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El contador Gabriel Clementino expresó su decepción al conocerse la letra del decreto, luego de las expectativas que había generado el anuncio. Aseguró que la comisión del área aduanera especial no va a existir más, porque las decisiones se van a tomar en Buenos Aires y “lo único que va a hacer es definir las obras que van a hacer los municipios y la provincia”. Consideró que hubo “una repartija de fondos” sin que estén claros los objetivos de ampliación de la matriz productiva. Recordó que hace un año había advertido que el decreto iba a ser “una caja de Pandora” y que era necesaria la participación de todos los sectores de la provincia. No se justifica a su criterio la integración de los municipios porque los fondos para infraestructura deben destinarse a las grandes obras. “Sacarle al sector industrial o productivo plata para hacer más pavimento, para hacer plazas, para dar capacitaciones, no es lo que corresponde”, expresó. Mencionó la experiencia del Fideicomiso Austral, cuyo manejo también quedó en manos del gobierno nacional y desapareció. “Había 4.500 millones de pesos que se debían haber integrado al presupuesto provincial en obras que no están”. También puso la mirada en la ejecución del presupuesto provincial y afirmó que, en obra pública, “llevan ejecutado nada más que un 21%” y el déficit proyectado llegaría a los 9 mil millones este año.

Río Grande.- El contador Gabriel Clementino visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y analizó la prórroga del subrégimen industrial. “Cuando se hizo el anuncio, que fue en un marco importante, como habitante de Tierra del Fuego pensé que era algo bueno. Se hizo en campaña pero lo minimicé al tema, porque lo importante era que se hiciera. El viernes a la noche vimos lo que se había plasmado en ese decreto fantasma que todo el mundo estuvo buscando desde el lunes al viernes. Por la forma en que se hizo, ahora no hay más comisión del área aduanera especial. Hay una comisión ejecutiva que va a estar en Buenos Aires compuesta por funcionarios nacionales. Antes venía el expediente a la comisión del área con el proyecto aprobado y acá se planteaban objeciones y se daba la aprobación definitiva. En esa comisión del área aduanera había representantes del sector productivo, del sector gremial, de la Legislatura, de AFIP, de las cámaras de comercio, de las cámaras empresarias, y hoy no existe eso. Lo único que va a hacer la nueva comisión del área es definir las obras que se van a hacer en los municipios y la provincia”, avizoró.

“El comité de Buenos Aires va a definir el destino del fondeo que se va a hacer con el aporte de las empresas, que es el 15% del beneficio del IVA, no del valor de venta del producto, por lo tanto es un 3.5% y es un porcentaje alto. Esos fondos deberían ser para obras de infraestructura pesada, para el puerto, para el parque industrial, para el puerto seco, para caminos, para conectividad y todo lo que sea inversión para el desarrollo, porque acá lo que se busca es cambiar la matriz productiva”, remarcó.

“Yo he sido convencional constituyente municipal y soy defensor de los municipios, pero no entiendo por qué están, porque con los presupuestos que tienen no creo que les haga falta dinero para hacer pavimento, parques y jardines u obras culturales. Creo que fue una repartija de fondos y sería bueno que hubiera tenido una afectación específica para obras de infraestructura de desarrollo productivo. No tenemos caminos internos pavimentados, como el circuito del corazón de la isla, y es una inversión muy grande. Si eso estuviera tendríamos un cambio muy grande en la matriz productiva con el sector primario, que tampoco está en el subrégimen, como tampoco el maderero”, sostuvo.

“Se habla sobre un abstracto de trabajar para cambiar la matriz productiva y nadie definió cuál es. Es una entelequia y sobre esa linda frase no definen cuáles son los objetivos, los sectores abarcados, los plazos para tener determinada infraestructura”, cuestionó.

Compromiso incumplido

Clementino recordó que “cuando firmaron el compromiso en Rosario hablaron de 50 años de prórroga. Esa fue la promesa de campaña de Fernández con el gobernador electo. Acá hay que decir la verdad y los intereses cruzados en contra del régimen están tan vigentes en este gobierno como en el gobierno anterior. No quieren que exista y hay dos o tres libros de Kulfas que dicen que no tiene razón de ser. Si había una ministra que sabía de esto era Débora Giorgi, porque conocía los problemas y las potencialidades de Tierra del Fuego. Sabemos que había que hacer correcciones, pero tenemos un Estado que no controla. Cobra una tasa de verificación de procesos productivos y no hace los controles que debe hacer”.

En cuanto a la exclusión de los textiles, observó que “hoy dicen que todo el sector textil es malo, y no es así. Tendrían que mostrar cuáles son los que son malos, dónde están los informes, los expedientes, las multas, las notificaciones, las inspecciones donde se plantean las inconsistencias. Es real que hay avivadas, pero para controlar eso está el Estado y cobra la tasa de verificación”.

“Hace un año dije que teníamos que definir qué había que cambiar de la ley, y no esperar a que bajaran un decreto, porque iba a ser una caja de Pandora. Eso lo dije el 20 de octubre de 2020 y se enojaron los legisladores, la Ministra de Producción, el secretario García, y dijo que estábamos haciendo política. Yo hablaba como una persona del sector productivo que siempre estuvo interesada en el tema. Se hablaba de un trabajo conjunto y de golpe vemos que la Ministra de Producción dice el jueves que le habían dado al gobierno el formato de lo que necesitaban y los funcionarios nacionales hicieron otra cosa distinta. No existía ese trabajo conjunto, o existía y no llegó donde debía. Faltó un marco de apertura para trabajar y ver lo que había que corregir”, señaló.

“Sacarle al sector industrial o productivo plata para hacer más pavimento, para hacer plazas, para dar capacitaciones, no es lo que corresponde. Eso no se tiene que hacer desde el municipio, que podrá opinar, pero acá se necesitan caminos y el puerto de Río Grande, pero el cambio de la matriz productiva lo van a definir tres personas en Buenos Aires”, objetó.

Financiamiento a amigos

Teniendo en cuenta que el fideicomiso prevé asistir nuevos proyectos productivos con fondos no reintegrables, se preguntó “por qué vamos a financiar con impuestos nuevos proyectos de algún amigo que presente dos hojas, cuando tendría que ir por el sistema financiero, presentar avales, sacar un crédito y decir qué inversión va a hacer. No se tiene que financiar con el recaudado de este fondo”.

Mencionó la experiencia del fondo del Fideicomiso Austral, cuyo manejo también quedó en manos del gobierno nacional y desapareció. “Había 4.500 millones de pesos que se debían haber integrado al presupuesto provincial en obras que no están. Quedaron en Buenos Aires y hay obras que están pendientes. El gobernador sabe que la obra de la planta potabilizadora la terminó haciendo con fondos municipales, porque no llegaban los del fideicomiso”.

Sobre la transparencia del manejo del fondo, planteó como problema que “se trata de un fideicomiso de derecho privado con fondos que son públicos”, por cuanto los controles del Estado no van a poder ejercerse.

“Las empresas tienen que ser mejor controladas, la Aduana tiene que tener una efectividad mejor para controlar, porque en la Aduana son todos cargos extraordinarios. Las empresas tienen un costo logístico que no tiene Buenos Aires entre transporte, Aduana, retardo en cómo llegan y vuelven los productos. Hay un montón de parásitos que se pegan del régimen y después los problemas los tenemos que resolver entre todos”, enfatizó.

Hacia el oligopolio

Bajo estas condiciones, las perspectivas son la supervivencia de las empresas más grandes y la pérdida de las que tengan menos espalda. “Lo que se caiga lo va a ir agarrando Mirgor en Río Grande y Newsan en Ushuaia. Son problemas de oligopolio y ahí tenemos grises porque no se define el nivel de aprobación de nuevos procesos desde el 2023 en adelante. Hablan de los que se caen pero no de los nuevos. Uno trata de ser positivo, porque si lo miramos del punto de vista oscuro, es esto a lo que vamos”, dijo.

“Queremos garantizar puestos de trabajo, inversiones y desarrollo en Tierra del Fuego y el subrégimen es esencial en el desarrollo. No veo que vayan a poner IVA y, para los autos, por ahora son los importados pero no está definido con los autos del Mercosur. Es otro tema por el que hay que esperar el decreto reglamentario”.

Con el tema de los textiles, la Ministra de Producción admitió que se enteró con la publicación del decreto y “eso es lo preocupante. No existió trabajo conjunto en la provincia, esto lo venimos planteando y se ofendieron, y se delegó a nación para que hiciera lo que quisiera”, reiteró.

“La verdad perjudicaron mucho a Tierra del Fuego y se perjudicaron ellos del punto de vista político, porque buscaron un hecho político con algo tan importante y no terminó siendo un rédito”, analizó.

También afirmó que “en 2015 y en 2019 desde Industria de Nación querían hacer la prórroga un mes antes de las elecciones, y esto lo digo con fundamento, pero AFARTE y otros sectores dijeron que no, porque no correspondía politizarlo. De última planteaban que el próximo gobierno lo iba a hacer. Macri también con una visión electoral lo quería hacer y dijeron que no, para no mezclarse en un esquema electoral. Viendo la carta de intención firmada en Rosario, esto se iba a hacer, pero no de esta manera. Fue netamente político y Kulfas ni habló en el anuncio, siendo co-firmante del decreto, porque después se pusieron a trabajar en lo que le iban a quitar a Tierra del Fuego. A los que hablan de privilegios –con la quita de exenciones a vehículos de alta gama- por qué no miran los privilegios de la zona franca de Río Gallegos, que es minorista y puede vender productos importados –preguntó-. Para qué desarrollo de matriz productiva le sirve a Río Gallegos tener una zona franca. Compiten con nosotros y les dan un privilegio mientras los recortan en Tierra del Fuego. El problema es que los que tienen que defender la ley no saben para qué les sirve”, fustigó.

Subejecución de obra pública

Por otra parte, se le consultó sobre la ejecución del presupuesto provincial en el ejercicio actual y reveló que “el presupuesto del gobierno de este año tiene el mes de agosto publicado, con 5.500 millones de déficit. Los municipios directamente no publican nada. La proyección que hago es que van a terminar entre 8.500 y 9.000 millones, sin ejecutar el 100% de los 4.360 millones de obra pública, porque llevan ejecutado nada más que un 21%. El año pasado presentaron un presupuesto para este año de 20 mil millones para gastos de personal y es la misma cifra con la que van a cerrar, cuando dieron 30 mil millones de aumento por el proyectado. Es decir que sobre 20 mil millones se van casi a un 33% más. Se resignaron las partidas de inversión, la obra pública. Tenemos grandes presupuestos que hacen un presupuesto de caja, donde se pagan los sueldos, se hacen las transferencias educativas, a los municipios, a los entes del Estado y tres cosas más, como los subsidios por la pandemia. A nivel país hay falta de capacidad para ejecutar la obra pública. En el presupuesto de Río Grande para el año que viene tienen 11 mil millones y casi 4 mil de obra pública. De fondos propios son mil millones, es decir que cada 10 pesos, hay 1 para obra pública. Después hay que ver los convenios por afuera pero no necesitaríamos fondos de nación, porque con el presupuesto propio, el nivel de obra pública tendría que estar en 2 mil millones en el municipio de Río Grande”, estimó.

“Falta la estructura burocrática bien entendida. El Estado ha incrementado su plantel de gente pero no es gente capacitada. Han politizado al Estado electoralmente y el profesional no lo ve como un espacio de desarrollo”, concluyó el contador.