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El legislador del MPF anticipó que el interés de los legisladores al momento de comenzar con el debate del presupuesto estará centrado en la renegociación de deudas, tanto con los tenedores de bonos como con el gobierno nacional. Defendió el porcentaje importante que se destina a asistencia social, dado que en un contexto de pandemia y crisis económica y social, la ayuda “no debe tener techo”. Además, como miembro del Consejo de la Magistratura, informó que hasta el 8 de noviembre hay plazo para la inscripción de postulantes a las dos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. De no haber impugnaciones, la selección podría resolverse este mismo año. Si bien no es requisito residir en Tierra del Fuego, opinó que “quien va a ejercer el cargo en el máximo órgano provincial tiene que conocer acabadamente la realidad fueguina”.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el debate del proyecto de presupuesto 2021, que comienza el próximo mes y podría tener una definición antes de fin de año, dado que “hay voluntad legislativa para aprobar el presupuesto”, dijo.

“En términos personales creo que van a ser muy importantes las explicaciones del Ministro de Finanzas y de los distintos ministros y representantes de las áreas de los poderes del Estado. A partir de tener mayor información en el ámbito legislativo va a ir tomando color la posibilidad del debate del presupuesto y que sea sancionado antes de fin de año. El presupuesto marca el esquema que el gobierno plantea para el 2021 y vamos a estar muy atentos a eso”, sostuvo.

Como tema eje de la discusión, mencionó “la deuda con el gobierno nacional y la posibilidad de refinanciación; y la deuda externa que tenemos y su refinanciación. Sé que algunas negociaciones están más avanzadas que otras y hay que ver la proyección de esa refinanciaciones en la masa de recursos. Es un punto de inflexión sobre el cual va a pivotear el interrogatorio de muchos legisladores. Para ese momento ya va a estar avanzado el debate del presupuesto nacional y tendremos datos más ciertos para aggiornar el proyecto provincial para que esté más cerca de la realidad, o de la expectativa que se tenía a fines de agosto, cuando se presentó”, evaluó.

Gasto social

Respecto del destino de un 66% del presupuesto nacional a asistencia social de distinto tipo y un porcentaje similar en el provincial, observó que “estamos atravesados por un marco extraordinario dado por la situación económica que ya venía arrastrando la provincia, y profundizada por la pandemia. Tenemos una crisis sanitaria no prevista por nadie y eso requiere la presencia del Estado con una asistencia social más marcada”.

“La población de Tierra del Fuego está casi en un 40% por debajo del nivel de pobreza, un 10% de indigencia, hay una tasa de desempleo muy importante. Son datos objetivos muy duros con los que este gobierno tiene que interactuar y justifican una mayor afectación a contención social”, subrayó.

Cabe recordar que el Ministro de Economía dijo que se destinaron 2.500 millones de pesos en lo que va del año a asistencia social de distinto tipo, y equivale a lo que se pagó en servicios de deuda externa. “Por eso en la gestión pasada fuimos tan críticos de la toma de este endeudamiento, porque sabíamos que era previsible que terminara siendo un problema importante para la futura gestión. Hoy en día se está viendo y de allí la necesidad de refinanciar la deuda”, remarcó.

“La necesidad social no tiene techo en el marco de la pandemia y el Estado provincial tiene que hacer todos los esfuerzos para asistir de la mejor manera posible”, planteó el legislador.

Elección de jueces

Por otra parte, se refirió como miembro del Consejo de la Magistratura al proceso de selección de los dos nuevos jueces que se incorporarán al Superior Tribunal de Justicia. Con plazos acotados y, de no haber impugnaciones, podría estar resuelta antes de fin de año.

“El llamado a concurso ya fue publicado y el lapso que tienen para inscribirse es hasta el 8 de noviembre los que aspiren a presentarse como postulantes. Luego hay un trabajo interno del Consejo, porque hay 20 días corridos para la presentación de impugnaciones, que lo puede hacer cualquier ciudadano. Si hay impugnaciones se deben resolver las mismas y después se empieza con el sistema de entrevistas y pruebas de idoneidad para el cargo”, explicó.

No habrá exigencia de cupo de género, aclaró el legislador: “Ante una presentación personal, que quedó plasmada en el acta de la última reunión, planteé la obligatoriedad de evaluar la formación en perspectiva de género de los distintos postulantes para los dos cargos de miembros del Superior Tribunal de Justicia. No es una cuestión menor y es un momento importantísimo, porque un miembro de Superior Tribunal debe tener una seria formación en perspectiva de género. Están a las claras las desigualdades que sufren grupos de mujeres, grupos trans, y cada vez que se administra justicia es importante el análisis que tiene y la formación que tiene el juez; si tiene conocimiento de las herramientas procesales con relación a la perspectiva de género, cuál es la interpretación que tienen de los tratados de derechos humanos de raigambre constitucional. Me parece que hubo un avance en este sentido”, destacó.

El cupo femenino en la integración del Superior Tribunal no se evaluó en su momento, cuando se dictó la ley de ampliación porque “esto hubiera implicado una modificación al proyecto y una necesidad de enmienda a la Constitución”, indicó Villegas, sin embargo advirtió que el hecho de tener una jueza mujer no garantiza perspectiva de género.

“Este año se reunió la Federación que nuclea a los integrantes de los Consejos de la Magistratura a nivel nacional, y tuvimos la oportunidad de hacerla en Ushuaia. Recuerdo a una jueza del Chaco, que tiene cerca de un 60% de magistradas, y ella nos dijo muy claro que la condición de mujer no garantiza tener perspectiva de género ajustada a derecho. Soy un convencido de eso, porque se puede ser mujer y tener destrato hacia otras mujeres o grupos minoritarios. Se puede ser hombre y también tener ese destrato, o carecer de la formación profesional en la materia. La condición sexual de una u otra persona no garantiza que vaya a impartir justicia con los parámetros de perspectiva de género que nos exige el sistema”, argumentó.

Lo cierto es que es posible que se concrete la selección en lo que resta del año y “dependerá de si hay o no impugnaciones, porque eso cambia el escenario. Si no hay, va a ser más factible. Si hay, habrá que ver qué tipo de impugnaciones son, si existe un mayor o menor plazo para su resolución. Uno sabe cuándo empieza un concurso pero no sabe cuándo termina, porque no hay un plazo definido. Acá ha habido concursos de un juez del Superior Tribunal que duraron un año y ocho meses”, recordó.

Además observó que, de pasar al año siguiente la selección, podrá haber otros actores en la toma de decisiones, dado que “el 16 de diciembre vence el mandato de los representantes de los Colegios de Abogados y de los legisladores”.

Finalmente dio especial relevancia al acabado conocimiento de la realidad fueguina que deberán tener los nuevos jueces. “Para ser miembro de Superior Tribunal se requieren 10 años de ejercicio de la ciudadanía, tener por lo menos 35 años de edad, y ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión”, repasó, no siendo un requisito la residencia en la provincia.

“Los requisitos son los que hice referencia y prevé la Constitución provincial. Al momento de la entrevista personal uno pone en la balanza una serie de consideraciones y ya corren por una mirada personal hacia el postulante. Son criterios que cada consejero está abierto a evaluar. No hay un piso o un techo sobre qué tema preguntar. La entrevista personal es muy amplia y también es muy importante, porque quien va a ejercer el cargo en el máximo órgano provincial tiene que conocer acabadamente la realidad fueguina”, sentenció.