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El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luís Iglesias aseguró que hay un aumento del comercio ilegal y, en ese marco, ya no preocupa la venta aislada de algún producto usado por plataformas digitales, sino los miles de millones que se están moviendo y generan competencia desleal para el comercio habilitado, además de una fuerte evasión fiscal. El tema será tratado por la cámara nacional para buscar soluciones y apuntan particularmente a Marketplace, el popular sitio de ventas de Facebook, donde no hay ningún control sobre la mercadería que se ofrece y cada vez se vuelve más voluminosa, con artículos de todo tipo y alto costo. También cuestionó la frecuencia con que se realizan ferias institucionales, ya no para eventos en especial, ocupando espacios públicos en veredas de comercios cercanos que impiden el acceso de los clientes, y aclaró que no se vende lechuga solamente, sino productos importados de dudoso origen y sin ninguna garantía.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias, planteó su preocupación por FM del Pueblo ante el aumento de la competencia desleal generada por el comercio ilegal, que va en crecimiento tanto en la ciudad como en todo el país.

“El año pasado llevamos adelante algunas actividades y se trabajó con Gendarmería y la parte legal por el famoso contrabando de cigarrillos. Se trata de visualizar la problemática, no perseguir al emprendedor que está tratando de subsistir de la forma que puede. No tiene nada que ver ayudar a alguien con el comercio ilícito, y debe haber condiciones igualitarias. Los comercios tenemos problemas de facturación y no la estamos pasando bien con la caída de ventas desde hace meses. Esto también tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo y los costos de muchos servicios. Todos los servicios han aumentado y la facturación no está en el mismo nivel. Encima los comerciantes se ven avasallados por la proliferación del comercio ilegal, que no son ventas circunstanciales, de un momento o un día en muchos casos, sino sistemáticas”, subrayó.

“Cuesta afrontar los costos de los alquileres, la actualización de los salarios, las cargas sociales, mientras hay actividades comerciales que no están sujetas a ninguna verificación y ninguna responsabilidad. Los comerciantes no se ven protegidos ni contenidos por el sistema. Para el que compra no hay garantías de Defensa del Consumidor, código de barras, calidad del producto, y promocionan marcas que son truchas, porque no son iguales a las originales. Hay un vale todo y evidentemente los comerciantes se quejan. Uno tiene que llevar esas quejas adonde corresponde”, indicó sobre el rol de la institución.

“Por la globalización ha avanzado el sistema de ventas digitales y evidentemente a los que hacen los controles les resulta más fácil accionar con el que está formalmente habilitado. Ahí cae todo el peso de los controles, cuando al costado hay alguien que no tiene ninguno”, cuestionó.

“Lo que más agrede al comerciante común es que lo que se hacía ocasionalmente para algún evento se ha vuelto algo sistemático y se permite todo tipo de cosas, con el argumento de que hay que ayudar a la gente, pero no es así”, dijo en particular de las ferias institucionales.

“Uno trata de formar conciencia en cuanto a los reclamos, porque muchas veces venden a través de plataformas digitales de distinto tipo, con billeteras virtuales, y están inscriptos como monotributistas. No hay responsabilidad ni control sobre lo que se vende, tanto para detectar la falta de aportes de lo que se vende como para el seguimiento del origen de los fondos. En el comercio ilegal todo está vinculado con la ilegalidad, desde la droga, el contrabando o lo que sea. Se hacen pagos de plataforma en plataforma, para eludir la tributación mínima al Estado”, sostuvo.

“Es complejo porque los actores que están jugando en el comercio ilegal a veces tienen más peso que el propio Estado”, advirtió, y adelantó que esta semana viajará a Buenos Aires para mantener una reunión con la cámara y analizar “el sistema de Marketplace -de la plataforma Facebook-, donde se realizan un montón de transacciones. Al ampliarse la cantidad que puede entrar por esa plataforma, evidentemente la elusión de responsabilidad es más fácil. Ya no se trata de vender algún artículo en desuso a un vecino, que estaría bien. No queda solamente ahí. Se mueven miles de millones que se canalizan por estos medios, a otros países incluso. Estas plataformas saben que no están registrados los vendedores y evitan el control del Estado. Se venden productos de primera marca y a veces esto se transforma en un ingreso de un 5% para alguien que vive en Trinidad y Tobago. En general no hay preocupación por la gravedad que tiene esto y los Estados desaparecen, absorbidos por esta gran desorganización”, manifestó.

“Desde nuestra cámara tenemos la responsabilidad en el orden nacional de evaluar este tipo de cosas y ver qué acciones podemos tomar. En nuestra ciudad recibimos los reclamos de los comerciantes que están cerca de una feria institucional que se hace a dos cuadras, y en su comercio no puede estacionar ni él ni sus clientes, porque se mueve una cantidad de mercadería en sus veredas y las cercanías. No solamente venden lechuga, sino enchufes y cargadores que no están aprobados y les duran un suspiro, y nadie se hace responsable”, observó sobre la oferta de artículos de importación de origen dudoso.

De cara al año electoral, optó por la prudencia. “Estamos en un año electoral donde se prometen cosas y tenemos más incertidumbre que certezas. Uno pone toda la fuerza necesaria y más que optimistas tenemos que ser cautos, para no acompañar circunstancias que después quedan en promesas de campaña”, concluyó.