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La legisladora justicialista atribuyó los problemas de la obra social estatal a la gestión y no a la forma de integración del directorio, que proponen modificar los sindicatos. Remarcó que es un problema que tiene que resolver el Ejecutivo, si bien desde la Legislatura se dará el debate correspondiente, porque hay involucrados “55 mil beneficiarios” entre afiliados y grupo familiar, que necesitan respuestas. Hubo una reunión con representantes de los gremios y se espera el proyecto de reforma del Ejecutivo.

Río Grande.- La legisladora justicialista Andrea Freites se refirió por FM La Isla al debate en comisión que dio inicio esta semana sobre el pedido de reforma de la ley 1071, por la que se rige la obra social estatal.

“Hay un proyecto de ley que presentaron los sindicatos para modificar la integración del directorio. En 2016 votamos la división de la obra social y la caja previsional y la conformación de un nuevo directorio, y es la ley 1071 con la que se viene regulando hoy la obra social. ASOEM, UPCN y ATE son los sindicatos que presentaron el proyecto hace un mes, estuvieron manifestándose en la puerta de los bloques, los atendimos algunos legisladores y nos comprometimos a tomar el proyecto, y esto se hizo”, expresó.

“Este miércoles se comenzó a tratar en la comisión 1 y el objetivo es escuchar a todos los gremios que quieren participar. Tenemos 55 mil beneficiarios entre afiliados y grupo familiar, y se ven afectados por la situación que se está viviendo. Estuvo Sandra Esperón, Gallego, José Gómez, Ortiz de UPCN, una empleada de la farmacia de la OSEF, y plantearon la necesidad de trabajar en el proyecto presentado. También manifestaron la situación que vive la obra social, la falta de medicamentos, de profesionales, los recursos con los que cuenta. Estuvimos aproximadamente tres horas y los sindicatos plantearon los reclamos que les llegan. El legislador Ricardo Furlan le preguntó a la trabajadora de la farmacia cuánto tiempo llevaba en la obra social, y dijo que 16 años en un área, 6 años en la actual, es decir 22 años en total. Le preguntó en estos años de experiencia cuál fue el mejor momento que tuvo la farmacia y respondió que el momento en que tenía medicamentos y no había inconvenientes fue en 2017 y 2018, cuando estaba a cargo Margarita Gallardo, con la misma ley 1071. Esto refuerza lo que uno venía diciendo, porque los cuatro legisladores justicialistas consideramos que es un problema de falta de gestión y no de modificación de la ley”, subrayó.

Recordó que “en 2017 y 2018 se puso en vigencia una resolución que preveía la compra de los medicamentos que tienen cobertura del 100% para pacientes oncológicos, diabéticos, entre otros crónicos; y el 30% restante de los medicamentos se podían adquirir en las farmacias convenidas, y se comprometía un recurso importante. Esos fueron los mejores años donde la farmacia contaba con la medicación necesaria. Esa resolución sigue vigente, después llegó Liliana Conti y no la implementaron, y empezó el desfasaje en la obra social”.

“Acá hay un problema de gestión de la obra social. En otra comisión estuvo la presidente y el vicepresidente de OSEF y les preguntamos cuáles eran los recursos que tenían, porque estábamos debatiendo la ley de oncopediatría. Ellos nos decían que para 2022 prevén un déficit de 1.500 millones de pesos, y para este año era de 860 millones. Generalmente si necesitan recursos, desde la Legislatura se dan las herramientas necesarias y se aprueba por unanimidad para que realicen las modificaciones presupuestarias, pero no hay datos concretos y se les pidió que presenten la ejecución”, dijo.

Adelantó que “luego de la sesión de la próxima semana vamos a trabajar en la comisión de presupuesto para ver estos temas. Hay una inflación que nadie desconoce y seguramente gran parte de los medicamentos se cotizan en dólares. Claramente los importes subieron muchísimo. El vicepresidente Leonardo Olgiatti dijo que ellos dan respuesta a las distintas situaciones que se vienen presentando, pero el lunes pasado nos encontramos con pacientes que no tenían la insulina y la tienen que tener sí o sí. Yo me había comunicado por Olgiatti luego del llamado de una afiliada y me dijo que esto lo venían resolviendo con una auditoría externa que están realizando. Esto fue el miércoles, y dijo que entre martes y miércoles estaba prácticamente resuelto. Los sindicatos manifestaron que no pudieron reunirse en ningún momento con el Ejecutivo provincial ni con las autoridades de la OSEF, porque no los atendieron, y querían reunirse con algún ministro del Ejecutivo que tenga peso, para que pueda escuchar los reclamos que tienen”, informó.

“La comisión se comprometió a convocar a las partes para poder avanzar en esta discusión, que es una cuestión netamente del Ejecutivo y son decisiones que debe tomar exclusivamente el Ejecutivo. Hay dos representantes, por los jubilados y por los trabajadores activos, y esto se lo manifestamos a los sindicatos, pero dijeron que no tenían respuestas. En realidad ellos tienen que reclamar a las autoridades provinciales pero también a los que fueron elegidos para que los representen”, consideró.

“En 2016 se planteó como sumamente necesaria la separación de la obra social y la caja de previsión, porque en ese momento los jubilados cobraban su jubilación con un amparo. Se habla de que el Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley pero hasta ahora no hay ninguna presentación. Hubo una nota que ingresó la presidente de la obra social, que luego fue retirada, y los legisladores oficialistas dijeron que el Ejecutivo iba a presentar un proyecto. Tenemos que poner sobre la mesa todos los inconvenientes que surgen y ver realmente cuál es la manera de salir de esta situación, para que los 55 mil beneficiarios puedan tener el servicio que merecen. Yo también tomo medicación todos los días porque soy pre diabética y soy afiliada a la obra social, así que es una realidad que conocemos todos. A los legisladores también nos tocan estas realidades y hay varios pedidos de informe”, apuntó.

“Lamentablemente surgen inconvenientes a diario, yo lo llamo al vicepresidente Olgiatti y me responde a la hora que sea y lo resuelve, pero esa no es la manera. No todos los afiliados pueden llegar a un funcionario o a un legislador. El afiliado debería ir a hacerse atender sin inconveniente y poder comprar en la farmacia la medicación que tiene que consumir. Claramente hay que trabajar este tema y los bloques políticos vamos a estar presentes para ver la propuesta del Ejecutivo”, aseguró.

“Más allá de todos los inconvenientes económicos que pueda haber, yo considero que hay una falta de gestión, porque los recursos están dentro de la provincia y de la obra social. La OSEF es una de las mejores obras sociales que tenemos en la provincia y, quienes viajamos derivados a Buenos Aires, vimos que es una de las que mejor cobertura tiene, porque paga el pasaje al paciente, al acompañante, hay una ayuda económica y eso no se da en otras obras sociales”, destacó.

“Es verdad que hay que revisar algunas áreas, específicamente la gestión, pero también hay muchas cosas positivas en la obra social”, concluyó la legisladora.