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Ante el anuncio del gobernador Gustavo Melella de un adelantamiento de las elecciones provinciales para “abril o mayo”, el juez electoral Isidoro Aramburu aseguró que están preparados para lanzar el padrón provisorio, que debería publicarse en diciembre. De ser tal la fecha para la primera vuelta electoral, para febrero los partidos políticos deberán tener reconocida su personería jurídico política para poder participar. El magistrado dijo no recordar elecciones provinciales fuera del mes de junio, pero concedió que es facultad del gobernador tomar el plazo máximo que fija la ley 201, y permite anticipar hasta cinco meses las elecciones provinciales.

Río Grande.- El juez electoral de la provincia, Dr. Isidoro Aramburu, fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre las declaraciones realizadas por el gobernador Gustavo Melella a Radio Mitre este sábado, donde afirmó que las elecciones provinciales se harán “en abril o mayo”, marcando un adelanto importante de la fecha normalmente prevista para junio.

“Nosotros hace tiempo empezamos a trabajar y en realidad la actualización del padrón es una tarea permanente. Tenemos que estar preparados para cuando haya convocatoria, y cuatro meses antes de las elecciones tenemos que dar a publicidad el padrón provisorio para que la ciudadanía haga las consultas”, dijo.

“Venimos trabajando hace mucho tiempo con el padrón, así que estamos en condiciones y atentos a cuando venga la convocatoria.  De llamarse a elecciones en abril, el padrón se debería publicar en diciembre. Todavía no he tenido novedades al respecto. En Tierra del Fuego veníamos acostumbrados a las elecciones en junio y veremos qué sucede en esta oportunidad. Ante los rumores públicos que hay, venimos acelerando la maquinaria electoral para estar en condiciones. Obviamente depende de la fecha, los plazos están enganchados a esa fecha, entre ellos el cronograma y el reconocimiento a los partidos políticos que está en curso y pueden participar de los comicios del año que viene. Así que estamos atentos y expectantes a la fecha de convocatoria”, señaló.

“Yo no tengo memoria de que las elecciones hayan sido en un mes que no fuera junio, pero más allá de las costumbres, la ley da un rango de tiempo, tanto la Constitución Provincial como la ley 201, que va de tres a cinco meses. Eso está anclado al código electoral nacional, que dice que las elecciones nacionales son indefectiblemente el último domingo de octubre. Dentro de ese rango, el gobernador tiene discrecionalidad y libertad para convocar en una fecha determinada”, explicó.

Por ahora sólo declaraciones

Si bien había rumores circulando, en esta oportunidad el propio gobernador dio una fecha anticipada a un medio nacional, pero todavía no hay nada oficializado. “Yo no sé para cuándo van a ser convocadas las elecciones y uno tiene que ser muy cauto, porque hay versiones extraoficiales y uno tiene que estar sereno y esperando cuándo va a ser la convocatoria”, dijo el juez, y reiteró que “nosotros ya estamos trabajando hace mucho tiempo, venimos de las convencionales, terminamos con las elecciones de la obra social y la caja, y ya estamos con las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura. La vorágine electoral nos tiene muy atentos en lo inmediato”.

Recordó que para la elección de abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura, los comicios se harán el 14 de diciembre. Se presentó una sola lista en Ushuaia, que lleva a la Dra. Gabriela San Martín y al Dr. D’Angelo, por lo que va a haber proclamación. En Río Grande se presentaron dos listas, una encabezada por el Dr. Díaz y la otra por el Dr. Aldo González.

“En el mientras tanto y paralelo a todo esto, ya estamos trabajando en el padrón. Ante esta fecha hipotética, tenemos que estar listos para lanzar el padrón provisorio”, sostuvo.

“Los partidos políticos deben estar oficializados con 120 días de antelación a la fecha de elecciones, y esto llevaría el cronograma a febrero. Son 120 días para tener reconocimiento de la personería jurídico política del partido para poder participar; luego viene el cronograma con la fecha y va a haber un plazo máximo para la presentación de candidaturas. Hasta ahora no hubo ninguna consulta formal. Lo único que tuve fue una conversación con la ministra de Gobierno y Justicia Adriana Chapperón hace más o menos un mes, en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia. En ese momento le acercamos un borrador de convenio, que habitualmente firmamos para la cooperación de la organización de los comicios. El Poder Ejecutivo provincial es el que aporta los recursos para hacerlos y estamos a la espera de reunirnos para poder discutirlo y firmarlo”, indicó.

De adelantarse las elecciones no habría cambio en la forma de elección. “El cronograma es complejo y habrá que coordinar con el Ejecutivo qué sistema utilizamos y qué tecnología se contrata para realizar el escrutinio provisorio y definitivo. Son dos cosas, por un lado el sistema, si va a ser con la boleta única electrónica o no, y finalmente con quién se contratarán los servicios para tener de antemano los parámetros que tenemos que transmitir a las empresas prestatarias sobre el modo en que necesitamos la realización de estos eventos”, concluyó.

Un anuncio casi oficial

Cabe señalar que el gobernador efectuó declaraciones al programa “Magdalena y la Noticia Deseada”, de Radio Mitre, donde explicó que por Constitución Provincial las elecciones se encuentran desdobladas de las nacionales. “Siempre acá la tradición fue en el mes de julio. Tienen que ser 90 a 150 días antes de la elección nacional, y serán en abril o mayo”, dijo el gobernador.

El eje de la consulta habían sido los rumores que hablaban de un sueldo por encima del millón de pesos, cuestión que desmintió, contra la presentación de su recibo de sueldo por 462 mil pesos, en función de la decisión como Ejecutivo de autolimitarse. No obstante el sueldo del Tribunal de Cuentas alcanza esa suma porque no fue congelado.

Para Melella la falsa noticia fue parte del “proceso electoral que se ha adelantado” y, respecto de los funcionarios que ganan más del doble que su salario, reconoció que la Constitución no lo permite pero “han encontrado vericuetos” para sortear esa prohibición.