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El Ministro de Trabajo señaló que varios están en proceso de homologación y para el turismo esta posibilidad se extendió hasta fin de año. Las reducciones van del 15 al 40 por ciento de los haberes y en algunos casos se paga el total de bolsillo, pero no se hacen aportes y contribuciones. Advirtió que “se espera lo peor” luego de la cuarentena, por el impacto de la falta de actividad que se suma a la inercia de los cuatro años anteriores. Los datos de desocupación del primer trimestre de 2020 arrojaron unas diez mil personas y para el segundo trimestre habrá un incremento importante.

Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero estimó que unos 700 trabajadores de la provincia están con acuerdos de reducción salarial o avanzando en procesos de homologación, una opción que está permitida por decreto presidencial en caso de acuerdo entre partes.

Por Radio Universidad 93.5, advirtió que “lo difícil está por venir, después de más de cien días de paralización, porque varios rubros económicos están afectados. Yo envié un informe a la Legislatura en el mes de abril y el cordón industrial de la provincia no es un tema que me preocupe sustancialmente. Lo que me sigue preocupando es el comercio minorista. Nuestro ministerio tuvo que ampliar las guardias mínimas que nos permite el decreto 468 en dos oportunidades, porque seguimos manteniendo la virtualidad en cuanto a las denuncias y reclamos. Tuvimos que darles cabida formalmente por vía administrativa y la segunda instancia fue la supervisión. Largamos inspectores a la calle para cotejar esas denuncias, y luego continuó la parte sumarial, con las sanciones o multas que pudieran corresponder”.

“Alrededor del 40% de nuestra planta administrativa está funcionando y muy bien, sobre todo para preservar los derechos del trabajador, como ente verificador y controlador de la normativa laboral”, dijo.

El ministro de Trabajo Marcelo Romero estimó que unos 700 trabajadores de la provincia están con acuerdos de reducción salarial o avanzando en procesos de homologación, una opción que está permitida por decreto presidencial en caso de acuerdo entre partes.

Consultado sobre las estadísticas de desempleo, aclaró que “nosotros no contamos con estadísticas provinciales de distintas variables económicas o sociales. Es competencia nuestra llevar adelante estadísticas por la ley de ministerios y a eso estamos abocados. En base a las denuncias hemos producido dos informes a la Legislatura. El primer corte es del 16 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, hasta la primera semana de abril, y estuvo vinculado con el pago del mes de marzo y de la segunda quincena en el caso de textiles y plásticos que tienen esa modalidad de contratación. Esto dio como dato alrededor del 10% de despidos, por lo que la gente estaba denunciando, y de un 7% de reducción salarial. También hubo un 5% de denuncias vinculadas con los protocolos, ya sea distanciamiento, falta de alcohol en gel, de sanitización en general. El segundo informe se hizo el 22 de abril y ahí se vislumbró una reducción salarial cercana al 48% y el despido ya no fue tan importante a partir de la aparición de esta herramienta de la reducción”, observó.

“Esto se ajusta a la ley de contrato de trabajo, y habla de suspensiones siempre acordadas con el empleador y el trabajador en forma individual o colectiva a través del gremio, ante la falta de actividad comercial o industrial. En esa suspensión de actividades hay una reducción salarial y puede haber reducción de aportes y contribuciones. Esto siempre lo manejó el Ministerio de Trabajo de Nación, pero fue tal el desborde que nos delegaron esta facultad a las provincias”, sostuvo.

Recordó que el decreto de necesidad urgencia 297 “prohibió no pagar el 100% de la masa salarial; luego salió el 329 que estableció que no podía haber despidos ni suspensiones por 60 días, salvo que se aplicase el artículo 223 de la ley de contrato de trabajo –referido a estos acuerdos de partes-. Tampoco estaba permitido el preventivo de crisis o las causas de fuerza mayor. Inclusive para reforzar el decreto 329 se estableció la continuidad de la doble indemnización. Estas herramientas de la reducción permitieron preservar el trabajo y la masa salarial”, aseguró.

“Nosotros estamos recibiendo acuerdos para homologar, que abarcan unos 700 trabajadores de toda la provincia, desde el sector minorista al comercio industrial. Estos acuerdos siguen entrando y se están procesando dentro del ministerio. Hay reducciones salariales del 15, del 25, del 30 y del 40%. Los acuerdos más importantes que hemos tenido están en el 25% de reducción salarial, en general de comercios. En el caso de UTEDYC, que nuclea actividades deportivas y culturales, el acuerdo es el pago del 100% del sueldo neto, pero sin los aportes y contribuciones, así que el trabajador no ve ninguna diferencia en su bolsillo. Se le restan los aportes por el sistema SIPA, no los tiene que pagar y está contemplado en el decreto de nación. Seguramente a los efectos de la jubilación, llegado el momento deberán trabajar un tiempo más para compensar esos aportes”, indicó.

Si bien los acuerdos de reducciones son por 60 días, porque cuando comenzó el aislamiento social tenía esa duración la cuarentena, “después se fue extendiendo y se sacó una norma para mantener los acuerdos mientras dure la cuarentena. Esta posibilidad de hacer este tipo de acuerdos siempre existió y en su momento podría haber permitido sostener Textil Río Grande, que estaba en concurso de acreedores, al menos para que la empresa, que tiene características tecnológicas de avanzada y trabajadores capacitados pudiera haberse sostenido”, manifestó.

Multas mayores

Consultado sobre la situación de Ambassador, dijo que “es una de las empresas con la que siempre tenemos problemas. En enero se hizo un acuerdo de partes en la delegación Ushuaia, que no se cumplió y la empresa fue multada por eso. Las multas son irrisorias, creo que fueron 65 mil pesos. En función de esa circunstancia también actualizamos las multas. En los próximos días vamos a presentar una modificación de la ley 90, porque marca una unidad punitoria baja”, adelantó.

“Hay legisladores preocupados por la situación de Ambassador, la legisladora Mónica Acosta siempre se ha movilizado por este tema y seguramente el martes vamos a tener una audiencia laboral para analizar la situación, que es crítica más allá de la vuelta progresiva a la actividad. Son 60 los trabajadores involucrados en esta empresa”, apuntó.

“Hay dos abogadas especialistas en derecho del Ministerio de Trabajo de Nación que han estado colaborando con nosotros de manera excepcional”, valoró.
Reiteró la preocupación por el futuro del comercio minorista, porque “no es lo mismo soportar 90 días sin recursos para la industria, que tiene otra espalda, que para el comercio. En esto son importantes las herramientas que ha dotado la Legislatura junto con el Ejecutivo al Banco Tierra del Fuego y al Ministerio de Producción, porque solamente el 30% del comercio nucleado en la Cámara de Río Grande tuvo acceso a los ATP. Hay muchos que no tienen todos los papeles al día, también se les hace difícil afrontar el gasto de un contador, y no han podido cumplir con los requisitos para ingresar. Están fuera del sistema bancario pero pueden acceder a un subsidio no reintegrable, y esto permite llegar a un abanico mayor. No va a resolver todo el problema pero va a contribuir a solventar los gastos del comercio minorista, tanto la despensa de barrio, el quiosco, el corralón, las ópticas. El comerciante que toma ese subsidio va a pagar sus deudas salariales o de servicios, y ese dinero retorna a la comunidad”, dijo.

Programas vigentes

Respecto de los programas provinciales, mencionó el RED SOL, “de características sociales, y otro es el PEL, que es un programa de entrenamiento laboral que ha dejado de ser tal, porque tengo gente inscripta desde hace seis y ocho años, y también estamos trabajando en ese sentido, porque no está cumpliendo su cometido en virtud del tiempo que tiene la gente bajo esta modalidad. Se convierte más en un programa de asistencia social como el RED SOL. Para después de la pandemia estamos trabajando en un programa de entrenamiento laboral concreto”, afirmó.

“El RED SOL depende del Ministerio de Desarrollo Humano, se pagan 4 mil pesos y abarca alrededor de 15.500 beneficiarios. El PEL estaba en 300 cuando llegamos al ministerio y ahora está en 260. Históricamente se le dijo a los PEL que era el paso previo para ingresar a la planta permanente. Muchos de los PEL están saliendo del ámbito de la administración pública provincial para ir a organizaciones no gubernamentales. Los estamos sacando de la administración pública porque es un engaño para la gente. No es la condición para ingresar a la planta permanente, porque no van a ingresar”, sentenció.

“Esto lo hacemos hasta tanto se convierta en un verdadero programa de entrenamiento y no en un subsidio como el RED SOL. La gente que está en este plan y sigue necesitando la ayuda, la vamos a derivar al área de Desarrollo Humano, y que en el Ministerio de Trabajo realmente se haga un plan de capacitación”, planteó.

En cuanto al IFE, que es un programa nacional, dijo que “a instancias del gobierno provincial nosotros colaboramos con ANSES, inscribiendo a la gente dentro del ministerio y dando las herramientas para que la gente pueda acceder. Abarca a 20.744 ciudadanos de Tierra del Fuego y se está pagando desde abril”.

Diez mil desocupados y aumentando

De los 75.000 ciudadanos que forman parte de la población económicamente activa “poco más de 45.000 están en el sector privado. Hay ocupados, desocupados, empleadores, monotributistas y todo un desagregado de ese total. Alrededor de 21 mil están en la administración pública provincial y municipal. En la provincia tenemos alrededor de 10 mil desocupados, de acuerdo a los datos del INDEC a nivel nacional, y tenemos que pensar en programas de formación y capacitación, para que esa gente vuelva a incorporarse cuando la economía empiece a moverse. El INDEC hizo un relevamiento del primer trimestre y arrojó el 12,4% de desocupación, sobre una población de 163 mil habitantes según el Consejo Federal del Trabajo, pero nosotros hablamos de 173 mil por el INDEC. En el primer trimestre de 2019 teníamos un 13% de desocupación y hoy tenemos un 12,4%. Aunque pareciera que hay un 0,6% menos de desocupados, eso no es real, porque si comparamos diciembre de 2019, teníamos un 9,3%, y es lo que comparamos con este 12,4% de ahora”, expuso.

“Yo digo que viene lo peor porque nos agarró la pandemia y seguramente los índices del segundo trimestre van a ser peores. Ya veníamos con una inercia de los cuatro años anteriores”, subrayó, y apuntó al turismo, que será uno de los más perjudicados.

“Ushuaia es una ciudad que vive del turismo y la actividad del Cerro Castor trae otras actividades conexas como la logística, el transporte, la hotelería, la gastronomía. El mismo cerro tiene un desarrollo importante de gastronomía y hotelería aparte del esquí. En este caso el decreto 223 se extendió hasta diciembre y esto fue entendido por los trabajadores, porque primero el turismo necesita certeza en cuanto a los vuelos, y dependemos de vuelos regulares para poder tener una programación. Hemos hecho acuerdos donde intervienen varios gremios, porque están los gastronómicos, los empleados de comercio, y fueron acuerdos por el 223, que prevé suspensiones acordadas entre el empleador y el trabajador o los gremios, con una reducción salarial o no, pero sí una reducción de aportes y contribuciones. Muchas veces el trabajador percibe el 100% del salario de bolsillo, pero no le pagan aportes y contribuciones”, concluyó.