por los legisladores Damián Löffler, Andrea Freites, Myriam Martínez, Mónica Acosta, Emmanuel Trentino, Federico Sciurano y Jorge Colazo.

En tanto, la sala juzgadora será integrada por Pablo Villegas, Ricardo Furlan, Federico Bilota, Federico Greve, Daniel Rivarola, Liliana Martínez Allende, María Laura Colazo y Victoria Vuoto.

Cabe señalar que el funcionamiento de este instrumento legislativo está regulado por el capítulo IV en los artículos 114 a 122 del Reglamento Interno de la Legislatura de Tierra del Fuego.

El Parlamento aprobó el protocolo sanitario para las sesiones legislativas

Los Legisladores aprobaron, en la sesión de ayer, la resolución de Presidencia N° 227/20 que determina el protocolo sanitario general. El documento normativo, suscripto por la vicegobernadora Mónica Urquiza, remite al Decreto provincial N° 645/20 que adhiere al DNU N° 408/20 sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Así, ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el flagelo que significa esta pandemia para la humanidad y las graves consecuencias que esta ha generado en el resto de los países, se hizo necesario incrementar las políticas públicas de prevención, por el que el Gobierno fueguino emitió el decreto provincial N° 468/20 que norma el “Protocolo de cuarentena para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”. En este sentido la Legislatura también emitió su protocolo sanitario y además estableció la firma de una declaración jurada para el momento en que se realicen sesiones legislativas en el recinto de Yaganes 683 de Ushuaia.

El protocolo establece los mecanismos de desinfección y limpieza del edificio como asi también determina el ingreso y permanencia de personas quienes deben respetar los dos metros de distanciamiento social; la disposición de elementos de limpieza y desinfección personal en los baños y otras dependencias; recomendaciones preventivas generales y la información sanitaria mediante cartelería.