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La Multisectorial de Derechos Humanos publicó un documento, donde advierten sobre “la grave situación en la que se encuentran las personas alojadas en los lugares de privación de la libertad de la provincia”. Advierten que la situación se viene visibilizando, pero denuncian una “insoportable lentitud” para resolverla y señalan que se profundizan “los problemas y los padecimientos de las personas que se encuentran privadas de su libertad”. No descartan “impulsar las denuncias necesarias en los ámbitos que corresponda, si no comienzan a tomar las medidas que permitan revertir este estado de cosas en los lugares de privación de la libertad y el cese del padecimiento, el hacinamiento y el atropello de los derechos”.

Río Grande – El comunicado comienza señalando que “Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande queremos expresar una profunda preocupación, por la grave situación en la que se encuentran las personas alojadas en los lugares de privación de la libertad de la provincia”.

Luego mencionan que “Oportunamente, nuestra organización resolvió participar activamente del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En ese momento evaluamos, fundamentalmente, la necesidad e importancia de tratar de aportar una mirada crítica acerca del funcionamiento del sistema y sus instituciones, sumando la visión de quienes no pertenecemos a dichas estructuras”.

El texto de la Multisectorial de DD.HH. riograndense continúa planteando: “Seguimos convencidos que ese es el rol que nos toca, como militantes populares. Pero no estamos dispuestos a circunscribir nuestras críticas y nuestras voces a los ámbitos institucionales; ni tampoco vamos a soportar los tiempos de las instituciones, los de su burocracia y sus funcionarios, cuando creemos que se necesitan respuestas urgentes y vemos que la insoportable lentitud para darlas agudiza los problemas y los padecimientos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en nuestra provincia”.

“Aún se encuentra pendiente de publicación el informe correspondiente a la inspección que el Comité realizó, en el mes de noviembre del año pasado, en los lugares de encierro de Ushuaia y Río Grande. Sin embargo, algunos de sus miembros, entre ellos nuestro compañero y representante de la Multisectorial en el mismo, José Piñeiro, adelantaron en diferentes medios de comunicación la crítica situación en la que se encontraban”, remarca el escrito.

Más adelante, dicen que “Hoy, mientras seguimos aguardando dicha publicación, sabemos que la situación es mucho pero aún. Lejos de resolverse los problemas, los mismos se fueron agudizando y Río Grande está en una situación de sobrepoblación similar a la que tenía Ushuaia en noviembre, cuando se hiciera la inspección. Mientras tanto, en la capital provincial también se profundiza la situación de hacinamiento y, por lo tanto, de no respeto a los derechos humanos y el aumento de los padecimientos que tienen las personas privadas de su libertad”.

“A esto, hay que sumar la falta de acceso a derechos como la salud, con falta de atención, no acceso a los turnos; violencia, destrato y malos tratos, por parte de la médica Cecilia Orquera, denunciados de manera unánime en la Unidad de Detención de Río Grande por las personas privadas de su libertad”, advierten.

La organización defensora de los Derechos Humanos avanza expresando que “Lo cierto es que, si algún cambio positivo hubo en el último tiempo y desde que la situación se viene visibilizando y denunciando, fue gracias a la propia voluntad y el esfuerzo de las personas privadas de su libertad, sus familiares y personas de diferentes ámbitos con algún compromiso y sensibilidad. Pero poco o más bien nada ha hecho el estado como tal, por eso responsabilizamos a los tres Poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de lo que pudiera suceder si esta situación de desborde se profundiza”.

Agregando, en otro tramo, que “Una vez más, decimos que las respuestas punitivistas lejos de traer soluciones solo generan problemas, para el conjunto de la sociedad. Por eso señalamos que ejemplos como los de la Asociación Víctimas por la Paz y la cooperativa Liberté, en la cárcel de Batán, muestran como hay otro camino posible y, tomando sus propias palabras, como se puede “construir esperanza desde el infierno”. Quienes tienen el poder, los medios, las herramientas y la obligación de buscar estas respuestas y caminos, deben dejar de mirar para un costado y tienen que encontrar las soluciones necesarias”.

En el tramo final expresan: “No se los pedimos, se los exigimos, porque las cárceles son para seguridad, no para sufrimiento y tortura. Por ese mismo motivo, tampoco permitiremos la construcción de lugares de encierro sin respetar de manera estricta todo lo indicado por los protocolos, acuerdos, pactos y leyes vigentes, a los que nuestro país se encuentra adherido. Hay otras herramientas para evitar la sobrepoblación y seguimos creyendo que la mejor herramienta sigue siendo la educación, el respeto a los derechos y la igualdad, para despoblar las cárceles”.

“Como Multisectorial, hoy hacemos pública esta situación, volvemos a reclamar respuesta y adelantamos la decisión de impulsar las denuncias necesarias en los ámbitos que corresponda, si no comienzan a tomar las medidas que permitan revertir este estado de cosas en los lugares de privación de la libertad y el cese del padecimiento, el hacinamiento y el atropello de los derechos, de quienes allí se encuentran alojados por estar privados de su libertad”, concluye el comunicado.