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El concejal de Ushuaia Javier Branca anticipó que no votará el proyecto de presupuesto 2023, ante la falta de transparencia en el gasto público. Afirmó que se presentan solamente “títulos sin desglose” y los funcionarios no han podido explicar en qué se gasta el dinero, o los motivos de ajustes que llegan al 1.300%, cuando la inflación proyectada ronda el 100%. También cuestionó la cantidad de funcionarios que el municipio tiene contratados con domicilio en Río Grande, sin contar “la megaestructura” de la Casa de Ushuaia en la ciudad de Buenos Aires, que ha servido “para albergar a La Cámpora desde el 2015 en adelante”, dijo. Respecto del ejecutado, estimó que el 57% del plan de obra pública de este año no se hizo y quedaron solamente los anuncios.

Río Grande.- El concejal de Ushuaia Javier Branca se refirió al tratamiento del proyecto de presupuesto 2023 de la ciudad capital. Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23, señaló que los funcionarios “han intentado explicar cuando se les preguntaba sobre el desglose de lo que presentaron a modo de título, pero no pudieron explicar nada. El plan de obras públicas que se había presupuestado para ejecutar este año ha sufrido un recorte significativo con respecto al año pasado. Para este año se habían presupuestado 3.422 millones de pesos, pero hay un 33% que no se hizo ni se va a hacer, como la terminal de ómnibus, la segunda etapa de la urbanización General San Martín, muchas pavimentaciones, un gimnasio en Andorra, un paseo a cielo abierto”, enumeró.

“Dicen que no recibieron los fondos y nos enteramos de que habían anunciado obras que no tenían fondos. Por lo visto es un acto habitual firmar cartas de intención con algún funcionario nacional amigo. En algunos casos las obras se concretan y en otros quedan en la carta de intención, como la planta de tratamiento de residuos que se firmó con Juan Cabandié. Estas obras se anuncian, pero nos encontramos con que el 33% de las obras no se hicieron y, de las que se hicieron, hay un 23% que tienen un avance muy escaso, por lo cual no se van a terminar en 2022. En total, el 57% del plan de obra pública no se concretó. Es una cifra importante entre lo que no se va a hacer y lo que tiene un avance muy escaso”, subrayó.

“Nos sorprendió esto cuando contrastamos con otras áreas del gobierno, porque la Jefatura de Gabinete aumentó en un 113% respecto del año pasado y generalmente todo aumenta como bienes de consumo. Tenemos aumentos de bienes de consumo de hasta el 1.300%, y son cifras que van de los 300 a los 400 y 600 millones. Los aumentos distan mucho del peor escenario inflacionario para 2023. La inflación que se espera para el año que viene será como mucho del 100% ó el 120%, no del 1.300%. Lo han multiplicado 100 veces más y, cuando uno pregunta por los bienes de consumo, dicen que es papel, lapiceras, toner y, sobre el nivel de aumento de lo presentado, dijeron que iban a presentar por escrito la respuesta porque no podían darla en ese momento”, indicó.

Para Branca, “presentaron un proyecto de presupuesto que es arte rupestre, aunque el arte rupestre era más preciso. Son todos títulos sin desglose, sin nada de transparencia, son cajas negras y no pueden responder. Eso es lo que ha primado: que no pudieron responder y acordaron hacerlo por escrito. Pero esas respuestas por escrito nunca llegan y, cuando lo hacen, repiten lo mismo que está escrito en el presupuesto. Es muy difícil de acompañar este presupuesto”, explicó.

“En el plan de obra pública para el año que viene nos encontramos con que es solamente un 22% del total del presupuesto. Para la Secretaría de Turismo, que debería ser la industria madre de la ciudad, solamente hay un 1% del presupuesto, mientras que la Jefatura de Gabinete tiene funcionarios con domicilio en Río Grande. La Secretaría de Relaciones Parlamentarias no tiene ninguna relación con el parlamento ushuaiense, porque no los conocemos y nunca vienen acá, y también tiene funcionarios de Río Grande”, aseguró.

Colectivos vencidos

En cuanto al transporte público, recordó que “hubo una promesa de nuevos colectivos, pero, de acuerdo a la legislación vigente, el mes que viene la flota dejaría de estar en condiciones de prestar el servicio, porque en promedio no pueden superar los seis años de antigüedad, y los chasis son como mínimo del 2016. Con la UISE hay una situación particular, porque ellos plantean que tienen un ingreso de 1.700 millones de pesos, pero no es solamente el servicio de colectivos porque además tienen unidades de limpieza, e incluyeron dentro del presupuesto 291 millones de recaudación por estacionamiento medido, que es 22 veces más de lo que prevé recaudar la ciudad de Río Grande”.

“El estacionamiento medido está a cargo de dos cooperativas y, para pasar a manos de la UISE, tiene que tener la aprobación con la mayoría agravada del Concejo Deliberante. Hoy el Ejecutivo no cuenta con la aprobación de la mayoría agravada para aprobar la incorporación de estas dos cooperativas dentro de la UISE. Sin embargo, prevén recaudar 291 millones con el estacionamiento medido y esto hace que el presupuesto no tenga superávit, porque va a tener una merma de 291 millones y no supieron decir de dónde van a sacar la plata”, cuestionó.

“Cada centavo que entra tiene un destino, e incluyeron algo que no fue hablado con los trabajadores de la cooperativa que están cobrando el estacionamiento medido, tampoco hablaron con los concejales para saber si van a acompañar con la mayoría agravada. La UISE como tantos otros entes municipales, son cajas negras. La carta orgánica reformada establece la mayoría agravada y, cuando estuvieron los funcionarios, tres concejales dijimos que no estábamos de acuerdo con la incorporación del estacionamiento medido a la UISE. Ellos dicen que van a incorporar el personal, pero ni siquiera han hablado con las cooperativas. Si decidimos no acompañar, la UISE va a haber un déficit de 291 millones de pesos”, adelantó.

Funcionarios que no son de Ushuaia

Branca dijo que, para reforzar otras áreas, propuso que cesen los contrarios de funcionarios que no residen en Ushuaia. “Yo planteé que pueden hacer un recorte de la Jefatura de Gabinete, que tiene 1.700 millones no sabemos para qué, porque no está el detalle de en qué van a gastar tanto dinero. Podrían dejar de pagar a tantos funcionarios de la ciudad de Río Grande, y con eso podrían tener un servicio de colectivos acorde a las necesidades de la ciudadanía. El presupuesto es de 23 mil millones de pesos y, en cuanto al personal, han colocado la planta política, pero después hay muchísimas formas de aumentar el plantel político sin que tengan cargos, con diferente tipo de contrataciones que no blanquean. Les hemos pedido detalles al respecto y nunca lo blanquearon, entonces no sabemos cuál es esa super estructura política que hay en el municipio y entendemos que es una municipalidad paralela”, barajó.

“Ellos ponen en la presentación del presupuesto cuánto se destina a masa salarial, pero no está la discriminación entre funcionarios de planta política y las contrataciones de servicios, el personal de planta permanente, y es muy difícil hacer una lectura. Ayer nos encontramos con que la Sindicatura Municipal, que es el organismo que debe auditar el uso de los fondos públicos, audita lo que aparece en el presupuesto y lo que el Ejecutivo presenta como ejecutado. Por ejemplo, en la Secretaría de Cultura hay 211 millones de pesos en bienes de consumo, y es un aumento del 738%. Según lo que pregunté, la Sindicatura Municipal contrasta esos 211 millones de pesos en bienes de consumo con el ejecutado, y agarra unos muestreos al azar, que son del 8, 9 ó 10%, y revisa que haya boletas, que certifiquen que efectivamente se utilizó el dinero. El resto no se audita”, afirmó.

“La Sindicatura presentó un proyecto de presupuesto que fue recortado en un 59%, es decir que les recortan el presupuesto en más de la mitad al organismo que debiera controlar la gestión de La Cámpora en la municipalidad. Es muy difícil saber qué pasa con el dinero de los vecinos”, remarcó.

Recolección de residuos

También se le preguntó sobre la contratación más costosa del municipio, y dijo que “lo que ocurrió con la reforma de la carta orgánica es que estas contrataciones ya no tenemos que aprobarlas los concejales. Antes, luego de que concluía la licitación, el Concejo con mayoría agravada tenía que aprobar esa licitación. En la convención nos opusimos cuatro convencionales, pero con La Cámpora votó Republicanos Unidos, Juntos por el Cambio, y las dos expresiones del MPF. Determinaron que ya no hacía falta que el Concejo Deliberante revise y apruebe las licitaciones públicas, y la más millonaria es la recolección de residuos. Ahí entendimos por qué venían prorrogando el vencimiento, porque estaban esperando la reforma y obtener los votos necesarios para que el intendente Vuoto se beneficiara con esa acumulación de poder que le ha dado la carta orgánica”.

Transparencia cero

A modo de balance, señaló que “ya pasaron todos los funcionarios y en general ha primado la falta de información. No hay transparencia de los números, y la Sindicatura Municipal no puede auditar con claridad los fondos públicos. Por eso la decisión es no acompañar el presupuesto, en estas condiciones. Hasta ahora nos hemos manifestado abiertamente dos concejales y entendemos que hay una tercera concejal que tampoco acompañaría. Sabemos que no aprobar el presupuesto implicaría un reconducido, y con un reconducido hay menos posibilidad de control. Ya está bastante reducido el control, porque en el presupuesto 2022 se pusieron las calles que se iban a asfaltar y el monto destinado para eso, pero uno hace un recorrido calle por calle y se encuentra con que no están los cordones cuneta ni el asfalto ni los pluviales. En el 2023 ponen asfaltos varios y reparaciones varias, y es imposible controlar”, diferenció.

“Con un reconducido el dinero extra que llega de nación iría a una caja más negra todavía, pero aprobar esto, con aumentos de bienes de consumo del 1.300%, también es complicado. El miércoles que viene tenemos sesión y se trataría este presupuesto, que ayer tuvo pre dictamen para que pase a Debate Ciudadano y luego vuelva a la comisión de presupuesto. Esperamos que puedan justificar el gasto, que es fundamental. Los vecinos de Ushuaia no tienen por qué pagar sueldos de funcionarios que residen en Río Grande, y que están haciendo la campaña política allá para que Walter Vuoto sea gobernador. Que eso lo pague el PJ o La Cámpora, pero no los vecinos. En general no los vemos en Ushuaia y algunos aparecen de vez en cuando, como Ezequiel Murray, Pablo Héctor Cardozo, Héctor Verón y, con rango de subsecretaría o coordinación deben estar cobrando unos 400 mil pesos, pagados por los vecinos de Ushuaia. Después hay contrataciones de personas que tienen domicilio en Río Grande, como Abel Donatti, Maximiliano Pot, Carlos Gabriel Mucci, que son los que hemos podido rastrear, porque no aparecen en el presupuesto. Yendo al boletín oficial encontramos que se hace nombramiento de personas que no residen en Ushuaia, y esto sin contar todos los que están en la ciudad de Buenos Aires, porque la Casa de Ushuaia tiene tres pisos y no sabemos la megaestructura que tiene para albergar a funcionarios de La Cámpora de 2015 al 2019, de lo que nos enteramos en este tiempo. Ahora lo más novedoso son los funcionarios de Ushuaia que hacen política en Río Grande y necesitamos que eso se aclare, porque los vecinos no tienen por qué pagarles el sueldo. Omar Becerra nunca pudo responder absolutamente nada”, concluyó.