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El apoderado general de CAFIN, Alberto Garófalo, aseguró que van a seguir luchando por la prórroga de beneficios para las textiles y confeccionistas, para mantener las empresas funcionando y la mano de obra ocupada, pero reconoció que hasta la fecha no hay “ninguna señal” de la convocatoria que habían comprometido las autoridades nacionales para definir el “plazo plurianual” del que habla el decreto. Diferenció la situación de este sector del resto de las ramas, donde el eje pasa por cómo acceder a los insumos para seguir fabricando, y tiene que ver “con la vida de la empresa, pero en las textiles se está discutiendo la muerte”. Se trabaja en forma conjunta con el gobierno provincial en el reclamo, pero tampoco han tenido respuesta los funcionarios provinciales. A la fecha, la única certeza en medio de la incertidumbre, es que dentro de un año se terminan los beneficios.

Río Grande.- El licenciado Alberto Garófalo, apoderado general de CAFIN, fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 acerca de las novedades en la situación de las textiles, a pocos días de finalizar el año. Recordó que en CAFIN “están representadas todas las ramas productivas, electrónicas, plásticas, textiles y confeccionistas, pesqueras. Como sabemos las textiles y confeccionistas han quedado fuera de la prórroga de los beneficios y lamentablemente no hubo ningún avance en este sentido, no hay ninguna comunicación oficial de lo que vaya a suceder, pese a que hemos hecho innumerables peticiones a las autoridades competentes”, dijo.

“Por ahora no hay nada en el horizonte que nos diga que en algún momento habrá una reunión para tratar este tema. Acercamos una propuesta en base a lo que marca la ley 19.640 y lo que consideramos razonable, pero no tuvimos respuesta. Tal como está redactado el decreto 727 pareciera que no hay marcha atrás con los plazos que se otorgan para la prórroga, que son 15 años para las industrias no textiles. Para confeccionistas y textiles se habla de un plazo plurianual y seguramente va a ser inferior. Nosotros hemos propuesto un mínimo de 10 años, para recuperar las inversiones instrumentadas a partir de la prórroga, y esa debería ser la única diferencia con el resto de los sectores”, manifestó.

“El texto del decreto 727 es muy confuso, porque habla de otorgar plazos plurianuales contra la comprobación de que se ha cumplido, y esa comprobación la hace permanentemente el organismo que emite este texto, porque forma parte de la comisión del área aduanera especial. Tenemos algunos rumores de que tienen pensado modificar algunos procesos productivos y nada les impide que lo hagan, porque después de dos años de puestos en marcha están todos en condiciones de ser revisados. Pero el proceso productivo no tiene nada que ver con la prórroga. Los procesos de todas las ramas pueden ser revisados y, si alguno merece una reformulación, no hace falta un decreto nuevo porque la autoridad de aplicación tiene capacidad para llevarla adelante”, aseveró.

Incertidumbre total

La incertidumbre es total y la única certeza es la peor opción: la pérdida de los beneficios dentro de un año. “Lo complicado es que no hay ninguna señal de que esto vaya a ser modificado y las empresas hoy lo que tienen en claro es que en diciembre del próximo año se les terminan los beneficios. Para invertir se necesita un horizonte mucho mayor que un año, y no se han hecho inversiones ni en 2019 ni en 2020 porque no había seguridad de una prórroga. Cuando apareció en 2021 afortunadamente, las electrónicas y las plásticas tuvieron otro horizonte por delante. Su preocupación inmediata es ver qué pasa con el mercado y cómo acceden a los insumos para seguir fabricando. Esas son discusiones que tienen que ver con la vida de la empresa, pero en las textiles se está discutiendo la muerte”, contrastó.

En este contexto no pueden prever contratos de compra de productos más allá de ese horizonte, cuando en todos los rubros se trabaja con anticipación. “Dentro de nuestras asociadas, tenemos a la empresa que fabrica las camisetas de la selección, y no pueden estar pensando en una expansión en este momento cuando se quedan sin beneficios a fines del año que viene”, citó como ejemplo.

“No queremos ni pensar que los empleados tengan que ser reubicados. Como entidad gremial empresaria vamos a luchar hasta último momento para que exista una prórroga, para que las empresas puedan seguir funcionando y la gente pueda seguir trabajando. De lo contrario, vamos a estar frente a un escenario en el que nadie quiere pensar”, sostuvo, ante la pérdida de trabajo de unas mil familias fueguinas.

A la falta de horizonte, se suma el problema de insumos. “La industria textil tiene muchas posiciones arancelarias que necesitan licencias no automáticas, y este trámite viene muy lento desde hace mucho tiempo. A veces para confeccionar un producto necesitan nueve productos que tienen licencia automática y uno que no la tiene, y por ese caso no se puede confeccionar el producto. El gobierno nacional lo autoriza a cuentagotas y no podemos quejarnos por una situación particular porque esto está pasando en general”, expresó.

Gestiones con el Gobierno

Consultado sobre la posición del gobierno ante la falta de respuesta sobre las textiles, dijo que “tenemos un diálogo permanente con la provincia y un esquema de trabajo conjunto para poder conseguir el abastecimiento. La provincia lleva adelante el reclamo para reforzar los que hacemos nosotros, sobre los casos particulares, y va siguiendo de cerca a las compañías que se quedan sin materia prima, para no parar la producción. En lo que hace a la prórroga, por lo que nos dicen desde el gobierno, tampoco tienen ninguna definición”.

De Mendiguren versus Kulfas

Asimismo se le pidió opinión del secretario de Industria y Desarrollo Productivo José De Mendiguren, que reemplazó a Matías Kulfas, porque se esperaba otra mirada hacia Tierra del Fuego, sin embargo pertenece al sector textil y tiene intereses en el continente. “Hablando con él ha descartado cualquier prejuicio con respecto al sector textil de Tierra del Fuego. En todo caso lo que le podríamos demandar es una mayor velocidad en las decisiones que tiene que tomar sobre este tema. Entiendo que en este momento el ministerio, sobre todo la Secretaría de Industria, debe estar atiborrada de problemas, porque todo va muy lento. Las autorizaciones de prórroga a las electrónicas están saliendo a cuentagotas. No hay un plazo para la presentación de proyectos financiados por el fondo y llama la atención que no digan en qué plazo deben ser presentados. Hay un montón de incógnitas que venimos arrastrando y, si bien las empresas están depositando el dinero al fondo, tienen la posibilidad de retener el 40% para proyectos propios. La reglamentación dice que se puede retener, pero no dice en qué plazo se tiene que presentar el proyecto”, observó.

“Como Cámara hemos planteado hacer una mesa porque, si ellos no tienen claro cómo debe funcionar, nos lo deberían transmitir, porque realmente hay muchas dudas sobre la implementación. Nos habían dicho que iba a haber una reunión por Zoom y que iban a participar varias cámaras, pero nunca se realizó, así que también estamos a la espera de eso”, agregó.

Inversiones privadas

Por otra parte se le preguntó sobre el anuncio de inversiones chinas realizado por el gobernador Melella, por un monto de 1.250 millones de dólares, para el caso de Shaanxi Coal Group, que prevé fabricar fertilizantes. “Hay muy pocos elementos para evaluar el proyecto. Me llama la atención que se apunte al mercado interno, porque me gustaría saber a qué precio llega el producto, sin los beneficios de la ley. Hablan de urea, de glifosato, y eso necesita un puerto de verdad. En el proyecto original el producto era metanol, pero ahora hablan de un sólido y se requiere de un puerto. Por lo menos es llamativo que estemos hablando de dos proyectos de puerto para Río Grande y parece poco razonable. Quizás en algún momento todo confluya en uno, y tengamos puerto de una vez”, deseó.

Con respecto al anuncio del Grupo Mirgor, marcó diferencias porque “el puerto entusiasma y estamos hablando de una empresa que sabe adónde apunta. Ojalá lo pueda llevar adelante, que consiga los permisos necesarios para que esto sea una realidad que le va a cambiar la cara a la isla”.

Dado que el grupo prevé incorporar una embarcación para el cruce por aguas argentinas, planteó que en este tema “siempre tuve mis reservas. Habría que ver si este puerto sirve para eso, seguramente sí, pero desde un estudio que hicimos en el año ’82 sabemos que el cruce por aguas argentinas es muy complejo”.

“El puerto va a ser importante para otro tipo de inversiones, sobre todo las que están dentro de la llamada ampliación de la matriz productiva. Se apunta a productos que se puedan exportar al exterior y por lo tanto van a necesitar de un puerto, que es una condición básica. Hay muchas cosas que se pueden hacer aprovechando los recursos naturales, transformándolos y buscando mercados de exportación, así que el puerto va a ser crucial. Salvo productos de muy alto valor individual, para lo cual es mejor la carga aérea que el barco, para el traslado de todo lo que es masivo va a ser importante. Siempre dije que tenemos 3 mil kilómetros de litoral marítimo y es irracional mantener un transporte de carga por camión, por una cuestión de costos. Si logramos tener una línea marítima regular a partir del puerto, seguramente va a influir de forma positiva sobre el costo que paga la población, porque los precios tendrían que abaratarse”, expuso.

“Hoy estamos viviendo una crisis con el traslado de los contenedores, por todo lo que pasó en la pandemia, pero eso se va a ir recuperando y sería bueno pensar en una ruta regular con Río Grande”, concluyó Garófalo.