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El Dr. Federico Rauch, reconocido abogado constitucionalista de Ushuaia, planteó la necesidad de oponer un proyecto alternativo a la iniciativa de la Coalición Cívica que apunta a derogar el régimen de promoción, para recorrer el camino contrario y poner en valor la 19640. Aseguró que ya cuenta con uno presentado y está “durmiendo el sueño de los justos”. Tiene previsto continuar con una serie de reuniones con diputados y senadores, con el fin de recuperar beneficios perdidos tanto del régimen económico, dado que desde 2001 los fueguinos pagan los vehículos al valor del continente, como del régimen industrial, donde los inversores deben “ir a hablar con funcionarios de Buenos Aires para ver si les permiten invertir”, cuando debería haber un sistema “abierto y amplio”, que realmente permita el desarrollo.

Río Grande.- El Dr. Federico Rauch, abogado constitucionalista de Ushuaia, fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre el proyecto de la Coalición Cívica y dio a conocer que cuenta con un propio para recorrer el camino inverso a estar “siempre a la defensiva”, e ir en busca de la puesta en valor de la ley de promoción.

“Yo anticipé con toda precisión que alguien iba a intentar derogar de manera gradual la ley, como lo han intentado hacer ahora 11 diputados porteños, que no tienen idea de lo que es vivir en Tierra del Fuego. Esta no es la primera vez. La primera vez no se presentó en forma de separata sino como explicación del presupuesto, y fue en el gobierno de Macri, en 2018 ó 2019. Ahí no hubo una separata, pero sí una explicación en el sub-rubro de regímenes de promoción donde ya se hablaba de gasto tributario. Son siempre los mismos tecnócratas que en esa época habían introducido esta denominación ridícula de gasto tributario, y lo llaman gasto ante la imposibilidad de sacarle dinero de impuestos a los ciudadanos. El Estado tiene que recaudar primero la plata y una vez que la tiene la puede gastar, por lo que no se puede denominar gasto lo que no se recauda”, sostuvo.

“En este barco estamos todos los que vivimos, trabajamos o criamos a nuestros hijos, sin excepción. Detrás de esta gente hay intereses buscando hacernos un agujero en la quilla para hundirnos, y por supuesto que si ese agujero no se tapa nos vamos a hundir, porque la provincia y el concepto de ser fueguinos va a cambiar. Nuestro régimen está parcialmente devaluado, porque desde el 2001 los fueguinos pagan los vehículos al mismo costo del resto del país o más caros. Nosotros nos constituimos en provincia bajo este régimen económico, sin el cual no hubiera sido viable. Derogar el régimen es lo mismo que romper el pacto fundacional de la provincia”, sentenció.

Actitud proactiva

“Hoy todo el mundo está hablando de este tema y poniéndose la camiseta para defender el régimen, pero con eso no alcanza. Al proyecto que se presentó hay que contraponerle otro proyecto que ponga en valor el régimen y ponga de nuevo en vigencia todas las medidas de exención e incentivo para la radicación de argentinos en la provincia”, manifestó el letrado sobre una postura no defensiva sino proactiva.

“Tenemos que poner en valor nuevamente la ley y eso implica también examinar y reducir las asimetrías e injusticias. En la separata se habla de 519 mil millones de pesos, y más de la mitad van para los industriales que no viven en Tierra del Fuego. Hay que ampliar la posibilidad de inversión en la provincia, que depende de la Secretaría de Industria de Nación, y permitir que quienes quieran invertir lo puedan hacer razonablemente, y no dirigir eso sólo a amigos del poder de turno, es decir, poner en valor la 19640. Para eso hay que presentar un proyecto alternativo. Yo ya hice un proyecto de ley que duerme el sueño de los justos a la espera de la voluntad política para tratarlo. Si no hacemos algo es probable que terminemos perdiendo todos”, advirtió.

Dio a conocer que ya se comunicó con “senadores, diputados, referentes de todos los sectores. Este no es un problema partidario sino un problema del Estado fueguino, y todos tenemos que trabajar para el mismo fin, que es poner en valor la ley 19640 y hacer que el sistema económico se incremente y se ponga a funcionar en términos de la economía del Siglo XXI”, dijo, cuestionando las restricciones a la posibilidad de inversión a ciertos sectores. “Lo mismo pasa con el régimen general cuando los fueguinos quieren traer mercadería se les dificulta, y tampoco la pueden sacar sino bajo determinados supuestos. Hay una serie de limitaciones que se fueron agregando a lo largo del tiempo que hay que corregir. Tenemos que pasar del silencio de la clase política y de la defensiva, a la ofensiva. No podemos seguir como con cierta culpa, porque los fueguinos hacemos Patria y, si a estos diputados que están cómodamente sentados en Buenos Aires les parece que no, podrían venir a palear nieve y meterse aquí”, desafió.

Comparó la situación con Manaos, donde “los brasileros, tanto la oposición como el oficialismo consideraron que esto era tan importante, que votaron no solamente una ley sino una enmienda a la constitución brasilera, para instalar el régimen. Le dieron la mayor seguridad jurídica a los habitantes y los inversores, como garantía de que no se va a tomar el régimen hasta el año 2062, oportunidad en que se revisará si hay que cambiar algo”.

“La ciudad de Manaos tiene un centenar de rascacielos y cuatro millones y medio de personas, es decir la misma cantidad que la ciudad de Buenos Aires, que es la Capital Federal de la Argentina, y eso no es casual, sino que es producto de respetar las reglas de juego y dar seguridad jurídica. Acá la nación ha metido mano permanentemente al régimen, que ha sido manoseado, se han establecido reglas gomosas y restrictivas, con ciertos beneficios a ciertos sectores y perjudicando a otros. El resultado está a la vista, porque la diferencia entre el mercado de Manaos y el de Tierra del Fuego es enorme. En cuanto a las condiciones climáticas, el día más frío hace 38 grados y las temperaturas llegan a los 55 grados, porque está al lado del río Amazonas y los mosquitos más chicos tienen dos metros de alto. Son condiciones difíciles también, allá con calor y acá con frío, pero la diferencia no es el clima, sino que las reglas de juego se respetan y son atractivas para alentar la inmigración. En 1970, Manaos era una aldea de pescadores y no tenía más de 55 mil habitantes. Hoy tiene una amplia gama de productos, a diferencia de Tierra del Fuego, se pueden fabricar bicicletas, motocicletas, Honda tiene una de las fábricas en Manaos, de donde también exporta. El rango de actividades que se promocionan es muchísimo más amplio que en Argentina. En Tierra del Fuego cualquiera que quiere hacer una inversión tiene que ir a hablar con funcionarios que están sentados en un despacho en Capital Federal que nunca pisaron la provincia, para ver si les permiten invertir”, contrastó.

Asimismo expuso la contraprestación que deben brindar los inversores: “El gobierno de Manaos entrega gratuitamente la tierra fiscal al inversor y lo exceptúa del pago de impuestos locales durante un plazo para que amorticen el costo de la instalación; pero junto con eso no solamente deben levantar la planta industrial, sino que la gente que trabaja tiene que tener dónde vivir, tienen que formar barrios, escuelas, comisarías, redes de servicio, y son aportes que hace el inversor a medida que va desarrollando sus actividades. Para eso los políticos tienen que ceder caja a cambio de tener, no una calle llena de barro, sino una calle pavimentada. Es obvio que, si se cambian las reglas todos los días, el que tiene plata no va a invertir acá”, expresó.

Falta de controles en los ingresos

Por otra parte, se le pidió opinión de los cuestionamientos a la seguridad de la provincia, tras el doble crimen en Río Grande, dado que hace tiempo no funciona el escáner de la frontera y ahora tampoco el del aeropuerto de Ushuaia. “Las responsabilidades están muy claras, porque están escritas en las leyes vigentes. El problema es sencillo de resolver porque esta es una isla y estamos aislados físicamente del resto del territorio nacional. El control de fronteras es competencia excluyente federal. Las fronteras las cuidan los gobiernos federales, y no existen aduanas interiores. La provincia de Tierra del Fuego no tiene competencia y ninguna posibilidad de controlar el ingreso de droga. Es una responsabilidad primaria del gobierno federal, que debe custodiar los ingresos y egresos de la provincia”, dijo.

“Hay posibilidad de cooperar y coordinar trabajos con las fuerzas provinciales ante determinados delitos de narcotráfico, y de hecho es lo que ocurre en todas las provincias. Los jueces federales normalmente piden la intervención de la policía de la provincia y viceversa, pero eso no quita la responsabilidad primaria en el manejo de los delitos de narcotráfico, que es del gobierno federal, y deberá ver las medidas más efectivas para el control”, concluyó.