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El apoderado de CAFIN dio a conocer el pedido al gobernador para mantener una reunión de forma urgente, ante el cambio de las posiciones arancelarias en los insumos que requieren las textiles. Gran parte han pasado de licencias automáticas a no automáticas, que son “muy difíciles de conseguir” y, sin esa licencia, no se puede tramitar la liberación de divisas para la compra de insumos. Ya han textiles con actividades suspendidas y la situación va a empeorar porque “se están comiendo el stock y no saben cuánto van a poder importar”, dijo. Sobre la prórroga no hubo novedades y la CAFIN pide por lo menos diez años. También se mostró preocupado porque ayer comenzaron a trascender los primeros recortes al régimen, como los impuestos internos.

Río Grande.- El apoderado general de CAFIN, Alberto Garófalo, planteó por Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23 la compleja situación de las textiles y hoy espera mantener una reunión virtual con el gobernador, en busca de una solución política.

“El escenario de que nos iban a convocar de a uno había sido fijado por el ex Secretario de Industria y esto cambió. Hemos estado con la nueva Subsecretaria de Industria, que es Priscila Macari, y entendemos que fue un avance importante porque se iba a constituir una mesa en la cual iba a estar sentada la nación, nuestra cámara, el gobierno de la provincia y los sindicatos, para hablar del tema textil. No tendría por qué haberse hecho una diferencia entre textiles y no textiles, pero ya que el decreto lo hizo, la única diferencia con el resto de las empresas podría ser el plazo que iban a dar para la extensión. Claramente no se le pueden requerir obligaciones distintas porque sería injusto dentro de nuestro régimen. Nosotros consideramos que el plazo no puede ser inferior a diez años e iba a estar sobre la mesa de discusión, además de sacarle las cosquillas a aquellos funcionarios que permanentemente están apuntando contra Tierra del Fuego sin conocer lo que pasa. Algunos acusan de maniobras que son imposibles de hacer en la isla, como cuando dicen que las empresas negrean. Es una estupidez sublime porque nadie va a negrear en un régimen que está exento de impuestos”, manifestó.

Lo cierto es que “esta reunión la tuvimos hace un mes y no hemos sido convocados como había sido prometido. Nos habían ofrecido también sentarnos en una mesa con la gente de Comercio Exterior porque estábamos solicitando un tratamiento diferencial para las empresas de Tierra del Fuego en cómo presentar la información y en el acceso a las famosas SIMI. Esto no se hizo e imagino que tiene que ver con que ha caducado el esquema a través de las SIMI y han entrado en vigencia la SIRA -Sistema de Importaciones de la República Argentina-. La SIRA pretende ser un esquema mucho más monitoreado y centralizado. Por ejemplo, cuando uno entre a la SIRA va a tener certeza sobre en qué fecha le van a permitir girar al exterior, porque dentro de ese esquema va a estar la intervención del Banco Central. En ese sentido pareciera que va a ser una tramitación más prolija y con mayor información para dar previsibilidad al importador, pero esto es a partir de conseguir la licencia de importación. Con licencias no automáticas, no hay por dónde empezar con la SIRA”, advirtió.

Más perjuicios

Precisamente el cambio a licencias no automáticas complica más al sector. “La realidad es que detrás de todo esto lo que más nos ha perjudicado es el establecimiento de una cantidad de posiciones arancelarias, porque las pasaron al grupo de los que deben solicitar licencias no automáticas, y es difícil que se aprueben este tipo de licencias. Nuestras textiles tienen comprometidas muchísimas posiciones. Tenemos un par de empresas donde todas sus posiciones de insumos han pasado a la categoría de licencias no automáticas, con lo cual el panorama se presenta bastante difícil”, señaló.

“Hemos solicitado al gobernador que se ponga a la cabeza de este reclamo para ver si por lo menos podemos flexibilizar los insumos más importantes de nuestras empresas para que vuelvan a la categoría de automáticas, porque la SIRA empieza a funcionar a partir de que la empresa se hace de la licencia. Si no, no se puede ni empezar”, sentenció.

“Algunas empresas están con la producción paralizada porque no tienen insumos, y el resto está muy afectado, porque se van a comer el stock y no saben cuándo van a volver a importar. Por ahora no tengo noticias de reducción de personal, con anterioridad algunas empresas habían suspendido actividades hasta noviembre, pero lamentablemente esto va a empezar a suceder si no hay materia prima”, advirtió.
De concretarse la reunión con Melella, la CAFIN espera “detallar en qué situación estamos, y pedir que se lleve el reclamo a nivel político porque, por la vía normal que es la Secretaría de Comercio, no hay posibilidad de avanzar”.

“Hemos hablado con ministros de la provincia luego de la presentación del presupuesto nacional, donde hay menciones a nuestro régimen. Ayer ya hubo trascendidos de que aumentarían los impuestos internos a las empresas fueguinas para dar una señal de querer ir achicando los beneficios. La gravedad de una revisión de este tipo es mucho mayor de lo que hasta ahora ha trascendido”, alertó.

Fondo para la ampliación de la matriz productiva

Por otra parte, se lo consultó sobre las empresas que pudieron acceder a la prórroga y las autorizaciones que debe emitir la nación. “Esto ya lleva un año y no hay explicación para la demora de 11 meses. El último mes imagino que es por el cambio de funcionarios, porque han tenido que empezar de nuevo. Han sacado una autorización en principio, luego salieron tres más, nos han prometido cinco o seis por semana y por esta semana no salió nada. En la medida que vayan saliendo cuatro o cinco por semana ya estaríamos en carrera. Ya han comunicado el número de cuenta, que antes no teníamos, para que las empresas empiecen a depositar y pareciera que esto se empieza a mover”, dijo.

“La autoridad de aplicación tiene plazo hasta marzo de 2023 para depositarle fondos al Fideicomiso. Se han puesto plazos ellos mismos y nunca entendí por qué, porque si eso no sucede se cae el Fideicomiso. Las empresas tenían 90 días a partir de la presentación del pedido de autorización y esto está ampliamente vencido, pero no se le puede pedir nada a las empresas cuando no les dieron la autorización. Nadie va a empezar a pagar si no está autorizado y tampoco lo podían hacer hasta hace muy poco, porque no estaba la cuenta”, planteó.
Confirmó que “ya están designados los tres integrantes del comité ejecutivo, Alejandro Sethman ya venía de la gestión de Kulfas, no siguió como jefe de gabinete pero quedó como presidente del comité; y hay una abogada de Buenos Aires que no recuerdo el nombre. Ambos están por el Ministerio de Producción. Luego está el representante por el Ministerio del Interior el funcionario que tuvo actuación en Ushuaia”, concluyó.