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El dirigente barrial Sergio Fresia dio a conocer una nueva intimación realizada esta semana al Gobierno provincial por la que exigen la reapertura del camino alternativo. Se basa en documentación recibida de la Fiscalía de Estado que corrobora que las tierras pertenecen al gobierno provincial y “el ex dueño” de la estancia lindera no puede impedir el paso. Fue crítico de la falta de prioridades tanto del gobierno como del municipio, vinculadas con la unión de la ciudad de Río Grande, y reconoció que se vio defraudado porque esperaba entre los anuncios de las obras del Centenario la construcción de un nuevo puente. “Ya está hecho el proyecto”, aseguró, y lamentó que se utilice el sector para campañas políticas con promesas que “luego quedan en nada”. Además habló de la desarticulación de las juntas vecinales en general, y en particular en la margen sur, que llegó a tener 70 en la gestión municipal de Colazo, y del estado de “dejadez total” por estar sumergidos en el barrio, “sin veredas ni pavimento”.

Río Grande.- Uno de los principales referentes de la margen sur, el dirigente barrial Sergio Fresia, informó por Radio Universidad 93.5 sobre una nueva intimación realizada al gobierno de la provincia para que disponga la apertura del camino alternativo, tras haber recibido documentación de la Fiscalía de Estado que confirma que las tierras pertenecen a la provincia y no a la estancia lindera.

Lo cierto es que mientras desde el Concejo Deliberante el bloque de FORJA está impulsando el proyecto de construcción del nuevo puente sobre el río Grande, una construcción faraónica en tiempo de crisis, no hay novedades sobre una alternativa mucho más viable e inmediata, que es la reapertura del camino alternativo. Fresia dijo que con el presidente de Vialidad, que venía intentando dar una solución, “cada tanto nos mandamos mensajes y creo que ya no sabe qué responderme. Lo último que me dijo es que está esperando que se junte el gobernador y el ex dueño de la parcela de la antigua ruta 3. Hace un mes y medio que se tendrían que haber reunido y, por lo que he visto, no les interesa mucho. Son cosas pequeñas para los asuntos importantes que ellos tienen”.

“Toda la documentación que tenemos confirma que el propietario de esa franja es el gobierno de la provincia. Ya lo pagó y tengo fotocopia de esa documentación del Fiscal de Estado, que no creo que haya falsificado los documentos. Se pagó la suma de un millón 25 mil pesos y tengo la documentación de que ese dinero está depositado para que (Paz) lo reciba. Él no se puede negar a recibirlo y también dice el Fiscal de Estado que hoy esas tierras son del gobierno de la provincia, que se tiene que juntar con el ex dueño de la tierra. El Fiscal de Estado me informa que hay un juicio entre el señor Paz y el gobierno para pedir mayor cantidad de dinero, pero eso no tiene nada que ver con que la tierra ya es de la provincia. La ley de expropiación dice que cuando el gobierno deposita la suma que fija el Tribunal Superior de Tasación de la Nación, ya pasa a ser de la provincia”, explicó.

Agregó que “cuando se hizo el convenio de traspaso, que también lo tengo, tanto el gobierno como el ex propietario aceptaron la expropiación. Eso ya está firmado, por eso digo que el gobierno es el dueño. Ya fue hecha la mensura y por eso comenzaron con el alambrado en su momento. Es cierto que no está terminado y es una falla del gobierno de la provincia, tanto de los funcionarios anteriores como de los actuales, pero eso no significa que las tierras no sean ya del gobierno”, insistió.

Cien años de historia

El dirigente hizo un reconocimiento a quien hizo construir el puente General Mosconi, recordado particularmente en el aniversario de la ciudad, porque “fue un visionario y no sé si habrá soñado que iba a haber 40 mil personas de este lado de la ciudad. Uno tiene que estar agradecido con esta gente que logró realizar esta obra, que además es un punto turístico de la ciudad. Yo estoy de este lado del puente desde 1986, cuando no había luz, agua ni camino, nada de pavimento. Llegamos a esa soledad terrible con mi señora pero a los dos días ya teníamos un montón de vecinos al lado. Ya estaba completo el barrio Austral, que son 160 familias; el barrio Aeroposta, que son otras 140; y nosotros estábamos empezando con el barrio Reconquista. Al mes éramos mil familias en la margen sur y veíamos cómo todos los días cruzaban las casillas sobre el puente, por la gran necesidad que tenía la gente de un lugar donde vivir. En el barrio CAP habría unas 15 familias cuando llegamos a la margen sur, que son familias muy antiguas y muchos de ellos siguen estando ahí”, recordó.

En estos tiempos de revisión histórica, lamentó que no haya sido prioridad ni del gobierno ni del municipio la unión de la ciudad mediante un nuevo puente. “Nosotros en el año 2000 empezamos a plantear la necesidad de un nuevo puente y yo pensé que iba a ser un poco antes el anuncio, apenas asumiera el nuevo intendente, porque el proyecto estaba realizado. Realmente pensé que iba a ser ‘la’ obra de los Cien Años, tanto de la provincia como del municipio, pero seguimos esperando. Se habla de algunos proyectos pero esperaba algo más concreto, ya un convenio con nación, porque tanto el intendente como el gobernador son de la misma línea del presidente y realmente tenía muchas esperanzas”, dijo.

Hasta ahora  no tuvo oportunidad de hablar con Martín Pérez. “Con el intendente quedamos en juntarnos en un acto pero todavía no nos hemos reunido”, señaló, al tiempo que expuso el desmembramiento de la organización social que supo tener el sector. “Yo estuve como Coordinador de Juntas Vecinales en la gestión de Jorge Colazo y llegamos a tener 70 dirigentes vecinales reconocidos por decreto municipal, que habían hecho todos los pasos que pedía la ordenanza, aunque luego se reformó. Los tiempos políticos cambian y esto empezó a desaparecer en la gestión de Jorge Martín, se acrecentó en la gestión de Melella y ahora no sé si quedará alguna junta vecinal. Los políticos son los que deciden cómo quieren la organización vecinal”, aseveró.

“Hoy está todo desarmado, no hay una voz oficial de un barrio, no hay un respaldo del municipio hacia el dirigente vecinal tampoco. Cualquiera se levanta hoy y puede ser presidente si tiene el guiño del político de turno, y pasado mañana si se levanta otro que negoció con el intendente le saca el lugar. Así no se debe manejar una institución. En su momento había 70 dirigentes vecinales reconocidos, se hacían asambleas los fines de semana, salían buenos proyectos a veces y otras era pura catarsis, pero en general había movilización y ganas de hacer cosas. Después no faltaba alguno que tenía la posibilidad de ingresar al municipio, al gobierno, al Concejo o la Legislatura”, manifestó.

“Hoy no tenemos dirigentes vecinales en la ciudad reconocidos como debería ser por una ordenanza, que está avalada por la cata orgánica municipal. La carta orgánica plantea la vida organizada de los barrios, y la junta vecinal es la célula primaria después de la familia, como voz cantante de un sector que va a representar legalmente”, sostuvo, siendo una realidad no sólo de la margen sur sino de toda la ciudad.

“Está faltando pavimento, por todos lados tenemos un barrial tremendo, no hay veredas, no hay pavimento y hay una dejadez total. Cada dos años vienen a hacer campaña a la margen sur y seguramente en estos días va a ser más difícil cruzar el puente porque muchos van a venir a hacer campaña, pero terminan las elecciones y todo queda igual”, cuestionó.

El poncho no aparece

Finalmente y pese a las promesas de una pronta negociación favorable, no hay señales de que se levante la tranquera para tener otro acceso. “Ya se deberían haber tomado medidas y no hay que esperar a que se reúna el gobernador Melella con la familia Paz. Pueden ir con una tijera y cortar el alambrado, porque las tierras son del gobierno y el camino es del gobierno. Nadie sabe quién puso el candado en la tranquera, y si lo puso la estancia el gobierno debería hacer una denuncia por ocupar tierras que no le pertenecen”, planteó.

“Ayer presentamos otra nota al gobierno intimándolo a la apertura de esa ruta, porque consideramos que el gobierno no quiere abrirla, y no es algo de la estancia. La documentación demuestra que el gobierno es el dueño y, si el otro reclama más dinero, legalmente está en condiciones de hacerlo, pero no significa que el ex dueño tenga la potestad de cerrar y abrir la ruta cuando quiera. Está faltando el alambrado, según el convenio, pero tampoco es para cerrar la ruta. Tampoco hay ninguna documentación donde Paz haya intimado al gobierno por no cumplir el convenio y, si un animal sale a la ruta porque no hay alambrado y provoca un accidente, el responsable no es el ex dueño sino el gobierno que no cumplió con el convenio”, concluyó.