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El Secretario de Energía de la provincia dio a conocer la resolución publicada este sábado por el gobierno nacional, que busca poner límites a la criptominería, una actividad que demanda gran cantidad de energía y no genera puestos de trabajo, lo que va en detrimento del resto de la población. La decisión fue quitar todos los subsidios y esto elevará a seis veces más la tarifa, pero además se buscan otras regulaciones a nivel local, por la que se fijarán prioridades: el objetivo es que la energía vaya a quienes producen y generan mano de obra, y en ese marco se trabaja también en la segmentación que tendrá el nuevo cuadro tarifario. Solorza reconoció una crisis energética en especial en Ushuaia, la necesidad de invertir en nuevo equipamiento para que sea factible el desarrollo, y reconoció cortocircuitos con el presidente de la DPE, Alberto Mancini. Afirmó que hay millones que han llegado del gobierno nacional pero las obras no se ejecutan por problemas administrativos, gremiales y de distinta índole. Personalmente le pidió al presidente que agilice los plazos, dado que el Secretario es responsable ante el Consejo Federal de Energía y se suman deudas a proveedores, teniendo fondos de sobra. “Si las obras no se ejecutan en tiempo y forma, cada vez alcanza para menos, y luego hay que ir a pedir redeterminaciones de precios”, advirtió.

Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza dio a conocer por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada este sábado, por la cual se le quitan todos los subsidios a las empresas criptomineras. Tierra del Fuego es pionera en solicitar esta medida, que podría hacerse extensiva a otras jurisdicciones.

El Secretario de Planificación de Tolhuin expuso que hay muchas empresas que no están llegando por falta de energía, sin la cual es imposible producir, y un alto porcentaje precisamente se lo llevan las criptomineras, si bien no es el único motivo. “Esta situación que se presenta es por la falta de planificación histórica que tuvo la provincia. El grado de obsolescencia de los equipos y el abandono del existente dan cuenta de que el foco estuvo puesto en otro lado. Algunos tienen memoria corta y no se acuerdan de que hemos tenido equipos sin mantenimiento por siete años, se compraron lamparitas a mansalva en lugar de fortalecer las redes de las ciudades, no se compró equipamiento nuevo salvo el que se le puso a la Cooperativa Eléctrica con fondos públicos. Los objetivos de los gobiernos anteriores nos llevaron hasta acá y muchos que hoy se quejan no dijeron nada cuando se instalaron las criptomineras, que consumen gran cantidad de energía y generan poco empleo. Hubo una especulación financiera en sintonía con el gobierno nacional al fomentar la criptominería”, cuestionó.

“Yo conozco todo el circuito y cómo fue fomentado. En su momento dije que era peligroso someter al sistema eléctrico fueguino al estrés que le genera esta tecnología de consumo intensivo. No se trabajó sobre normas ni sobre un reordenamiento, tampoco en fortalecimiento de las redes. Se le dejó la facultad a la Cooperativa Eléctrica y a la DPE de otorgar las factibilidades a estos procesos, pero esto va a cambiar porque estamos trabajando normas para establecer prioridades”, adelantó.

“La factibilidad debe ser administrada de manera estratégica por el Estado provincial y no por las distribuidoras, que tienden a hacer su negocio y vender la energía disponible. Queremos regular esa actividad en Tierra del Fuego”, sentenció.

Con respecto a la quita de subsidios o de aportes extraordinarios a la criptominería, informó que “Tierra del Fuego es la primera provincia que tiene una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. A pedido de la Secretaría a mi cargo por resolución se le quitaran todos los subsidios del Estado nacional a esta actividad. En el boletín oficial del viernes se publicó nuevamente el precio estacional de energía, el precio del transporte, y las criptomineras están claramente excluidas de cualquier beneficio impositivo de la generación eléctrica. La tarifa se ha incrementado en cinco o seis veces más de lo que venían pagando”, dijo.

Observó que “es una actividad poco regulada, pero que no está prohibida, por lo tanto hay que trabajar en la reglamentación e instrumentación de herramientas que la controlen, dejando claro si es una actividad industrial o financiera y económica, porque eso no está muy claro. La Cooperativa Eléctrica y la DPE tienen que hacer el ‘pass through’, como se denomina, para hacer el cálculo y aplicar la tarifa final a cada una de ellas”, señaló del paso a seguir.

“Hemos planteado al Ejecutivo nacional y a CAMMESA esta situación que se presenta no sólo en nuestra provincia. No sería de extrañar que la medida aplicada en Tierra del Fuego se haga extensiva a todo el país. Es un gran precedente que seamos la primera provincia que pidió la quita de subsidios a la energía para esta actividad. He pedido un listado de cuáles son las empresas que han declarado la actividad como tal, porque no tenemos el padrón total de todas. Hay algunas donde no está declarada la actividad, pero las prestadoras de servicios nos han brindado la información con geo referencia de cuáles son las empresas que han pedido factibilidades eléctricas para desarrollar la criptominería”, indicó.

Declaradas y no tanto

Solorza mencionó que en Ushuaia la empresa de este rubro más importante “es BITPATAGONIA -la mayor de Sudamérica- o Patagonia Hash. En Río Grande está Lanval y otras más que están a nombre de apoderados de esas empresas. Si no regulamos e instrumentamos herramientas de control, está proliferando la microminería hogareña. En algún taller que antes tenía un torno y trabajadores, hoy hay pequeñas mineras caseras. En eso hay que trabajar porque eso agrega mayor estrés a las líneas y puede provocar saturación por la demanda que tiene de energía. Esto lo tenemos que desalentar o en todo caso reordenar, para que los vecinos no sufran ningún tipo de corte”, planteó.

Sin cortes programados

A diferencia del resto del país donde se han anunciado cortes programados, en la provincia no habría inconvenientes. “Nosotros no dependemos de manera física del interconectado nacional. Producimos, mantenemos y distribuimos nuestra propia energía y eso en algunos puntos es favorable y en otros es perjudicial. Tenemos una limitación con la energía disponible y con este crecimiento industrial y mayor movimiento económico, se está consumiendo más. Ahora en invierno aumenta el consumo considerablemente pero no vamos a tener el problema de cortes por el contexto nacional, porque no estamos en el interconectado y el gas para la producción sale de nuestra provincia. Si bien lo administra Cammesa, somos proveedores de nuestro propio gas”, explicó.

“Lo que es cierto es que tenemos el equipamiento acotado porque no hubo inversiones en el sistema eléctrico fueguino. Las inversiones las está haciendo esta gestión y estamos trabajando para adquirir nuevo equipamiento, garantizar el existente y tener oferta disponible para nuevos procesos productivos con alto agregado de valor. La administración del recurso la tiene que realizar el Estado, y darle la factibilidad a un galpón con mano de obra de trabajadores y trabajadoras, y no a criptomineras. La ausencia del Estado todo este tiempo permitió que se fomentara la actividad, por las condiciones climáticas, por la quita de impuestos que tiene la provincia y por la especulación financiera virtual como modelo económico productivo que quisieron imponer en nuestra provincia cuando decían que teníamos que reconvertirnos. En esta reconversión, el Estado fueguino fomentó la criptominería como especulación financiera y claramente el objetivo era despoblar los galpones abriendo importaciones de manera indiscriminada para poner empresas de criptominería”, denunció.

Aumento de tarifas

Consultado sobre el aumento de tarifas, consideró que “es necesario ir reacomodándolas, con una segmentación representativa. Tierra del Fuego no desarrolló instrumentos para identificar consumos intensivos, medianos consumos y bajos consumos. Tampoco tenemos una tarifa social y ya he instruido para que se empiecen a elaborar estas herramientas y se identifique a los vecinos que más necesitan de la energía. El objetivo es distribuir de manera estratégica y solidaria la energía disponible, con un plan de trabajo para toda la provincia”, expresó.

“En este momento de mucha inflación sabemos que cualquier aumento tarifario es más presión en la mesa de los argentinos, pero no hay que desfinanciar el sistema y tratar de tener las tarifas más justas posibles para todos los segmentos domiciliarios y para las pymes. En el contexto de pandemia era imposible trabajar sobre un aumento de tarifas, pero tenemos en marcha la recomposición salarial y necesitamos que en la post pandemia las pymes produzcan. En Ushuaia hubo acompañamiento a la hotelería, con planes de pago y moratorias, pero en algún momento hay que discutir tarifas. Estamos trabajando en los cuadros y hay que actualizarlos de una manera armónica, solidaria y justa. El que puede pagar un poco más tiene que hacerlo y es el objetivo que tenemos en el corto plazo”, definió.

Aseguró que “va a haber una tarifa razonable para el sector productivo y buscamos que pague más quien tenga mayor capacidad. Estamos haciendo la evaluación y de allí va a surgir un porcentaje. El último aumento de la Cooperativa fue del 9% para los residenciales, 17% para los intermedios y algo más de 30% para los grandes consumidores. En Río Grande la Cooperativa está haciendo un trabajo importantísimo de refuerzo en la margen sur. Hay obras pendientes que van a permitir mejorar bastante y ojalá antes de fin de año tengamos la mayor cantidad ejecutándose, porque la inflación va deteriorando los ingresos que están viniendo del Estado nacional”.

Cortocircuitos en la DPE

El contraste entre el avance de la Cooperativa y el estancamiento de la DPE fue claro. Si bien Solorza negó que esté cortado el diálogo, fue crítico de la demora en la ejecución de obras. “Con la DPE no tenemos un conflicto, pero sí miradas distintas respecto de determinados temas. La comunicación siempre está, nos han pedido que trabajemos en equipo, pero evidentemente la situación en Ushuaia lleva a que las obras se retrasen más de lo que uno quiere. Hay problemas de administración, problemas gremiales y distintos inconvenientes que retrasan los objetivos que tiene la DPE. Por ahí nos desencontramos un poco, pero no hay pelea. Hay discusiones y miradas distintas, como todo el mundo tiene, y el presidente tiene la responsabilidad de llevar adelante la DPE. Si sus objetivos se cumplen o no, no soy yo quien lo tiene que evaluar”, advirtió.

“El viernes hablé con Alberto Mancini por la resolución que iba a salir el sábado, para que estuvieran atentos para hacer el pass through y avanzar rápidamente en la segmentación que le hemos pedido. La Secretaría de Energía de la Nación busca la segmentación para disminuir subsidios y utilizarlos de manera inteligente”, remarcó.

Reconoció que “es cierto” que hay fondos inmovilizados y en este punto expuso su preocupación como responsable ante el Consejo Federal de Energía. “Hay preocupación por algunas situaciones que se han presentado en Ushuaia y estamos en contacto con el presidente de la Dirección Provincial de Energía. Mi rol es acompañar en todo lo que pueda y colaborar. Soy respetuoso de la autarquía de la DPE y es el presidente el que debe tomar las decisiones. Yo estoy a disposición para colaborar, pero hay preocupación porque los problemas hay que solucionarlos cuanto antes. Vienen procesos muy interesantes para la provincia y proyectos que le agregan valor a nuestros recursos naturales, por eso es importante que tengamos un solo lineamiento para lograr los objetivos que tenemos”, enfatizó.

“Es cierto que hay fondos inmovilizados y se lo he hecho saber al presidente. Es dinero que viene fluyendo y que administrativamente tiene que ir a las obras de los barrios. Yo no niego eso, pero no estamos peleados entre Alberto y yo. Yo estoy abocado a mi gestión, claramente tengo diferencias con la gestión de Alberto, pero eso no significa que no estemos trabajando o hayamos cortado el diálogo”, insistió.

Sin embargo expresó que “el tiempo es dinero, y es dinero público, por lo tanto hay que disponerlo al destino para el cual lo pedimos. Es una preocupación que tenemos porque necesitamos obras para la provincia y no estamos en condiciones de esperar mucho más”.

Respecto de las quejas de proveedores a los que les deben dinero, teniendo millones disponibles, insistió en que “a eso me refiero cuando digo que tienen que agilizar los plazos administrativos y empezar a tener un circuito fluido para que cobren los proveedores, se ejecuten las obras y se puedan rendir los fondos al gobierno nacional, porque en eso yo soy responsable. Muchas veces nos desencontramos porque uno reclama que los fondos se ejecuten y estoy preocupado porque soy el responsable frente al Consejo Federal de Energía Eléctrica, que envía esos fondos. Si no se ejecutan en tiempo y forma, cada vez alcanza para menos, y luego hay que ir a pedir redeterminaciones de precios”, concluyó.