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De los dos mil millones disponibles para créditos y subsidios, a más de dos meses de la aprobación de la ley de emergencia que dio origen al programa PROGRESO, sólo se entregaron 150 millones, entre el Banco Tierra del Fuego y el Ministerio de Producción. El informe fue presentado a la Legislatura y girado a todos los parlamentarios, y será analizado en la reunión de la comisión de seguimiento creada por la misma ley. Del total, 100 millones corresponden a operatorias que tramitó el banco, y 50 millones a la cartera a cargo de Sonia Castiglione. La legisladora de FORJA Mónica Acosta dio a conocer el ofrecimiento de parte de los asesores para acelerar el procesamiento de la documentación y reclamó una campaña informativa sobre los requisitos, documentación a presentar y el objeto de la ley. “Lo que más queremos, después de haber votado por unanimidad la ley, es que se respete el espíritu de esa legislación”, subrayó.

Río Grande.- La legisladora de FORJA Mónica Acosta adelantó por Radio Universidad 93.5 parte del informe presentado por el gobierno respecto de la ejecución del programa PROGRESO, como integrante de la comisión de seguimiento. Aclaró que todavía no se reunió la comisión, que “está compuesta por un integrante de cada bloque de la Legislatura. Hemos tomado conocimiento del informe que remitió la ministra de Producción Sonia Castiglione, que fue derivado a los 15 legisladores. Es un informe bastante extenso, que da cuenta de las siete líneas que tiene el programa. Por un lado está el financiamiento de mil millones en la órbita del Ministerio de la Producción, y también allí se derivan los subsidios no reintegrables y créditos por fuera del sistema bancario, a través de Desarrollo Humano y del INFUETUR. Por otro lado está la información del banco de la provincia y en este período de dos meses aproximadamente ha hecho una entrega de casi 100 millones de pesos. Tiene alrededor de 60 funcionarios involucrados en la recepción de las solicitudes y en la derivación a las áreas que corresponden”, dijo.

“La principal observación es que hay un 40% de las cuatro mil solicitudes que se han procesado en este período donde se ven dificultades en la comunicación y en el ida y vuelta de lo que se va requiriendo de documentación”, manifestó.

“Una vez que se reúna la comisión, vamos a ver la posibilidad de ir interactuando con los entes de control para dar celeridad, sobre todo a las personas físicas que han perdido el empleo y hoy necesitan mayor ejecución de los subsidios no reintegrables. En términos generales hace falta una fuerte campaña para informar sobre los requisitos, para que la gente pueda acceder con mayor facilidad, sin los periplos de la intermediación. Es fundamental la información para que los recursos lleguen más rápidamente a la gente”, reclamó.

La ley fue aprobada el 28 de junio, hace más de dos meses y “hasta ahora se han otorgado 100 millones del banco y 50 del Ministerio de la Producción”, dijo sobre el total de dos mil millones previstos para el sector privado. “Yo creo que fallan varias cuestiones, el factor comunicacional es muy importante, luego hay que flexibilizar para que el acceso sea más directo. Ha habido dilaciones pero también una mala intención de desinformar. Nosotros participamos de algunas reuniones con agencias de remises, y ellos iban con la expectativa de hacer lo que no pudieron hacer en años previos, y no tenían bien claro el objeto de la ley; por ejemplo, cambiar unidades nuevas. Con este programa no se va a poder hacer porque no está contemplado en el marco de una emergencia por la pandemia”, expresó.

“Otro de los aspectos muy recurrentes es que no es para la creación de nuevos proyectos productivos, sino que deben tener como mínimo un año de un CUIT vigente en el negocio. Por eso hay que seguir ampliando los equipos de trabajo y de información, y como legisladores hemos ofrecido parte de nuestros equipos técnicos para ayudar a complementar parte del procesamiento de la información y que sea más rápida la entrega de los recursos”, indicó.

“Hemos marcado mayor celeridad para el sector del turismo, que viene con muchas postergaciones. En Desarrollo Humano también se concentra el sector de la economía social, y no es que estén exceptuados de la rendición de comprobantes, pero necesitamos hacer una intervención desde el Tribunal de Cuentas para ver cómo flexibilizamos, porque son sectores muy vulnerables de la economía informal y ahí necesitamos dar respuestas”, agregó a la lista de los que siguen esperando.

Solicitudes sin procesar

La legisladora también informó sobre las reuniones que mantuvo con el titular del INFUETUR, “que nos ha dado la estadística de algunas notas de reclamos, pero cuando fuimos a los datos puntuales de los que se registran en las solicitudes, no encontramos los datos procesados con las inscripciones. Si los papeles no están, tendremos que salir a buscar a las personas que figuran en esas solicitudes y que llenen la documentación como corresponde”, planteó.

“Como legisladores en principio estamos haciendo un relevamiento del procesamiento de los datos que van surgiendo. Detrás de esa estadística fría está la gente y lo que más queremos, después de haber votado por unanimidad la ley, es que se respete el espíritu de esa legislación”, enfatizó.

“Tenemos que dar respuesta a muchos actores de la sociedad que recurren a la Legislatura para que seamos un nexo con el Ejecutivo y resolver algunas cuestiones. Tratamos de acercar algunos reclamos a las áreas que corresponden, y yo estoy interesada en que se dé respuesta a los trabajadores del turismo, que son una especie de PPD, como los choferes que tienen contrato a partir de octubre. Por ahí perdimos tiempo pensando que lo iba a canalizar el INFUETUR, pero resulta que terminó derivándose a Desarrollo Humano”, dijo de otros vericuetos burocráticos que suman demora.

“Lo mismo ocurre con choferes de taxi y de otros sectores, cuyos planteos son canalizados a través de las cámaras y representantes sindicales que aglutinan sectores, y luego nos encontramos con problemas adentro. Tenemos un cuello de botella por un lado, y también a la gente no le gusta presentar una cantidad de papeles, es muy engorroso, y algunas cosas se pueden sintetizar con mayor información, para que el beneficio sea entregado lo más rápido posible”, insistió.

Más urgencia que nunca

Acosta expuso la urgencia para dar respuesta, sobre todo por “la vuelta a la fase 1, que agudiza el problema. Por eso creemos que podemos contribuir con parte de nuestros equipos técnicos, no solamente asesorando sino tratando de aglutinar parte de las solicitudes y acercarlas a los lugares que correspondan”.

Los fasones en la industria

Por otra parte, como integrante de la comisión del área aduanera especial en representación de la Legislatura, informó sobre la reunión del jueves pasado, en la que “se presentaron una serie de pedidos de trabajo a fasón y de complementaciones entre empresas para salvaguardar las fuentes laborales, en un momento tan crítico. Hay que evaluar las condiciones en que están operando las empresas y hasta dónde el Estado puede intervenir para acompañar estos procesos. En el caso de las fábricas de Río Grande, hay mucha dificultad para volver a trabajar en el corto plazo, y se está trabajando mucho desde el sistema sanitario para bajar la curva de contagios, a fin de atenuar este impacto. El sector privado necesita restablecer determinados procesos virtuosos, y que la gente no quede desamparada o se produzcan cierres intempestivos de fábricas”, manifestó.

“En esta última reunión de la comisión del área no solamente se dio cuenta de la creación de los fasones en Ushuaia en el caso de Renacer, sino también de la posibilidad de fasones de Ambassador, que hace 18 meses viene con problemas laborales y son 57 familias. Hay posibilidad de que el Estado sea una especie de garante para que algunas industrias de Río Grande puedan fasonar con las de Ushuaia, aprovechando sus condiciones de operatividad”, explicó.

“Lo mismo ocurre con el caso de Audivic. Después de dos años de no funcionamiento, la empresa BGH puso en disponibilidad un fasón para fabricar 15 mil equipos de aire acondicionado, haciendo una fuerte apuesta para acompañar a los emprendimientos más alicaídos”, destacó.

Apeló a las empresas “con más espalda” en esta coyuntura, porque si bien los ATP “son una asistencia que están utilizando todas las ramas que tienen relación de dependencia, nosotros le pedimos a las empresas que tienen más espalda que no descuiden a los trabajadores metalúrgicos PPD, que muchas veces son la variable de ajuste. Hoy hay un Estado que está bancando, pero necesita ver reflejado que ese esfuerzo llegue a los trabajadores. Hay un Estado que contiene pero se necesita una profunda responsabilidad social empresaria. No sabemos cuándo el virus se va a retirar de nuestras vidas y está incidiendo en la vida cotidiana y económica, de todos los países”, señaló.

Control de precios

Otro punto donde considera necesaria la intervención es en el costo de los alimentos. “Hoy tenemos un problema que aqueja a todos los argentinos y es el alto costo de los alimentos, por eso creo que hay que incidir en los productos de la canasta básica, porque más allá de las multas o las inspecciones del gobierno de la provincia y de la municipalidad, los aumentos no van en consonancia con los incrementos que se puedan dar ni en los sectores públicos ni privados. Hay que estudiar esto con mayor profundidad y trabajar fuertemente para solucionar gran parte de los males de la clase trabajadora de la provincia. Al tener oligopolios, tenemos el combo perfecto para que no se puedan resolver algunas cuestiones, pero hay que buscarle la vuelta, no solamente con las inspecciones, sino hacer la trazabilidad de los alimentos y ejecutar los controles”, dijo.

“Hay que evitar los abusos y el aprovechamiento en un momento en que los recursos son muy pocos. Hoy la canasta básica se insume prácticamente todo el salario del trabajador y no permite pensar en otra cosa que no sea la subsistencia diaria”, concluyó.