Status, a un paso de recurrir a la Justicia

El abogado de la empresa, Demetrio Martinelli, explicó que el IPRA no puede exigir el pago de un canon por la explotación de juegos de azar cuando ha prohibido ejercer la actividad. Los reclamos administrativos llegaron al gobernador, que deberá tomar la decisión y, de resultar en una exigencia de cancelación de los 40 millones supuestamente adeudados, recurrirán la vía judicial. “El Estado es quien dio la concesión e impuso un canon por esa explotación, y de ninguna manera se puede cobrar algo por una actividad que no se permite desarrollar”, sostuvo, remarcando que la prohibición estuvo en vigencia desde el 16 de marzo al 1° de diciembre. Se avanzará con “una demanda contencioso administrativa, que irá también con medida cautelar”, adelantó, y se analiza además la petición de pago de un canon proporcional, dado que solamente se habilitó el 30% de la capacidad instalada.

Río Grande.- El abogado de la empresa Status, Dr. Demetrio Martinelli, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la exigencia del IPRA del pago de los cánones atrasados, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, por un total de 40 millones de pesos. Durante ese período estuvo vigente la prohibición de la actividad, por lo cual la empresa no considera que deba abonarlos.

“Los juegos de azar son una potestad del Estado, sea nacional, provincial o municipal, y el Estado puede explotar esa actividad por sí o a través de terceros. Si la actividad hubiera sido explotada por sí, es decir a través del IPRA, el cierre de los casinos le hubiera significado cero recaudación, con todos los gastos consiguientes del mantenimiento de los establecimientos”, explicó.

“En la provincia el Estado decidió concesionar algunos juegos de azar, a través del IPRA, para que fueran explotados por privados. En 2004 se llamó a licitación pública para la explotación de los juegos de paño: ruletas, Black Jack, dados; y en 2006 se llamó a otra licitación para la explotación de máquinas electrónicas, comúnmente llamadas slots o tragamonedas. Cuando mi cliente gana la licitación del 2006, le dan la concesión para la explotación de los juegos y como contrapartida debía pagar un canon, que es el derecho que paga el privado por el permiso de explotación que le concede el Estado. En este caso Status gana la licitación de los juegos y se compromete a pagar el canon, que requiere previamente de la posibilidad de ejercer la actividad”, subrayó.

“El Estado provincial no le cobra cánones a una empresa electrónica, ni a una agencia de viajes ni a los catamaranes, porque ninguna de estas empresas tiene la posibilidad de explotar juegos de azar. No cualquiera paga los cánones, porque no cualquiera puede desarrollar la actividad. Como particular puedo ser concesionario de la empresa y, por mal manejo, me puede ir mal en la explotación del negocio, como ocurre en cualquier otro rubro. Pero cuando no se pueden explotar los juegos por una prohibición concreta y expresa del Estado, que es quien dio la concesión e impuso un canon por esa explotación, de ninguna manera se puede cobrar algo por una actividad que no se permite desarrollar”, argumentó.

“Acá no hay una deuda, porque desde el 16 de marzo de 2020 hubo una decisión del gobierno nacional primero a la que adhirió el gobierno provincial y los municipios después, y se prohibió el ejercicio de la actividad, es decir el funcionamiento de los casinos. Desde el 16 de marzo hasta el 1° de diciembre de 2020, cuando los casinos reiniciaron la actividad, no se ha devengado ningún canon, porque es la contrapartida del desarrollo de la actividad. Si el propio Estado deja ejercer esa actividad, no puede cobrar por eso”, afirmó.

Lo comparó con “alquilar un departamento, no entregárselo al inquilino pero exigirle que pague el alquiler. Es un contrasentido este enriquecimiento sin causa y no hay ningún derecho que surja a favor de la administración para percibir una suma que mi mandante no tiene la obligación de pagar, al no habérsele permitido explotar el permiso que se le había otorgado, durante todos estos meses”, dijo.

Se le preguntó si se da la misma situación que en el INFUETUR con el canon del hotel Canal de Beagle, Hotel Albatros, Cerro Castor, Glaciar Martial: “No es la misma situación porque Status no pudo trabajar un solo día desde el 16 de marzo. Los hoteles, el cerro Castor y algunos otros concesionarios de actividades del Estado han venido trabajando con algún protocolo, han abierto, han cerrado, han tenido restricciones. Pero los casinos nunca más reabrieron desde el 16 de marzo hasta el 1° de diciembre”, diferenció.

“Así y todo, el INFUETUR ha autorizado la reducción de cánones durante el tiempo en que la pandemia generó un movimiento poco estable, dado que los hoteles abrieron y cerraron alternativamente. Primero fue el propio Estado el que les pidió que abrieran para atender a turistas que quedaron varados, o tripulantes de barcos que estaban en emergencia con COVID. Hubo idas y vueltas que, en el caso de los casinos, no se dieron”, remarcó.

Judicialización en puerta

Respecto de la posibilidad de recurrir a la justicia, estaría muy cercana: “En marzo pagamos la totalidad del canon correspondiente a ese mes, a pesar de que trabajamos la mitad. Eso se hizo porque no se pensaba que iba a prolongarse la situación durante casi nueve meses. En abril vinieron a presentar la factura del canon y les dijimos que se iba a pagar cuando nos reintegraran el derecho que estaba suspendido para poder explotar lo que ganamos en una licitación. El IPRA dijo que tenían un presupuesto y gastos que pagar, pero el privado también se ve afectado, con un establecimiento cerrado ocho meses y medio y gastos de mantenimiento, de sueldos, de cargas. Hay una cantidad de gastos que, aun estando cerrado, son significativos. Yo no le puedo decir a la gente que no le pago el sueldo porque no se pueden abrir los casinos, pero no se le puede pagar al Estado por un derecho que fue suspendido”, sentenció.

“En el IPRA esto se planteó con un recurso de reconsideración, que rechazaron, y ahora estamos con un recurso de alzada en trámite ante el gobernador de la provincia, que todavía no fue resuelto. Si no llegamos a tener respuesta favorable a esta petición, que ya no es sólo jurídica sino lógica, nos queda la instancia judicial ante el Superior Tribunal de Justicia, con una demanda contencioso administrativa, que irá también con medida cautelar”, adelantó.

“La empresa tiene una licitación ganada en debida forma, un contrato vigente, una situación conocida por todo el mundo. La OMS ha decretado la pandemia, hay una emergencia sanitaria nacional, y hay un gravísimo perjuicio generado no sólo a nuestra empresa sino a todos en general. Se sufre en conjunto con todo el mundo los avatares de esta situación que nadie buscó y de la que no somos responsables”, expuso.

“Esto llega hasta un punto determinado, porque si me obligan a pagar 40 millones de pesos después de haberme cerrado ocho meses sin ningún motivo, la empresa obviamente se convierte en inviable. No se puede pagar por lo que no se tiene y, que me quieran cobrar el canon a mí es tan improcedente como que se lo quisieran cobrar por ejemplo a una electrónica. Ellos tampoco pueden ejercer la actividad de explotación de juegos de azar y están en la misma situación que nosotros”, comparó.

Cesión de Casino Club

Por otra parte se le preguntó sobre la cesión de los derechos de Casino Club, luego de su cierre. “El Casino Club tenía un contrato con el Estado y se retiró, y hemos convenido con Casino Club que ceda los derechos que tiene frente al Estado. Esto fue con la conformidad del IPRA y no podría haber habido una cesión si el IPRA no hubiera estado de acuerdo. Estuvo de acuerdo, se unificaron las máquinas y están trabajando las de Casino Club y las de Status en los establecimientos de Status. Este año fue de lo más complicado, porque además de requerir de un edificio específico, es la actividad sanitariamente más riesgosa. Se tocan fichas, se comparten lugares, y es mucho más complicada la situación, por eso en todo el mundo hay una restricción a los juegos de paño en este momento”, observó.

Otro reclamo a punto de sentencia

Martinelli también informó que está por salir la sentencia de la demanda iniciada contra el Estado por violación de la exclusividad que tenía Status sobre las máquinas electrónicas. “En 2004 Casino Club obtuvo la concesión de los juegos de paño y en aquel momento tenía 180 máquinas electrónicas. Esas 180 máquinas, como ya las tenía, no se pudieron quitar. En 2006 hubo una licitación específica para otorgar en concesión las máquinas electrónicas. Fue una concesión exclusiva, salvo las 180 que tenía Casino Club desde dos años antes, y no se les podía dar una sola máquina más, de la misma manera que Status no tenía posibilidad de abrir una ruleta o un Black Jack. Había dos exclusividades, una para Casino Club y otra para Status. Con el correr del tiempo Status se enteró de que Casino Club empezó a aumentar el número de máquinas por encima de las 180 originarias, y llegaron a habilitarle casi la misma cantidad que tenía Status en exclusividad”, dijo.

“Esta violación al derecho de exclusividad generó un reclamo administrativo, donde dijeron que no iban a habilitar más pero tampoco iban a dar de baja las 500 máquinas habilitadas por encima a Casino Club. Como insistieron en mantener esas máquinas funcionando, quitándole la posibilidad a Status de explotar la exclusividad, iniciamos una acción judicial, que hoy se encuentra a sentencia”, informó.

Canon parcial

Finalmente no descartó que Status solicite el pago parcial del canon, a partir de que solamente está habilitado para funcionar al 30%. “Desde el 1° de diciembre, con el reinicio de la actividad, el canon empezó a correr nuevamente, y nuevamente tenemos que pagar el derecho a explotar, que ha sido devuelvo con la rehabilitación de los casinos. Ahora se volverá a pagar el canon que estaba suspendido, pero la habilitación no es al 100%. Hay una serie de protocolos y en este momento el casino está trabajando a una tercera parte de su capacidad. Está cerrada una parte importante para poner a disposición del público los sanitarios del conjunto. Los sanitarios funcional al 100% y los casinos al 30%. Hay protocolos muy estrictos de desinfección de suelas, toma de temperatura, alcohol en gel en todos lados; cada vez que una máquina se desocupa se desinfecta. Aparte hay una sola fila de máquinas habilitada, y de a tres máquinas hay una división del resto por paneles de acrílico. De esas tres máquinas ubicadas entre los paneles solamente se ocupa la del medio, o sea que hay un distanciamiento enorme, la obligación de barbijos, de máscaras para el personal”, detalló.

La posibilidad de exigir un pago proporcional del canon debido a estas circunstancias, como han pedido los hoteles “en este momento no la tengo hablada con los propietarios de Status. Sería lo lógico pero veremos qué decisión adoptan los dueños al respecto”, concluyó.