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El ministro de Trabajo Marcelo Romero dio a conocer un informe que registra las denuncias realizadas durante la pandemia, y la mayoría exponen la violación del decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, que prohíbe despidos y suspensiones. Al comienzo se enfocaron en el incumplimiento de protocolos pero luego “primó la cuestión económica”, dijo. Destacó los acuerdos de reducción salarial que permitieron a miles de trabajadores conservar su fuente laboral.

Río Grande.- El ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Romero, dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre el trabajo estadístico realizado que releva las denuncias presentadas durante la pandemia. “Venimos elaborando informes sobre la evolución que ha tenido el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia, desde el 16 de marzo a esta parte. Hemos elaborado distintos informes, algunos que por Constitución corresponde elevar a la Legislatura de cada una de las áreas del Poder Ejecutivo. Este es un informe que compila todas las presentaciones desde el 16 de marzo hasta el 21 de julio, y hemos recibido 2.160 denuncias, casi la totalidad en forma virtual, en función de la cuarentena en la provincia”, dijo.

Marcó distintas etapas que diferenciaron el perfil de las denuncias: “Al principio de la pandemia, por el mes de marzo, la preocupación de los trabajadores era el no cumplimiento de los protocolos sanitarios, el distanciamiento social, el uso de barbijo, de alcohol en gel, de lavandina diluida en agua. Ellos lo veían con preocupación porque se habían mimetizado con las publicidades del gobierno nacional como provincial y la campaña de las intendencias locales”, atribuyó.

“Luego primó la cuestión económica y empezaron a aparecer las denuncias por despidos, por reducciones salariales, por despidos en trabajos no registrados, por incumplimiento de distintas normativas laborales. Al llegar a esta compulsa, la mayoría de las denuncias fueron por incumplimiento del DNU 329, que habla de la prohibición de despidos o suspensiones. Eso se lleva el 80% de la totalidad de las denuncias”, afirmó.

“Ushuaia tiene el 52% de las denuncias, y Río Grande un 47%. Se han hecho más denuncias en Ushuaia que en Río Grande, pero la problemática está centrada en las mismas cuestiones”, dijo, sobre un universo que, “de acuerdo al registro del tercer trimestre de 2019, abarca a 45 mil trabajadores del sector privado”.

“En el mismo informe presentamos una nueva instancia que se registró en la provincia, relacionada con los acuerdos salariales por las suspensiones, al no haber actividad económica, y algunos de reducción salarial y de aportes y contribuciones. En esto vemos un marco positivo, porque fueron alcanzados cerca de 800 trabajadores del sector comercial minorista y esto posibilitó que su fuente de trabajo continuara vigente, más allá del sacrificio que representa la reducción salarial”, manifestó.

Aclaró que este tramo del informe “está referido a los acuerdos generados en la provincia, sin tener en cuenta el cordón industrial, porque hubo un acuerdo a mediados de abril entre UOM y AFARTE, que involucró cerca de 4 mil trabajadores, y se mantuvieron las fuentes de trabajo”.

Respecto del escenario actual, indicó que “con el retroceso por el rebrote de la pandemia, hay trabajadores que han visto mermada su fuente laboral, en principio todas las plantas industriales de la zona norte. Esta situación todavía se mantiene normal en Ushuaia. La dificultad está en los trabajadores PPD que han visto suspendida su labor y esto está circunscripto a la posibilidad real de producción en la planta. Hay alrededor de 900 personas que están bajo esta modalidad en toda la provincia, y son un poco más en Ushuaia que en Río Grande”.

En cuanto al trabajo de la cartera a su cargo en forma interna, dijo que “hoy existen dos modalidades, una casi totalmente restringida en Río Grande, luego de la apertura física de la delegación. Hay guardias virtuales en las viviendas y una guardia permanente de la planta política, del Secretario de Trabajo entre otros. En Ushuaia tenemos una reducción considerable, se hacen algunas audiencias laborales en forma presencial, la mayoría en forma de teleconferencia, a efectos de resguardar la salud de la gente”.

Pesca sin actividad

Por otra parte, se le preguntó sobre la actividad pesquera, que “dentro de las 200 millas es escasa por el momento. Sigue siendo muy importante por fuera de los límites argentinos. El problema siguen siendo los buques factoría que no recalan en puerto ni se les da valor agregado local, y ese producido se va hacia otros países”, señaló.

Crisis en gastronómicos

También hizo referencia a las dificultades del sector turístico, luego de que los gastronómicos expusieran públicamente su reclamo de ser atendidos por el gobernador. “Sin dudas el tema turístico va a pesar en la economía ushuaiense de manera importantísima, porque es una ciudad que depende del turismo. Al no tener programación de vuelos nacionales ni posibilidades de reservas internacionales, no hay certidumbre respecto de la cantidad de gente que pueda llegar. Es solamente el turismo interno, pero se suma la restricción de salida de Río Grande y se genera una situación muy complicada, no sólo a los actores directos sino a todas las actividades conexas, como la logística, el transporte, las agencias, los hoteles y restaurantes”, expresó.

Construcción paralizada

El sector de la construcción “no escapa a las generales de la ley con el tema de la pandemia. El marco era poco propicio en la gestión anterior y ya estaban paralizadas muchas obras. En el caso de lo que me compete a mí, que es la obra de la delegación del Ministerio de Trabajo de Río Grande, estuvo paralizada y sigue en esa situación litigiosa por ciertas irregularidades que detectó el Ministerio de Obras Públicas, en función del análisis de los pliegos. La obra estaba paralizada y, si bien se rescindió el contrato, la empresa empezó a trabajar pero al otro día fue invitada a retirarse de la obra por una situación irregular. Aparentemente no cumplía con algunas cláusulas del contrato de licitación”, dijo.

“Esperamos que el sector empiece a remontar luego de la veda, con alguna inyección de dinero que seguramente hará la provincia”, confió.

Cuarentena en el petróleo

Asimismo, se le preguntó sobre los reclamos del gremio por el incumplimiento de la cuarentena en el sector del petróleo, particularmente de los empleados de Total. “En este tiempo surgieron dificultades por el resguardo de la cuarentena de los trabajadores. Esto se está haciendo tanto en la ciudad de Río Grande como en los campamentos petroleros”, afirmó.

Tras el planteo del sindicato de una “cuarentena abreviada” de 7 días de los trabajadores de Total, cuando el resto debe cumplir 14, dijo que “en el caso del petróleo se está haciendo la modalidad de 7 días en la ciudad y 7 días en el campamento, pero la cuarentena sigue vigente”. No obstante, el gremio dice que los 7 días en el campo no se cumplen y “quizás el Comité Operativo de Emergencia revea esta situación en función del análisis que se haga al respecto”, concluyó.

Detalles del informe

De acuerdo al escrito que hizo público el ministro, sobre la tipología de denuncias recibidas en el marco de la pandemia, se intenta “clarificar cómo se actuó ante diversas situaciones denunciadas por los trabajadores que se vieron impactados a partir del momento que se declaró la pandemia en el Territorio Nacional”.

Desde la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la Provincia, se realizaron ante el Ministerio de Trabajo y Empleo 2159 denuncias sobre diversas tipologías laborales y sanitarias, de incumplimiento por parte de las empresas con actividades comerciales e industriales. Las mismas se realizaron en forma virtual y ante las Delegaciones de Ushuaia y Río Grande.

En Tolhuin solamente se registraron 4 denuncias, contra las miles de Ushuaia y Río Grande. El período abarca desde el inicio -16 de marzo- y hasta el 21 de julio.

Respecto de la tipología de denuncias, las mismas resultan muy variadas, pero se polarizan en tres temas centrales, propios de las actuales circunstancias: despidos o suspensiones (Incumplimiento del DNU N° 329/20); reducción salarial (Incumplimiento DNU N° 297/20); manejo o cumplimiento de los protocolos sanitarios, y trabajo no registrado.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional DNU N° 329/20 permite que los empleadores y trabajadores acuerden, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la suspensión de las actividades laborales con reducciones salariales y de aportes y contribuciones. Estos acuerdos están determinados y regulados por el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia comenzó a tramitar estos acuerdos a partir de la delegación federal por parte del Ministerio Nacional del área. Desde principios de junio se llevaron adelante 51 acuerdos presentados por empresas y se realizaron acuerdos de 25 empresas en Ushuaia, representando el 49%; y de 26 en Río Grande, totalizando el 51%.

Respecto de los trabajadores alcanzados, totalizan 774; correspondiendo 349 (45,09%) a Río Grande y 425 (54,91%) a Ushuaia. Los acuerdos alcanzados implican el sostenimiento de las fuentes de trabajo. A tal punto es su importancia que representan el 1,12% de la población económicamente activa (69.000 según índice de Primer Trimestre 2020 del INDEC).