radiouniversidad.com.ar

C. Martín Torres

Diputado de la Nación (M.C.)

Ex Gobernador Fueguino

Mayo 2022

Sin dudas, aquel 1 de junio, es el dato culminante de un período de gobierno de Facto y una Constituyente fueguina unitaria, que se inicia con el derrocamiento del Gobierno de los fueguinos y que va a terminar, significando un día de duelo para el Federalismo argentino que, por ocultarse al Pueblo la verdad histórica, no ha sido desagraviado aún. Pongámoslo en palabras.

Fueron las provincias originarias, las que, en 1853, pactaron en varios acuerdos, la sanción final de la constitución de un Gobierno Federal, de la siguiente manera: “Nos, los Representantes del Pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión nacional…”  La unión nacional resultante y que, aquellos pactos prefiguraban, se saldaba con la cesión de parte de los poderes soberanos de cada una de las provincias y anidaría en un lecho de sangre, vertida antes y profusamente derramada posteriormente, para alcanzar ese objetivo. De esta trágica amalgama histórica, se desprende que, el federalismo que la expresa, resulta una costosa integración política prudente, de distintas capacidades estatales, para conformar una nueva entidad y una única autoridad superior, a partir de un mandato detallado y una distribución de atribuciones acordadas por Ley, que ampara una forma de gobierno dada, no cualquiera, ni al arbitrio de grupo o de persona de a pie, ni en ejercicio de cargo alguno y que, taxativamente, define en su “Artículo 1°: La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal, según establece la presente Constitución.” esto es, un mandato efectivo, de esta super ley que es toda Constitución, por la que, las provincias que le dan su origen y se dan un único Gobierno, se aseguran el mantenimiento de una autonomía federada, en la Nación resultante de dicho acto.

La lucha que culmino con este logro y se cobró la sangre mentada, fue contra la ideología contraria a estos valores y principios antedichos, representada por un republicanismo elitista, unitario y porteño ahistórico, gestado por doctrinas extranjeras y abonado por los intereses comerciales y el control de los recursos aduaneros y financieros del Puerto de Buenos Aires que, en defensa de los mismos, enfrentó a los pueblos del interior, su idea de Patria, su cultura y su criolla versión de la democracia.

Ese mismo conflicto, se expresó en nuestra Provincia aquel verano de 1991 entre el Gobierno, que defendió nuestra autonomía federada contra el atropello del Poder Central y los constituyentes que lo aceptaron, representantes en su mayoría, de los intereses de la Zona Aduanera Especial y sus empleados y comerciantes acomodados de nuestras grandes ciudades, que, como aquellos unitarios del s.XIX fueron los personajes útiles que, con su proceder, se sumaron a la agraviante imposición política del Poder Central, sirviendo, queriéndolo o no, a los agentes extranjeros golpistas del Puerto de Buenos Aires y a la venganza de la Cancillería de Cavallo, por la derrota del 26 de abril de 1990 con la provincialización, cuyo tratamiento no lograron detener esa madrugada del 26, con los cipayos que envió al Congreso de la Nación para hacerlo. Y no solo eso. En otro claro testimonio de la gesta federal de aquel Gobierno de los fueguinos, en cuyo mandato nació la Provincia, hacía pocos meses que- con idéntico protagonismo fueguino -se había concretado el primer paso para iniciar el desarrollo y sanción del Nuevo Pacto Federal, propuesto por mí en Río Gallegos, en la Primera Reunión de Legisladores del Justicialismo de la Patagonia en 1984, con la firma que estampé como Gobernador de la nueva Provincia, en el Acta de Reafirmación Federal junto a la del Presidente y de todos los demás Gobernadores, el 25 de mayo de 1990 en Lujan.

Los “Mitristas” porteños, no lo pudieron soportar y organizaron el Golpe veraniego del 91’, con la llegada de dos esbirros de facto que, por un sueldo, se prestaron a hacer las veces de gobernantes de un Territorio, que había dejado de existir por Ley.

Inmediatamente, sometí a la voluntad del entonces máximo poder local, concentrado en la Asamblea Constituyente Provincial, los ilegales Decretos destituyentes del Poder Ejecutivo Nacional que, en contra de la Ley 23.775 de provincialización- una norma superior – configuraban el Golpe y el atropello a la dignidad de ese Cuerpo que sesionaba plenamente y a la autonomía constitucional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur federal, buscando su alianza, en defensa de la soberanía provincial, pero, los constituyentes echando al barro su representación, legitimaron la asonada unitaria. Se negaron a cumplir el rol histórico, al que habían sido llamados por el Pueblo. El de concretar con su labor, el perfeccionamiento de la organización federal de la Nación.