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La legisladora del Frente de Todos valoró el respaldo de todos los bloques a la iniciativa que trabajó junto con su par de bancada Ricardo Furlan, para que las familias que tienen hijos en edad escolar y no cuentan con recursos, puedan acceder al servicio de internet. De acuerdo a un informe de ENACOM, sería un 7,5% del total de la población, sobre una cifra de estudiantes de todos los niveles que ronda los 50 mil. Remarcó que quienes no tienen conectividad se encuentran excluidos de no haber clases presenciales y, una vez que el Ejecutivo emita opinión, podrían avanzar con el dictamen. También evaluó el paso de la Ministra de Obras Públicas y aseguró que “no dejó contento a nadie”, porque la inversión en infraestructura escolar de mil millones de pesos “no es lo que se ve en la realidad, con escuelas que en la semana mínimamente tienen dos días de clase suspendidos por distintos problemas”.

Río Grande.- La legisladora del Frente de Todos Andrea Freites explicó por FM La Isla los alcances del proyecto de ley que elaboró junto con Ricardo Furlan y podría tener dictamen en las próximas reuniones de comisión.

“El objetivo es crear un programa de conectividad educativa-social. La idea original fue del legislador Ricardo Furlan, que se acercó con la propuesta. La trabajamos juntos y terminó en este proyecto, que me parece esencial en este contexto de pandemia, por las desigualdades que ha generado en el ámbito educativo cuando se ve interrumpida la modalidad presencial. Lo que pretende el proyecto es crear un programa, que el Ministerio de Educación sea la autoridad de aplicación, y que el Estado provincial garantice que no paguen el servicio de internet las familias que no lo pueden hacer”, dijo.

“En uno de los artículos establece los requisitos para acceder al programa, como ser beneficiario de un plan social, de la AUH, percibir una pensión contributiva, estar inscripto en el monotributo o tener un seguro de desempleo. Además deben contar con hijos o adultos que estén cursando alguno de los niveles de educación”, detalló.

Respecto de la cantidad de familias que no acceden a internet, citó un informe de ENACOM que analiza la situación en las distintas provincias. “Tenemos una matrícula aproximada de 50 mil estudiantes de todos los niveles. En Tierra del Fuego el porcentaje más alto de hogares sin internet está en los estudiantes de nivel primario, en menor grado los estudiantes de nivel secundario, y en la comparación que hace ENACOM con las demás provincias Tierra del Fuego registra un 7,5% de estudiantes del último año de nivel primario y secundario que no tienen internet. Es una herramienta que necesitan los estudiantes y los docentes. Desde el Ejecutivo se paga un porcentaje a los docentes y seguramente es poco y falta; pero hay familias que no logran tener el servicio y eso los excluye del sistema educativo”, subrayó.

“El Ministerio de Educación en la reglamentación de la ley verá los instrumentos que necesita para implementar este programa y las empresas privadas pueden sumarse, porque no son muchas las que brindan el servicio. Todos tenemos que formar parte y colaborar para resolver esto en las familias que están complicadas. Si un estudiante no tiene conectividad hoy está excluido”, reiteró la legisladora.

Destacó que “este proyecto fue bien recibido por muchas familias y por los docentes también, porque alivia el trabajo que tienen. La semana pasada tuvimos reunión de la comisión de educación y solicitamos al presidente que tratara este proyecto. Algunos querían sacar dictamen en ese mismo momento pero solicitamos que se envíe al Ejecutivo para que emita opinión y poder dictaminar en las próximas reuniones de comisión”.

Establecimientos escolares

Por otra parte analizó el paso de la ministra Gabriela Castillo por la Legislatura. “La Ministra de Obras Públicas pasó por la comisión de educación y la verdad no dejó contento a nadie. Todos reclamamos porque, más allá de ser opositores, uno ve los reclamos diarios. Ayer me llegó una nota de una mamá del jardín 14 con una presentación que hizo en resguardo de sus hijas que no tienen clases. Está la Kayú-Chenén, esta semana hablé con la directora del colegio Eva Duarte que desde mayo no tenía clases y esta semana las pudieron retomar, tiene problemas el colegio Antártida Argentina de Río Grande, el colegio Comandante Luis Piedrabuena, el Polivalente de Arte de Ushuaia que no pudo tener clases en 2020 y lo que va de 2021. La ministra no reconoció la falta de planificación y previsión que hubo en infraestructura escolar. Dijo que en el receso invernal van a trabajar en 26 edificios escolares, que son los más complicados. Estos edificios en reiteradas oportunidades tienen suspensión de clases”, afirmó.

“Desde la comisión pedimos que garanticen la calefacción, el arreglo de las cloacas, que haya gas en las escuelas, que no estén obstruidas las puertas de emergencia. Esos son los problemas diarios que existen. Necesitamos que haya prioridades y se puedan garantizar las clases. Si se suspenden, que no sea por problemas edilicios, porque el reclamo es permanente. Muchos dicen que nadie hizo nada por la educación, ni este gobierno ni el anterior, pero me parece que hay una gran diferencia, porque a este gobierno desde la Legislatura le dimos las herramientas que necesitaban. Desde el PJ decidimos garantizar la gobernabilidad porque los vecinos necesitan soluciones, votamos la ley de emergencia educativa, la ley de emergencia administrativa, la ley de emergencia sanitaria, la ley de emergencia de puertos. La emergencia educativa de 2020 decía que semestralmente el Ministerio de Obras Públicas debía presentar un informe a la Legislatura. El año pasado en la visita de la Ministra de Obras Públicas en agosto le pregunté por el informe y dijo que casi lo estaban terminando, y no tenemos ningún informe presentado todavía de la emergencia que finalizó en diciembre del año pasado”, cuestionó.

Agregó que “no se renovó la emergencia educativa este año por decisión del Ejecutivo, porque todos los legisladores estábamos pendientes, teniendo en cuenta el contexto, pero el Ejecutivo consideró que no era necesaria la emergencia edilicia. Se le preguntó por esto a la ministra y dijo que pudo trabajar con el equipo administrativo de Obras Públicas y que lograron acortar el plazo para resolver esto a la brevedad, por lo que no era necesaria la emergencia. Esto no es lo que se ve en la práctica porque, de los 119 edificios escolares, hay un gran porcentaje que en la semana mínimamente tienen dos días de suspensión de clases”, sostuvo.

“El día que fue a la comisión la ministra llevó un informe y dijo que llevaba ejecutados mil millones de pesos en infraestructura escolar. Habló de 71 obras en la zona sur y 106 obras en la zona norte y centro. En esto se habrían ejecutado los mil millones de pesos y nos preguntamos cómo van esos avances, porque habló de las calderas que se compraron, las que llegaban este mes y el próximo. Las licitaciones pueden estar y estas 177 obras significan un ejecutado de mil millones de pesos, pero muchas de las 119 instituciones educativas no están en condiciones”, insistió.

“Tenemos la ley 1.235 donde cambiamos el destino de los fondos de los bonos para realizar una serie de obras, como ampliaciones de instituciones educativas y la creación de la escuela técnica de margen sur. La ampliación del gimnasio de la escuela Luis Piedrabuena ya tiene fondos específicos y hace poco el director del colegio reclamó por los medios por la falta de calefacción en el gimnasio para que los chicos tengan educación física. Con emergencia educativa y los recursos que la Legislatura dio al Ejecutivo para Educación, más los recursos destinados por la ley 1.235, hay que trabajar para poner en condiciones los edificios”, sentenció.

“Las escuelas estuvieron ocho meses vacías y el Ejecutivo desaprovechó esa oportunidad, cuando tenía los recursos para trabajar de lleno en las obras estructurales. El 14 de junio del año pasado se habilitó la obra pública y las escuelas estuvieron vacías hasta marzo de este año, cuando iniciaron las clases, y se desaprovechó totalmente ese tiempo”, concluyó Freites.