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Tras el envío del Ejecutivo nacional del proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados, se detalla en el mismo cuánto costarán los regímenes de promoción a la Industria del Conocimiento y el Polo Tecnológico de Tierra del Fuego. En este sentido el presupuesto establece los siguientes ingresos que no recibirá el fisco para promover la actividad en Tierra del Fuego como la liberación IVA compras y ventas por $87.180,5 millones, la exención de Ganancias por $33.229,1 millones, la exención de derechos de importación por $43.181,8 millones y la alícuota reducida de impuestos internos a productos electrónicos por $56.891 millones, por lo que el Estado dejará de recaudar 202.482,4 millones de pesos para mantener el régimen fueguino.

Río Grande.- El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto Nacional que el Ministerio de Economía presentó al Congreso, en el que pronostica que en 2022 la economía crecerá 4%, la inflación alcanzará al 33% y el dólar se ubicará en $131,10.

La iniciativa ingresó el miércoles en el Parlamento, en medio de la crisis política que sacude el Gobierno tras el traspié en las elecciones primarias. El proyecto -denominado oficialmente Ley General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional- también contempla que el déficit fiscal rondará el 3,5% del PBI, el consumo privado crecerá 4,6% y la inversión, 3,1%.

También señala:

– Comercio exterior: subirán 7,5% en las exportaciones y del 9,4% en las importaciones

– Recaudación fiscal: ingresos totales por $15,7 billones, un 45,3% por encima de los $10,7 billones que se esperan para 2021

– Déficit financiero, que incluye los pagos de la deuda, se estimó en 5,4%

– Gasto público aumentará del 2,3% al 2,4%

– Fuentes de financiamiento: se aguarda una emisión de 1,8% ($1,08 billones); fondos de organismos 1,1% ($681.849 millones) y títulos públicos por 2% del PBI ($1,2 billones)

– Subsidios a las tarifas de servicios públicos: alcanzarán al 1,8% del PBI, que podría reducirse en un 0,3% una vez que se implemente el esquema de segmentación tarifaria

– Obra pública: alcanzará al 2,4% del PBI, un 1,8% mayor a la de este año

Pero el proyecto de Ley también indaga cuánto costarán los regímenes de promoción a la Industria del Conocimiento y Polo Tecnológico de Tierra del Fuego.

Regímenes

En el proyecto del Presupuesto también se establece el «costo fiscal» que demandará el mantemiento de la industria tecnológica en el Sur y de las firmas del conocimiento, tras la ley «reformulada» durante el gobierno de Aníbal Fernández.

El caso del Polo Fueguino

El texto establece los siguientes ingresos que no recibirá el fisco para promover la actividad en Tierra del Fuego

– Liberación IVA compras y ventas: $87.180,5 millones

– Exención de Ganancias: $33.229,1 millones

– Exención derechos de impotación: $43.181,8 millones

– Alícuota reducida de impuestos internos a productos electrónicos: $56.891 millones

En total, el Estado dejará de recaudar 202.482,4 millones de pesos para mantener el régimen fueguino.

Con respecto a la Ley de Industria del Conocimiento, el Presupuesto, el texto establece las siguientes cuestiones:

– Monto de la detracción al 100%, equivalente al monto máximo (art. 8) y bono de crédito fiscal, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales: $13.262 millones

– Impuesto a las Ganancias: $2.605 millones

Así, se totalizarán $15.867 millones, a los que habría que sumar otros $2.000 millones de exención de Ganancias a las empresas que realizan investigación y desarrollo tecnológico.

Ley del conocimiento

Micaela Aisenberg y Gabriel Socolovsky, asociados del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, enumeran los requisitos que establece la Ley de Economía del Conocimiento para acceder al régimen:

– Actividad principal: la facturación en las actividades promovidas debe representar un 70% del total de la empresa

– Requisitos adicionales: se deberá cumplir con al menos dos de los siguientes requerimientos:

Realización de mejoras continúas en la calidad de los productos o servicios, cumpliendo con la certificación de normas

Exportación de bienes y/o servicios (3% para micro, 4% para pequeñas y medianas, 10% para grandes)

Inversión en capacitación de empleados (1%, 2% y 5%) o en investigación y desarrollo (1%, 2% y 3%)

«La Resolución 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada el 14 de enero, indica que se entenderá como inversión a las erogaciones que la empresa realice en la capacitación de sus empleados», indican a iProUP Aisenberg y Socolovsky.

Según los expertos, esto contempla «tiempo, dinero o recursos destinados a la formación de personal propio o de terceros, debiendo alcanzar el porcentaje establecido sobre la masa salarial bruta correspondiente a los empleados afectados a la actividad promovida.

«La nueva norma dispuso un listado de gastos computables a los efectos del cumplimiento de este requisito», añaden isenberg y Socolovsky.

Por su parte, Lucas Gutiérrez, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, revela a iProUP: «El Gobierno también prevé ahora que se podrá computar el monto total invertido en los 12 meses o bien el promedio anual de las inversiones realizadas en los últimos 24 meses inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción».

Los profesionales que exportan servicios, en concreto, deben cumplir obligatoriamente con exigencias de la norma de calidad y capacitación de empleados, porque el resto no son aplicables.

Juan Magadan, de PwC Argentina, asegura a iProUP que «el decreto reglamentario de Economía del Conocimiento había hablado de ‘inversión’, de modo tal que muchos players se habían esperanzado con la posibilidad de aplicar (para el cumplimiento del requisito) el tiempo invertido por los empleados en capacitarse».

Sin embargo, continúa el experto, «la Resolución 4 precisa que se trata de ‘erogaciones’, como por ejemplo compra de equipos o contratación de cursos externos».

Para el caso de la capacitación interna, sólo acepta que se apliquen (para cumplir con el requisito) el sueldo del profesional que da la capacitación y apenas hasta el 35% del gasto.

«Estas limitaciones harán ‘muy difícil’ para muchos profesionales que exportan servicios llegan a gozar de los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento», remarca Magadan.

Por otra parte, según el especialista, «la ley permite combinar actividades de desarrollo de software y otros servicios digitales con exportación de servicios. Pero la Resolución 4 pone límites».

Esto sucede porque los servicios digitales explican el 50% de la actividad promovida, como mínimo.

Gutiérrez indica que «la Resolución 4 se compone de cuatro anexos, y en el primero, que es el más extenso se refiere a las actividades comprendidas en el régimen, tema relevante ya que el listado de la ley es muy laxo en los términos que emplea y era necesario precisar qué actividades califican».

«En este sentido, establece que, a efectos de considerar la realización de actividad promovida en carácter de principal, será computada la facturación emitida bajo los Códigos CLAE que se encuentran detallados en otro anexo de la norma», indica Gutiérrez.

Magadan añade que estos códigos «son aquellos bajo los cuales las empresas se inscriben en la AFIP y en algunos casos este precepto les implicará cambios ante el organismo recaudador para poder encuadrarse en los beneficios de economía del conocimiento».

En ese listado, figura uno muy llamativo que son los «servicios aplicados al comercio electrónico», que parece precisar bajo qué rubro estarán dentro del régimen empresas como Mercado Libre.

La situación en Tierra del Fuego

Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (AFARTE), explica a iProUP que el año pasado la industria fueguina comenzó el año con la enorme necesidad de que el consumo se dinamice para sobreponerse de un 2019 que fue el peor año de los últimos 10, en términos de producción y demanda.

La pandemia terminó de complicar, un escenario con grandes dificultades que se tradujo en la fabricación de 6,3 millones de celulares (la más baja de los últimos 14 años), contra los 7,5 millones producidos en 2019 y los 12 millones que salieron de la Isla en 2010.

La producción de televisores siguió una lógica similar y registró 2 millones de unidades, igual que el año anterior, pero un millón menos que los fabricados en un año normal.

«El año pasado verificamos restricciones en la oferta y en la demanda. No pudimos producir y la gente no compró, a pesar de los rumores de mayores ventas, que pudo haber sido un fenómeno en los segmentos de mayor poder adquisitivo, pero que no se verificó en los números», explica Hellemeyer.

Con las plantas trabajando de manera ininterrumpida desde octubre, el sector espera poder fabricar 7,2 millones de teléfonos móviles y 2,2 millones de TV este año.

Sobre la producción de computadoras no hay datos, porque prácticamente dejaron de fabricarse desde la eliminación de los aranceles de importación en 2017, que mató el incentivo para hacerlo localmente, en una apuesta que buscaba bajar los precios y resultó en una oferta de productos muy acotada y a valores totalmente dolarizados.

Juan Ignacio García, secretario de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, agrega a iProUP que el sector arrastra muchos años de caída. No obstante, en 2020, pese a las complicaciones que trajo la pandemia, el panorama general terminó siendo relativamente bueno.

«Ya en el segundo semestre empezaron a normalizarse las condiciones, incluso se dieron buenos niveles de empleo pese al contexto, y ahora hay una leve tendencia a la recuperación», agrega.

El repunte de la industria estará condicionado por el escenario sanitario, la recuperación del mercado interno y la evolución del salario real que impactará en la demanda.

«El tipo de cambio está relativamente amesetado y la mayor parte de los insumos son importados. En ese sentido, hay un escenario de cierta estabilidad, habrá que ver qué pasa con la inflación. Este año seguramente sea mejor que el 2019 y el 2020, pero para que el sector se recupere hay que esperar que se consolide el crecimiento del salario real», estima.

La isla cuenta hoy con 29 empresas de electrónica que dan empleo a 8.000 trabajadores de manera directa y 2.500 de forma indirecta. Pero no están trabajando al ritmo de otros años y no todas están plenamente operativas.

El Gobierno acaba de darle «una mano» al sector al firmar un acuerdo para la estabilidad de precios y el ingreso de los celulares a Ahora 12, pero busca ansiosamente un Plan B para que no dependa sólo de la electrónica.

El objetivo a corto plazo es recuperar los niveles de producción anteriores a 2019 y hay expectativas de que se renueve el subrégimen de Producción Industrial, que vence en 2023 y que permitió la creación de este polo electrónico que fabrica el 94% de los teléfonos celulares, televisores, aires acondicionados, microondas y electrónica para automóviles que se usan en el país.

Nicolás Falcone, gerente de Digital Fueguina, afirma a iProUP que la extensión del sistema es necesaria, pero deberá estar acompañada de políticas nacionales que incluyan entre otros temas la revisión de los impuestos internos para la importación de componentes que amenazaron la continuidad de las fábricas hace unos meses.

En febrero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recorrió las plantas fueguinas para conocer la capacidad instalada, en vistas de la posible actualización del régimen de beneficios, al que probablemente se incorporen algunos cambios.

Además, reafirmó la intención de ampliar la matriz productiva con la creación de un polo tecnológico que incentive la industria del conocimiento y el desarrollo de software.

El mensaje es claro: «Vender servicios que no tengan costos de transporte es un factor clave para el desarrollo, considerando que Tierra del Fuego está ubicada a 3.000 Km. de distancia de los principales centros de consumo y además es una Isla, lo que dificulta y encarece la logística todavía más», agrega García.

Para eso, es central que las empresas se radiquen allí, además de atraer talentos. «Cerca del 50% del empleo formal viene de fábricas del subrégimen industrial y el 70% de la electrónica. Es una gran oportunidad para avanzar en otros nichos en los que hoy no tenemos presencia, porque el régimen de promoción no los abarca y nuestras industrias pueden complementarse con nuevas capacidades», señala.

Y agrega: «No entendemos esto como una matriz productiva que se abandona para tomar un perfil diferente, sino para incorporar nuevos sectores en su perfil productivo».

José María Louzao Andrade, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), asegura a iProUP que Río Grande y Ushuaia tienen universidades con carreras de informática y tecnología, y además existe un subsector de videojuegos que está muy desarrollado.

«La industria del software en Argentina es muy potente, pero está más orientada a soluciones de Inteligencia Artificial, Machine Learning y análisis de datos, lo que se llama software blando», afirma.

Y añade: «No hay un gran desarrollo de software embebido y para que eso pase necesitás que coincidan desarrolladores de software con ingenieros electrónicos. Esa es la gran posibilidad que tiene Tierra del Fuego».

Por su parte, Walter Salama, CEO de Bitpatagonia, firma que tiene datacenters de blockchain en la Isla desde 2017, destaca que la provincia tiene recursos humanos en materia de tecnología, sistemas, robótica y electrónica formados, en muchos casos, en Japón, China y Corea del Sur.