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El abogado de ATE, Luís Raña, dio a conocer los alcances del proyecto presentado ayer a la obra social estatal, que fue recibido por el vicepresidente. Plantea la derogación de la ley 1071 y la conformación de un directorio con cinco miembros, dos por los activos, dos por los pasivos y uno por el Ejecutivo, para devolver el manejo de la OSEF a los trabajadores. La solución a los serios problemas que atraviesa la institución vendría de la mano de un plan que tendrá que elaborar ese nuevo directorio, con independencia de las decisiones del Ejecutivo. Además Raña apuntó contra la responsabilidad del Estado sobre la salud pública, que “se cae a pedazos”, por lo que la obra social no tiene más remedio que contratar al sector privado. Sostuvo que debe haber una nueva ley de salud, porque no puede competir el sector público y privado “con herramientas distintas”.

Río Grande.- El Dr. Luis Raña, abogado de ATE, explicó el espíritu del proyecto de reforma de la obra social estatal presentado por la dirigencia gremial, en diálogo con FM La Isla. Indicó que “el primer objetivo del proyecto es cumplir con la Constitución de la provincia, que dice que el trabajador tiene el derecho de participar en la administración de los institutos previsionales a través de sus representantes. Hasta ahora eso no ha sucedido. Con la ley 1071 el Poder Ejecutivo designa al presidente, al vicepresidente y le asigna voto doble al presidente, por lo cual el Directorio queda relegado a la nada”.

“Lo que planteamos es un Directorio de cinco miembros con voz y voto, con dos representantes por los activos, dos por los pasivos y uno por el Ejecutivo. Del seno de ese Directorio va a salir el presidente y el vicepresidente”, manifestó, a diferencia de la legislación actual que prevé una designación del gobernador.

Deudas millonarias

En cuanto a la situación de la OSEF, observó que “hoy la información se obtiene a cuentagotas y hay que plantear cuáles son los ingresos y los egresos. La obra social tiene una deuda aproximada de 200 millones de pesos con los prestadores y obviamente hay desconfianza de esos prestadores, que no van a fiar nada. En medio de todo esto está el sistema y las políticas, porque si tenemos una salud pública hecha pomada, la obra social no tiene más remedio que satisfacer las necesidades de los afiliados con un prestador privado. Eso significa pagar más, porque hay que pagar privados dentro y fuera de la provincia”.

“Tampoco podemos entender por qué tenemos tantos prestadores privados y no se fortalece la farmacia, porque el perjuicio fiscal que se genera es muy grande. Cuando se hacen licitaciones para que participen laboratorios o droguerías en la compra de medicamentos, ese medicamento ingresa con un descuento importante a las obras sociales; pero se termina pagando el valor de venta al público porque no podemos satisfacer la necesidad de los afiliados”, expresó.

“Primero hay que derogar la ley 1071, después hay que reglamentar cómo va a ser el sistema, y el sistema es un plan político que lo va a establecer el nuevo Directorio. Está claro de dónde ingresa el dinero, pero el gasto hay que readecuarlo, y esto no va a depender de una ley sino de un plan de gestión. Por ejemplo, en este momento se acabó la auditoría interna de la obra social, y es una ridiculez no poder auditar a aquellos con los que se hace convenio. Administrar una obra social no es dejar que hagan lo que quieran y que el gobierno después ponga la plata”, cuestionó.

Sin ingreso a la Legislatura

Raña estuvo ayer en la presentación del proyecto al gobierno y la movilización fue en la obra social, pero no hubo una presentación ante la Legislatura provincial. “Hasta donde sé se presentó en la OSEF y lo recibió el vicepresidente, no ingresó a la Legislatura. Yo no soy miembro de la comisión directiva de ATE pero entiendo que esto responde a una estrategia, porque si se presenta un proyecto particular en la Legislatura obviamente va a dormir el sueño de los justos. Me ha pasado a mí con otros proyectos que he presentado”, aseguró.

Asimismo, hizo responsables a las autoridades designadas por el Ejecutivo de la crisis existente. “Me da la impresión de que el Poder Ejecutivo no está dictando este tipo de políticas en la obra social, pero va a tener que tomar decisiones respecto de las actuales autoridades de la obra social, porque vienen las elecciones y además este proyecto se tiene que tratar en la Cámara legislativa. El más preocupado es el personal que trabaja en la obra social. Mi intención es que esto cambie, porque la deuda va a seguir acumulándose y vamos a tener siempre los mismos problemas. Esto no se arregla con poner cien millones de pesos dentro de poco, porque es una de las posibilidades para salir del atolladero. Esto no va a pasar porque los prestadores son muchos y los más caros del país para la OSEF son los prestadores de Tierra del Fuego”, enfatizó.

Afirmó que “a un sanatorio de la provincia se le debe más plata que al Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. No se puede negar la relación muy íntima que hay entre la política sanitaria estatal y el funcionamiento de la obra social. Si la salud pública se cae a pedazos, no hay inversión en infraestructura, no traen médicos, no les pagan bien, la obra social no tiene más remedio que contratar al sector privado para que saque las papas del fuego. Esto no sé si es de inocentes o de vivos”, deslizó.

De los dos lados del mostrador

El abogado expuso aspectos llamativos en el funcionamiento de la salud y en particular de algunos médicos, que atienden en el sector público y privado: “Yo hace 40 años estoy en Tierra del Fuego pero vengo de la Capital Federal, y este sistema no es de Tierra del Fuego, porque acá nadie inventó nada. Se abren muchos centros de salud municipales, gubernamentales, que brindan lo que ellos llaman atención primaria y es el menor gasto, la prevención; y ellos mismos terminan derivando al sector privado. El médico que te atiende en el público es el que deriva al privado, donde te atiende él mismo. Por ejemplo, si alguien tiene una fractura en el pie, va al hospital que es el primer referente que tiene cualquier persona, y cuando llega al hospital le dicen que lo van a operar afuera. Esa plata no la cobra el hospital, porque no tiene clavos, le faltan elementos; derivan afuera, donde le hacen pagar a la obra social la internación, los clavos importados, y esto se va incrementando”, expuso.

“Esto funciona así porque lo armaron así y lo digo con conocimiento de causa. Colocar a médicos como Ministro de Salud es aumentar el egocentrismo de la corporación, porque esto es una absoluta corporación y estos son los resultados. Yo tengo que hacerme un estudio todos los años y no lo puedo hacer en el hospital porque no tienen radiólogo”, criticó.

Una nueva ley de salud

Se le preguntó si esto se arregla con una ley de Salud o ya es imposible por la dimensión de la corporación privada que expone. “Sí, yo creo fervientemente que la situación de la salud pública puede modificarse y hay que hacer un proyecto que cambie de raíz el actual sistema. Tiene que cambiar la situación de los hospitales, la inversión, y aparte de eso se necesita por lo menos en un primer período a un Ministro que ponga en marcha todo eso. Si no, no va a funcionar nada. Si el gobernador quiere que esto funcione, tiene que dejar de lado a la gente de salud y poner a alguien que ponga en marcha un plan, que tiene que ser absolutamente nuevo, inyectar todo lo que haya que inyectar a la salud y ponerla a trabajar del mismo modo que el privado”, dijo.

“No puede competir la salud pública y la salud privada con armas diferentes. No olvidemos que está en vigencia la ley 387, que creó el sistema provincial de salud, y dice que en realidad hay que hacerse cargo de aquel que no tiene obra social. Esto no pasa solamente por el RUPE, sino que pasa por todos los que no tienen cobertura. El gobierno de la provincia es el responsable de la salud de todos los habitantes. Las obras sociales, las prepagas y todo el sector privado y público dependen del gobierno. Hay que ponerse a pensar políticamente cómo tiene que resolverse este tema y lo único que hay que hacer es cumplir con la Constitución. Es absolutamente mentira que el mejor médico es Aerolíneas, porque muchas veces por razones climáticas o lo que sea, no se puede sacar a un paciente. El sistema que utilizan algunos de médicos itinerantes que vienen tres días y no vuelven en quince tampoco sirve, porque arreglan el problema hoy y, si hay una complicación, no la salva nadie”, concluyó.