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Si bien la presidente del IPV negó que vaya a desalojar a una problemática pareja que habita un departamento de las 108 Viviendas en Margen Sur, si admitió que se activaron las actuaciones administrativas para solicitar la restitución del inmueble. “Hay muchas denuncias cruzadas entre esta pareja y los vecinos y ahí nada podemos hacer como Instituto, sino que tiene que actuar la justicia”, dijo la Arq. Leticia Hernández.

Río Grande.- La titular del Instituto Provincial de la Vivienda -IPV-, Arq. Leticia Hernández, fue consultada por ((La 97)) Radio Fueguina, sobre la situación de los consorcios y puntualmente también sobre la situación en las 108 Viviendas de la calle Wonska al 30 de la Margen Sur donde se registraron problemas de convivencia y de violencia entre algunos moradores y por lo que solicitan el desalojo de una pareja.

“La gente del edificio se apersonó casi a fines del año pasado demostrando la situación de violencia en cuanto a la convivencia; nosotros nos apersonamos en el lugar, previamente los hemos atendidos por lo menos cinco veces, los asesoramos para que tengan un acompañamiento legal, que vayan a la Defensoría Pública porque, en esta instancia, los problemas de convivencia se tiene que resolver a través de la justicia, porque el IPV no tiene el poder de policía”, explicó Hernández.

La entrevistada observó que “la situación es que ellos tienen una cláusula que señala que todos tienen que tener una buena convivencia; sin embargo, a todo esto vuelve a surgir un problema el 1° de enero donde esta pareja marcó una serie de violencia en un sector en común que es el pallier haciendo daño en la puerta principal, rompiendo parte de los escalones, quisieron ingresar a distintos departamentos aprovechando que las familias estaban en el campo, como es natural en estas épocas festivas. Además, deshabilitaron los matafuegos y asustaron a un matrimonio mayor”, enumeró.

La funcionaria provincial comentó que “cuando comenzamos a recibir estas situaciones y ellos se apersonaron el 4 de enero junto a sus abogados, nosotros ahí sí pudimos hacer actuaciones administrativa que van justamente en camino de pedir la restitución del inmueble. En estas actuaciones administrativas, nosotros tenemos que agotar todas las instancias y seguramente desde el Poder Judicial habrá un llamado de mediación porque dentro de estas actuaciones hay todo un procedimiento que debemos cumplir”.

Los problemas prosiguieron y los vecinos nuevamente recurrieron al Instituto pidiendo el desalojo de esta problemática pareja.

Ante estos nuevos reclamos la titular del IPV explicó que “este es un problema heredado de la gestión anterior y tenemos entendido que este matrimonio fue a sorteo; es más, los mismos vecinos en su momento le permitieron a esta vecina llevar la administración del edificio”, recordó.

Concedió también que “hubo grados de vulnerabilidad en la cual la gestión anterior lo que tomó más grupos familiares de lo que la normativa establece (de casos sociales) porque a esta señora se le otorga el departamento porque era madre soltera y luego hace pareja lo que va más de la responsabilidad del Instituto en este tipo de situaciones y de conflicto. Lo que sí tenemos entendido es que toda esta gente del edificio fue a sorteo”.

Contrastó que la actual gestión de gobierno, “a diferencia de la anterior, vamos a aplicar la transparencia; es decir, adjudicar por porcentajes como dice la norma que discrimina un porcentaje para discapacidad, para demanda general y situaciones de vulnerabilidad social. Todo eso lo vamos a respetar, no ocurrió así en la 108 Viviendas donde cambiaron parte de la resolución y ahí hay un gran porcentaje de vulnerabilidad social y es así que los vecinos piden este desalojo; pero repito, entendemos que todos ellos fueron a sorteo para habitar el edificio”.

Consultada puntualmente si solicitará el desalojo de esta pareja, la presidente del IPV remarcó que “no” y agregó que “nosotros tenemos desde el comienzo registrado la mala convivencia, la agresividad física donde ahí era la justicia la que debía actuar.  Nosotros, desde el 1° de enero con estos destrozos que hubo, sí nos hace actuar y aplicar ese artículo de buena convivencia y al no haber buena convivencia, al haber destrozos, es comprensible que los vecinos estén asustados y se preguntan qué va a pasar porque la consigna (policial) se termina y están en la incertidumbre lo que hace que nosotros hagamos actuaciones administrativas para ir por la restitución del inmueble”.