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El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina, expuso la preocupación de empresas de todo el país por el anuncio de cortes programados para junio y julio, por desabastecimiento de gas. La guerra entre Rusia y Ucrania fue el detonante, ante la demanda de Europa de hidrocarburos y la imposibilidad de lograr que lleguen a Argentina los 60 ó 70 barcos que se necesitan del gas que se importa. Se suma el aumento de costos dolarizados, cuando no hay reservas en el Banco Central. La falta de infraestructura y desarrollo local para haber logrado el autoabastecimiento provoca que el impacto del contexto internacional sea mayor y se está solicitando al gobierno una programación de cortes para que la producción no se vea afectada. El contador además se refirió a la falta de reglamentación de los decretos vinculados con la prórroga del subrégimen industrial, cuando queda menos de un mes para que las empresas promocionadas adhieran. Todos los proyectos de inversión están paralizados por falta de un marco legal que defina cómo se presentarán y hasta ahora no se conocen reclamos formales ni del gobierno ni de los municipios. Reclamó apoyo a los empresarios locales interesados en invertir, y seguimiento a través de un área específica, previendo que puedan llegar empresas de afuera y se lleven los fondos del fideicomiso. También cuestionó los embargos de AFIP, que comenzaron este año y están destruyendo las empresas cuando recién empezaban a levantar cabeza luego de dos años de pandemia. Se presentaron desde UIA medidas específicas para contener la situación que espera se tengan en cuenta.

Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la comisión de pymes de la Unión Industrial Argentina, expuso por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la preocupación de todo el arco empresario por los cortes programados para junio y julio, por desabastecimiento de gas para la generación de energía.

En los últimos días hubo varias reuniones de la UIA y “se elaboró una propuesta de desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo, que fue presentada al gobierno. Apunta al crecimiento e implica un cúmulo de medidas, como el compre local para la obra pública, que nos puede afectar en la provincia; para la generación de empleo se está pidiendo una reducción de aportes y contribuciones por tres años para los nuevos puestos generados en las pymes; también una moratoria laboral para pymes a fin de promover el blanqueo de trabajadores. En lo que hace a Ingresos Brutos y específicamente al convenio multilateral, se pide que los clientes no tengan tanto saldo a favor, porque es muy difícil recuperarlo, más con lo que puede venir después del pacto fiscal firmado el 27 de diciembre, que le da rienda suelta a las provincias para incrementar las alícuotas. Dentro del crecimiento, se habló del desarrollo más profundo de Vaca Muerta, de la minería, la agro-industria, la foresto-industria. Son varios puntos los que tiene el proyecto”, dijo.

“Cuando se presentó esto planteé por qué se habla solamente de Vaca Muerta y no de otras cuencas, como la Austral. Hay una gran demanda de gas a nivel mundial como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, y lamentablemente ya se están programando los cortes para junio y julio, por falta de energía, tanto de luz como de gas natural, que usan muchos generadores de electricidad. Se había hablado de la posibilidad de reemplazar el gas por gasoil, pero en Argentina el gasoil se importa, así que estamos en la misma. El año pasado se importó por 100 mil millones y hoy ya tiene un costo superior a los 3.500 billones de dólares, sabiendo cómo están las reservas del Estado”, señaló.

En cuanto a las causas de esta crisis energética, indicó que “no sé si fue por falta de previsión, pero uno de los proveedores, que es Bolivia, ya no tiene tanta disponibilidad y hay preocupación de todos los empresarios. Se requieren entre 60 y 70 barcos de gas natural y no los vamos a tener, además de los valores del gas. Es muy probable que no se llegue a abastecer la demanda y se está hablando de administrar la escasez y crear algún tipo de comité de crisis con el gobierno nacional para programar los cortes a la industria. No es lo mismo cortar intempestivamente, que ir avisando. Hay mucha preocupación de distintas empresas. Los representantes de Toyota estuvieron en la reunión y de actividades de toda la república”, aseguró.

Falta de inversiones

El contador remarcó su consulta sobre la falta de inclusión en el programa de desarrollo de otras cuencas además de Vaca Muerta porque “ayer me mostraron un gráfico donde se habla de que Tierra del Fuego tiene el 30% de las reservas de gas no convencional del país, y el único que ha crecido en los gráficos que muestra el gobierno es Vaca Muerta. En la provincia por el contrario hay un retroceso y no veo por qué no podemos poner a Tierra del Fuego como un gran productor de gas. Esto es consecuencia de la falta de inversión, porque el decreto 751 de 2012 quitó los beneficios impositivos y aduaneros -durante la presidencia de Cristina Fernández-, se aplicó IVA y Ganancias a la explotación de petróleo y gas. Después salió el decreto 1049 en 2018 -durante la presidencia de Macri- que devolvió esos beneficios pero para los nuevos emprendimientos, y dice que el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Gobierno y Energía deberá definir el alcance de la expresión ‘nuevo emprendimiento’ en hidrocarburos. Eso jamás se reglamentó, por lo cual nunca en la práctica se devolvieron los beneficios”, aseveró.

Sin dólares ni proveedores

En esta situación se van a ver afectadas todas las provincias, “no se habla solamente de nuestra región -remarcó Gallardo-. A cada una le afectará en distinto grado y a nivel local podrá responder la Cooperativa Eléctrica sobre lo que pueda pasar. Lo que queda claro es que ya es tarde para importar el gas natural que necesitamos. Ya se avisó a muchas empresas de distintas provincias, incluida Buenos Aires, que va a haber cortes y que cuiden la energía. En muchos lugares para generar electricidad se utiliza gas natural, en otras se alterna el uso de gasoil, pero el 50% del gasoil que se usa en Argentina es importado. Por cualquier lado vamos a tener desabastecimiento y ya se habla de cortes para junio y julio. La UIA apunta a este comité de crisis para programar esos cortes y que no afecten la producción de las industrias”.

Letra muerta

Respecto del decreto 1049, promocionado durante la gestión Macri como una devolución de beneficios a nuevos emprendimientos hidrocarburíferos, terminó en letra muerta por falta de reglamentación. “El decreto 751 no solamente había quitado los beneficios a las empresas hidrocarburíferas sino a las empresas de servicios vinculadas con petróleo y gas, entre ellos las que realizan estudios geológicos y de prospección. El decreto 1049 intentó devolver los beneficios, pero solamente para nuevos emprendimientos hidrocarburíferos. En uno de los artículos dice que el Ministerio de Hacienda deberá definir qué se entiende por ‘nuevo emprendimiento hidrocarburífero’. Esto no se reglamentó nunca y quedamos en la nada. Esta consulta la planteé dentro de la UIA, donde había representantes de empresas petroleras y gasíferas, porque la producción de gas de la Cuenca Austral, que es la nuestra, ha caído. Me dijeron que en realidad hay cuencas maduras en faz de agotamiento y que esto tiende a seguir disminuyendo si no hay nuevas exploraciones”, advirtió.

Prórroga del subrégimen

Por otra parte, se lo consultó sobre el fideicomiso previsto en el decreto de prórroga del subrégimen industrial, al que aportarán las empresas para generar fondos destinados a financiar inversiones. Se estimaba un monto de diez a quince mil millones anuales. “Por las consultas que he efectuado, todavía no fueron designadas las tres personas que van a integrar el comité ni está reglamentado el decreto. Hay borradores, por comentarios, y el plazo de adhesión vence el 22 de abril de 2022, es decir que falta menos de un mes. Todos estamos esperando los decretos reglamentarios porque hay mucha gente que tiene ganas de invertir y otros que no conocen bien el decreto porque no se les ha explicado bien”, dijo.

“El decreto 727, para las empresas que quieran seguir bajo el subrégimen industrial por el plazo de 15 años, prorrogable por otros 15 años, establece que deben hacer un aporte del 15% del IVA que cobran por la venta de sus productos. Eso va a crear un fondo estimado en diez mil millones o más anuales, que equivale a todo el presupuesto de obra pública de la provincia. Estos fondos los va a manejar un fideicomiso, que se llama BICE S.A., a través de las tres personas que tiene que designar el Ejecutivo. El 60% de esos fondos, es decir unos 6 mil millones anuales, van a ser destinados a ampliar la matriz económica de Tierra del Fuego. Pueden ser proyectos de industrialización de recursos naturales, de hidrocarburos, es decir petróleo y gas, y eso lo dice el decreto 725. Los fondos se pueden entregar mediante préstamos, se puede asociar el fideicomiso, pueden dar préstamos no reembolsables o a tasa subsidiada. El mismo decreto dice que, de esos 6 mil millones, las empresas que aportan se pueden quedar con el 40% y no mandarlos al fondo, destinándolos a proyectos propios, ya no bajo la ley de promoción, pero sí para explotación de recursos naturales, inversión en una petroquímica, industrialización del agua, todo lo que se les pueda ocurrir que involucre recursos genuinos de la isla. Serían más o menos 2.400 millones de esos 6 mil anuales lo que pueden quedarse las empresas que aportan. El resto, que serían unos 3.600 millones, son para cualquier particular que quiera invertir”, explicó.

Lo cierto es que pasaron más de seis meses del anuncio y, sin reglamentación, todas las inversiones están estancadas. “Yo desconozco por qué no se han reglamentado los decretos y espero que no ocurra como con el 1049 que no se reglamentó nunca. Estamos todos a la espera, y tenemos personas que quieren hacer desde hidroponia, gente en la Cámara que están haciendo pellets, otros que quieren invertir en cannabis medicinal, además de empresas más grandes. Todos están a la espera para aprovechar estos beneficios y poder acceder a los préstamos. Son muchos los que consultan qué pueden hacer para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego”, sostuvo.

Consultado hasta dónde la provincia va a tener injerencia en el direccionamiento de estos fondos, reiteró que “el 60% es para ampliar la matriz productiva y el 40% para obras de infraestructura de la provincia, y uno de los puntos habla de reducir costos logísticos. Uno piensa de inmediato en el puerto. Esto lo firmó el intendente de Ushuaia, el intendente de Río Grande, el gobierno de Tierra del Fuego, y saben que van a contar como mínimo con 4 mil millones anuales para obra pública dentro de su mandato. Hay un consejo asesor consultivo, que no tiene decisiones vinculantes, integrado por cinco personas. Podrán decir lo que les gustaría hacer, pero quienes deciden son los tres integrantes del comité que designa el Ejecutivo nacional. En el consejo consultivo va a haber un representante por la municipalidad de Río Grande, otro por la municipalidad de Ushuaia, otro por el gobierno, otro por la UOM y otro por la Unión Industrial Fueguina. De la municipalidad de Tolhuin no hay representante y tampoco de las cámaras de la provincia”, observó.

“El 40% que pueden usar las empresas promocionadas para proyectos propios, es para proyectos que no van a estar afectados a la ley de promoción y no tienen nada que ver con lo que están haciendo, porque son para ampliar la matriz productiva. Puede ser desarrollo de turismo, turba, madera, gas, pero queda una diferencia de 3.600 millones actuales para cualquiera que quiera venir a invertir en la ampliación de la matriz, industrializando recursos genuinos de la isla”, insistió sobre inversiones paralizadas por falta de reglamentación, no de interés.

“Ellos van a dar prioridad a los proyectos que no requieran de ninguna muleta, es decir que no necesiten subsidios del Estado, como tienen actualmente. Estos emprendimientos quedan en igualdad de condiciones con otros de cualquier punto del país. Llama la atención que no esté un representante de la municipalidad de Tolhuin, porque podría pelear por los recursos que necesita para servicios básicos. Seguramente el gobierno evaluará la necesidad de cada localidad, sobre todo de energía”, barajó.

Respecto de la posibilidad de que queden con esos fondos empresas de afuera, concedió que “uno tiene sus temores, porque si bien se habla de 10 mil millones anuales, también le pueden dar prioridad a proyectos de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, y mañana una empresa de Buenos Aires viene a dar cursos de capacitación acá y puede recibir parte de esos fondos. Veremos qué pasa con la reglamentación y muchos estamos pendientes de esto, porque son varios los que quieren hacer algo en la provincia. Es una lástima la demora y ojalá el Ministerio de Producción de la provincia empiece a ver qué formato van a tener los proyectos, cómo hay que presentarlos, adónde presentarlos, porque esos proyectos no solamente los aprueban las tres personas del comité, sino que pasan por el INTI. En su momento tuve una reunión con ellos y no tenían nada claro con respecto a este tema. No está la reglamentación y no se sabe cómo, dónde ni cuándo se va a poder aplicar el decreto. Lo que está claro es que hasta el 22 de abril las empresas tienen tiempo para adherir. Una vez que adhieran, el aporte del 15% empieza a regir a partir del 1° de enero de 2022, es decir que a la fecha debería haber más de dos mil millones acumulados”, estimó.

Sin reclamos oficiales

Se le preguntó sobre el silencio, al menos por los medios, sobre el reclamo que debería estar haciendo la provincia y los municipios para que salgan las reglamentaciones que están faltando. “Me llama la atención la tranquilidad que se tiene, pero parece que no pueden hacer nada y están esperando”, dijo.

Sobre la posibilidad de que aparezcan empresas de otros lugares y se lleven estos fondos, aclaró que “los decretos hablan de financiamiento para ampliar la matriz productiva pero no dice qué empresas lo van a hacer. Puede venir alguien de afuera que tenga una idea, presente un proyecto y se lo avalen. Es el riesgo que se corre. Los que han firmado, es decir las municipalidades y el gobierno, ya deberían tener un equipo que empiece a explicar cómo se puede hacer un proyecto y quiénes lo pueden hacer. Si yo fuera dueño de una estancia y me dicen que para desarrollar turismo puedo hacer caminos u otras inversiones, no sé cómo hacer el proyecto y dónde presentarlo ni a quién. Para ampliar la matriz productiva debería haber un lugar y un equipo que interiorice a las personas que quieran hacer inversiones, y que después los ayuden, porque todo se decide en Buenos Aires”, recordó.

“Podrían ya crear una secretaría de ampliación de la matriz productiva, por ejemplo, o como la quieran llamar. Es fundamental que, por los pocos días que quedan, las instituciones ya tengan una secretaría dedicada a esto, por la cantidad de dinero que se va a afectar. Tendría que haber un Ministerio dedicado a esto, porque va a estar vigente por 30 años, con un mínimo de diez mil millones anuales. Si no ampliamos la matriz productiva con esto, nos tenemos que dedicar a otra cosa”, sentenció.

Embargos de AFIP

Finalmente, se le planteó la preocupación de varias empresas por los embargos que están sufriendo de parte de AFIP. “Hoy está todo bancarizado y el hecho de que apliquen un embargo preventivo a las cuentas hace un daño enorme y lo matan al empresario. Muchas veces embargan, no una cuenta corriente, sino todas las cuentas, porque la información la manda el Banco Central a distintos bancos. Muchas veces les rebotan los cheques por el embargo, con lo que podrían cubrir la plata que deben en los bancos. A través de la UIA hemos elevado un pedido para que, primero se preavise a la persona a la que le van a embargar las cuentas. No digo que la AFIP no esté obrando dentro de lo que le permite la ley, pero debe tomar en cuenta la realidad. La moratoria que hubo vence el 31 de marzo de 2022, sin embargo, el plazo para no realizar ningún embargo que regía para la AFIP venció el 31 de diciembre de 2021. Al día siguiente hubo un tendal de embargos y medidas cautelares. Las empresas todavía tienen tiempo de entrar en la moratoria, pero ya les han metido los embargos y provocan un gran daño y desprestigio a la persona”, expresó.

“Uno no defiende que no paguen, sino que esta medida de embargos pueda sustituirse por otro bien, que la persona pueda poner un bien en garantía. Otra medida que hemos pedido es que los jueces levanten los embargos cuando la persona va a reclamar en el plazo de 24 horas y esto rige en Córdoba, porque pueden pasar 15, 20, 30 días, hasta que levantan el embargo luego de haber pagado, y es tal el daño que terminan fulminando a la empresa. No se pueden manejar porque tienen cheques rechazados, tienen que pagar descubiertos con sobretasas, hay cheques diferidos de proveedores con los que podrían solucionar el problema. Por eso pedimos la notificación previa a la medida y que permitan sustituir esa deuda con cualquier otro bien. Es un secuestro porque, a partir de que implementan esta medida, uno ya no puede manejar lo que es suyo. No hay que olvidar que venimos de dos años de pandemia, han caído 3 ó 4 mil pymes, y tampoco se le puede pedir a las empresas que de la noche a la mañana que tengan todo regularizado. Embargarle los fondos a alguien que está sacando la cabeza, es como matarlo. Veremos si escuchan el pedido que hemos hecho”, concluyó.