“Es una ley arbitraria e injusta, que no tuvo debate”

El Dr. Valter Tavarone, referente de Somos Fueguinos, planteó sus disidencias con la reforma previsional aprobada por la Legislatura y la calificó de “arbitraria e injusta”, porque dentro del sector activo hay algunos que no quedan comprendidos en los beneficios que se ampliaron. Cuestionó la falta de debate porque “entró sin dictamen en sesión”, por lo cual no hubo acceso al texto final que se iba a aprobar y sólo lo debatieron los legisladores, dijo. Aseguró que la jubilación especial es “una jubilación de privilegio” y va a permitir que varios decidan el pase a la pasividad, sin un estudio previo del volumen alcanzado y el impacto que tendrá en la caja.

Río Grande.- El Dr. Valter Tavarone, ex vicepresidente de la obra social estatal del ex Territorio y referente de Somos Fueguinos, fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la reforma previsional aprobada por la Legislatura. “Creo que es una ley arbitraria e injusta. Si bien es cierto que restituye derechos que fueron quitados en la emergencia, perjudica a otros sectores o mantiene el statu quo, sobre todo de los pasivos que se jubilaron por el régimen anterior”, señaló.

“La jubilación extraordinaria que contempla la ley genera una verdadera jubilación de privilegio y es muy parecida a la ley 460, más allá de que le moleste a los sectores alcanzados. Es de privilegio porque se va a jubilar gente con 55 años. Si estamos presupuestando un déficit de 1.400 millones para el año que viene, hay algo que no funciona. Hay gente que ingresó a temprana edad y no es del sector alcanzado, no va a poder acceder y se rompe el concepto de solidaridad social que debe existir entre los activos”, planteó.

“En Salud se ampliaron derechos con la incorporación de otros profesionales, en el sector docente no hay grandes modificaciones; se baja a 12 horas cátedra mínimas para acceder a la jubilación ordinaria docente, pero no es un gran cambio. Nunca estuve de acuerdo con la ley de emergencia ni con cómo fueron tratados los pasivos, pero tenemos que lograr que el sistema se sostenga. Algunos que acceden a la jubilación ordinaria van a poder anticipar el beneficio con una jubilación especial que no estaba contemplada. Muchos se van a jubilar y además vamos a tener vacantes y cargos para cubrir. Es una contradicción crear estos beneficios mientras hay una ley de emergencia”, sostuvo.

Sin debate

También cuestionó la falta de debate porque “solamente debatieron los legisladores y no pudimos acceder al proyecto final que iba a ser sometido a votación. Mínimamente habría que haber presentado un pedido de informes a cada una de las áreas de Recursos Humanos para saber cuántos se van a jubilar con esta reforma y a partir de ahí tomar una decisión. Los estudios actuariales no eran favorables, los presentó la caja, y no sabemos qué participación tuvo el directorio”, expresó.

Problemas con coeficientes

Por otra parte, Tavarone cuestionó las liquidaciones por el cálculo del coeficiente y, en su caso personal, lleva adelante un reclamo que está en el Superior Tribunal. En su caso se jubiló por la ley anterior a la reforma de enero de 2016, que permitía tomar el mejor ingreso de los últimos 10 años. “En realidad no estamos cobrando el 82%, porque nos jubilamos con determinado cargo, categoría, antigüedad y, si vamos a lo que cobraríamos hoy y aplicamos ese porcentaje, no se corresponde con el haber, que era un derecho adquirido. En el juicio en trámite no planteé la inconstitucionalidad de las normas de Bertone sino la aplicación que hizo la caja de las leyes”, aclaró.

“Es indescifrable cómo aplican el coeficiente. Hay un principio básico y es que las leyes no son retroactivas. Cuando accedimos al beneficio jubilatorio antes de la reforma de 2016, tomábamos 10 años, buscábamos el mejor haber percibido y sobre eso se calculaba el 82%, y aumentaba con cada aumento de esa categoría o cargo. Eso fue cambiando con el coeficiente que fijó un promedio de los aumentos que recibe cada área. La quita es mucha y se está deteriorando el haber de los pasivos. Yo disiento con los fallos del Superior Tribunal en varios de estos reclamos, porque no se puede aplicar retroactivamente una ley salvo que sea más beneficiosa y en este caso es perjudicial”, aseveró.

Asimismo expuso las dificultades que se presentan a los jubilados en general para reclamar en la justicia, por todas las costas judiciales. “Es una mentira que todos los jubilados de la provincia son ricos, porque hay haberes de 60 ó 70 mil pesos y el costo de vida está por encima de 100 mil pesos”, remarcó.

“En este punto la Legislatura lo único que ha resuelto es la determinación del haber por promedio. Es cierto que, si antes promediaban diez años y ahora van a ser los cinco mejores, el haber va a mejorar, pero eso no es para los que nos jubilamos para las leyes anteriores a la gestión Bertone, sino para los que se jubilaron a partir de 2016”, sentenció.

Elecciones 2023

También se le preguntó sobre su futuro político y dio a conocer que hace pocos días se afilió a Somos Fueguinos. Por delante queda el debate interno para ver las estrategias electorales y consolidar la presencia en la zona norte, dado que Fadul mantiene un importante caudal de votos en la capital fueguina. “Es un partido que está en crecimiento y ya tiene presencia en Río Grande. La Dra. Fadul hizo una muy buena elección en la ciudad cuando se presentó como candidata a diputada. El partido tiene presencia y autoridades en Río Grande. Nosotros estamos seguros de que tenemos que hacer una oposición seria y responsable, porque no puede ser que los oficialismos de turno sigan manejando a su antojo los Ejecutivos. El rol de los legislativos, tanto en la provincia como en los municipios, es controlar al Ejecutivo, no solamente legislar, y es una función que está olvidada. Espero que nuestros vecinos sepan cambiar en el cuarto oscuro, porque necesitamos que se controle. No es conveniente para la salud de la democracia convertir en escribanías a los cuerpos colegiados”, manifestó.

Involución en la carta orgánica

Finalmente hizo un balance de la carta orgánica reformada, a más de un mes de finalizada la convención. “La convención dejó un sabor agridulce, porque algunas cosas se mejoraron, pero se perdió el espíritu participativo que tenía la carta orgánica original que sancionamos hace más de 20 años. Vemos con preocupación la concentración de poder en el Departamento Ejecutivo, cuando había un espíritu de control de gasto público, de publicidad y transparencia”, dijo.

“Desde la Sindicatura no se ha hecho una sola observación y hay una tarea que no se cumple. La falta de personal o de presupuesto no es una excusa y la reforma no cambió en más o menos esta situación. Cualquier ciudadano puede requerir información pero, si no hay voluntad de responder, se hace dificultoso para el vecino contratar un abogado para hacer un amparo por mora. La carta orgánica municipal que no quedó sujeta a reforma establece la obligación de dar acceso a la información pública. El funcionario que debiera velar por el cumplimiento de todas estas cosas es el defensor del vecino y todos sabemos que nunca se puso en funcionamiento en Ushuaia, aunque tiene partida asignada año a año. Ahora que se modificó el procedimiento de selección, esperemos que una vez reglamentada la carta orgánica se ponga en funcionamiento”, expresó.

“En general los Colegios de Abogados tienen profesionales que dan asesoramiento gratuito, pero muchas veces el vecino no conoce esa información. Pide información dos o tres veces y se cansa. Por defensa del consumidor tenemos problemas todos los días y la herramienta la aprobó el Congreso pero hay que tener voluntad y ser insistente y, cuando la cuestión económica no justifica buscar un abogado, el vecino desiste”, observó sobre los motivos por los que no se ponen en marcha muchas veces las herramientas legales, en este caso de acceso a información.

Respecto de la reglamentación de los artículos reformados, expuso que “están corriendo los plazos, pero todavía no se presentó ningún proyecto. Ahora el principal tema es el presupuesto 2023 y creo que cuando inicie el período legislativo del año próximo van a entrar más en este tema. El 8% de tope para el Concejo Deliberante no necesita reglamentación. El Ejecutivo presentó un presupuesto de 23 mil millones, de los cuales 19 mil son de libre disponibilidad, lo que quiere decir que hay más de 1.500 millones, una cifra muy superior al presupuesto actualmente vigente”, adelantó.

Terrenos sin servicios

Como otro retroceso, recordó que “los nuevos servicios que exige la norma son la recolección de residuos y el tratamiento de efluentes cloacales y hubo una involución en la reforma, porque no es lo mismo el tratamiento que la construcción de una red cloacal. En vez de incorporar nuevos servicios esenciales, que hacen a los derechos humanos y el bienestar de los vecinos, hubo un retroceso”.