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El contador Mariano Viaña, ex convencional constituyente y uno de los gestores de la 19640, planteó serios problemas por resolver a partir del dictado del decreto de prórroga del subrégimen industrial. Más allá de que la comisión bicameral avale el DNU, advirtió que, si lesiona un derecho, también se habilita el derecho al amparo. La preocupación fundamental es la exclusión del sector textil, porque “va a quedar la gente en la calle y todas las actividades relacionadas”, dijo, dado que el plazo para adecuación es exiguo y “con muchos tamices en medio que lo hacen inviable”. Otro cambio que se debe reclamar es el poder decisión sobre el destino de los aportes de las empresas, porque “la capacidad de participación está reducida a una opinión que puede no ser tenida en cuenta y ni siquiera debe justificarse una opinión negativa”, expresó. Pidió a la clase política “dejar de lado las rencillas” para priorizar la necesidad de resolver los problemas que generan ambos decretos.

Río Grande.- “Las rencillas políticas son más fuertes que la necesidad de resolver los problemas”, expresó por Radio Universidad 93.5 el contador Mariano Viaña, ex Ministro de Economía de la provincia, convencional constituyente, diputado nacional y uno de los gestores de la 19640, a modo de reflexión y de ruta a seguir para resolver los problemas generados por los dos decretos vinculados con la prórroga del subrégimen.

Recordó que llegó a la provincia cuando había menos de 7 mil habitantes, repartidos en tercios: uno en Río Grande, otro en Ushuaia y otro en la zona rural, que concentraba gran parte de la actividad económica. Cuando comenzó la lucha por el régimen promocional, dado que en los ’70 por ley se eliminó la zona franca del entonces Territorio, era Ministro de Economía y “todos los sectores estuvieron en el reclamo, porque era una política de Estado y todos estábamos pensando lo mismo, con una idea en común de que la única manera de sobrevivir era con un régimen de excepción. La zona franca ya había sido un disparador para el turismo, porque podían hacer compras sin impuestos de los bienes que ingresaban”, dijo.

El nuevo régimen

Con la prórroga hay aspectos positivos y negativos y hay que resolver los negativos: “Lo que más me preocupa es que va a quedar en la calle el sector textil, y todas las actividades relacionadas. La comisión del área va a tener una función muy relativa, porque los dictámenes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Comisión de Defensa de la Competencia, van a ser obligatorios”, advirtió.

“Se ha inhibido la participación de la gente que conoce Tierra del Fuego en la toma de decisiones. Todos los proyectos tienen que pasar por una serie de tamices y el tiempo va a ser un enemigo. Hemos tenido varios proyectos de petroquímica y ninguno se terminó de concretar o se terminaron concretando en otros lugares del país. La capacidad de participación está reducida a una opinión que puede no ser tenida en cuenta y ni siquiera debe justificarse una opinión negativa. Se ha burocratizado más la ley”, sostuvo.

“Los que no quieren el régimen de promoción industrial, por distintas motivaciones, tienen una fuerza determinada en la opinión de las autoridades nacionales. Nosotros debemos defender lo que tenemos a capa y espada, como lo hacen en otros lugares donde incluso a veces no es conveniente desarrollar determinadas actividades, pero lo hacen para tratar de conservar el empleo”, señaló.

Consideró que “falta una política de Estado en el gobierno nacional, así como hay que reconstruir el Estado en Tierra del Fuego para tener un criterio político en común entre todas las fuerzas”.

Para las textiles el plazo de seis meses es muy poco y también para la presentación de nuevos proyectos. “En la medida que hay una disposición para que cualquier dictamen tenga que pasar por una serie de tamices, es exiguo y de imposible cumplimiento ese plazo. La radicación de nuevas industrias no creo que sea posible, puede ser que a futuro se den nuevos proyectos ligados al avance tecnológico de lo que quede en Tierra del Fuego”, barajó.

El nuevo fideicomiso

Respecto de la creación del fondo con aportes de las empresas, indicó que “se hace con un impuesto coparticipable, que es el IVA. Más allá de que hayan abierto una cuenta específica, las distintas provincias van a querer manotear un recurso que proviene de un impuesto coparticipable, aunque no se podría hacer”.

“Hay incongruencias que uno no llega a entender, porque hace poco se inauguró la zona franca de Río Gallegos, después de muchos años de dictada la ley. Ahí van a poder importar autos, y es incomprensible la prohibición en Tierra del Fuego. Si no hay una distribución de roles de las zonas francas, existe una superposición y se crean incongruencias de todo tipo y color. Es una de las situaciones más graves que se pueden llegar a producir”, manifestó.

Cambio de reglas de juego

Desde el sector textil abrieron la posibilidad de judicializar estos decretos ante la ilegalidad que ambos tendrían, según sostiene CAFIN. “Es una disposición difícil de comprender pero se puede llegar a corregir, por eso hay que volver al Estado, donde la comunidad exprese su opinión y su necesidad. Si se genera una política de Estado con todos los sectores podemos encontrar la manera de que nos escuchen, como nos escucharon en 1970”, confió.

Para eso “debe haber una convocatoria”, que hasta ahora no se dio porque la negociación fue cerrada y el resultado final no lo conocía ni el propio gobierno. “Creo que esa apertura se va a dar y soy optimista, no creo que sean tan ciegos para no ver una realidad que nos incumbe a todos. La necesidad tiene cara de hereje y, aunque a veces peleamos por minucias, ese estado de necesidad nos puede llevar a pensar de una manera distinta. Hay que dejar de discutir problemas que no son importantes ante la realidad que nos enfrenta”, recomendó.

“Algunos creen que modificando ciertas cosas van a resolver los problemas y no es así. Si tenía algo de virtud la ley era la posibilidad de irse adaptando a las circunstancias, no hacer un cambio rotundo, sino en el tiempo. Esta ley perduró en el tiempo y no hubo modificaciones, salvo por decreto, sobre cosas que nunca se debieron discutir. Después de la reforma constitucional del ’94 el Ejecutivo no tiene facultades tributarias. Las facultades delegadas con anterior al ’94 cayeron cinco años después, es decir que a partir del ’99 no hay más facultades delegadas para el Ejecutivo. Quizás la salida no es peleando sino sumando opiniones para ver de qué manera se pueden resolver los hechos que tenemos que enfrentar”, planteó como opción a la judicialización.

“Hay muchos beneficios de la ley que no se supieron aprovechar. Tenemos un matadero pero no tenemos un frigorífico. Las rencillas políticas hacen que no podamos mantener una política de Estado para desarrollar determinadas actividades económicas. Se opta por mantener la rencilla y se deja de lado lo más importante, que es la mancomunidad de los intereses. Hay determinados intereses y pujas que impiden el crecimiento de la provincia. Ante una crisis que tuvimos en la actividad industrial en un momento determinado se volcó mucha gente a la administración pública y eso aumento el gasto del Estado y la burocracia estatal. Terminó siendo el gasto más importante del presupuesto del Estado. Esto llevó a la crisis del sistema jubilatorio, de la salud provincial a través de la obra social, y se generó un aparato del Estado bastante pesado. Si no se sigue una política de Estado razonable, no vamos a tener solución, y si no juntamos las opiniones de todos los sectores, buscando un equilibrio, va a ser muy difícil salir adelante”, insistió.

También puso en duda cómo se van a distribuir los fondos, porque “ya tuvimos experiencias con el Fideicomiso Austral y sabemos cómo termina, porque el que viene hace una cosa distinta del que estaba, no tenemos continuidad y perdemos los esfuerzos realizados durante mucho tiempo. Nos dedicamos a las rencillas políticas y uno con el tiempo ve que determinadas cosas no debería haberlas hecho de la manera que lo hizo, pero las rencillas políticas son más fuertes que la necesidad de resolver los problemas”.

“Es el egoísmo que llevamos adentro todos, y no me creo exento de eso tampoco. Todos hemos puesto una cuota en esto y tenemos que recuperar la cordura, para salir rápidamente y tener solución. Hay que hacer un aporte de menos rencilla y buscar los intereses comunes”, subrayó.

Sobre el inconveniente con los vehículos importados, consideró que “las operaciones que estaban en tránsito deben continuar en el mismo esquema anterior y luego habrá que ver lo que sucede con operaciones del mercado nacional. Si el vehículo viene importado y se demuestra que estaba en tránsito, hay manera de defender la situación. Ahora, si la compra es en Buenos Aires o el continente la situación no tiene que cambiar. No es que está prohibido traer autos de Buenos Aires y va a haber que pagar IVA, porque no está derogada la norma del IVA”, dijo.

“Los vehículos no pueden venir de importación directa a la provincia. Si van a Buenos Aires se van a recibir como hoy, con la deducción del IVA y eso no cambió nada”, aseguró.

Para Viaña, más allá de que la comisión bicameral avale el DNU, “puede haber cambios, porque si hay un derecho afectado, también hay derecho al amparo. Si no está afectado el derecho y el resto es una interpretación, lo discutiremos y lo interpretaremos. Es importante sumar y llegar a una política de Estado. Tenemos que tratar de hablar con las autoridades provinciales para poder llegar a eso, porque tenían propuestas interesantes y hay que hacerlas poner en práctica. Además hay que luchar para que en este fondo creado Tierra del Fuego tenga un grado de participación, porque se va a volcar a la provincia. No puede ser que tres representantes de nación decidan sobre nuestro futuro y nosotros ni siquiera sepamos cuál es la decisión”, sentenció.