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El Dr. Federico Rauch destacó que la jueza federal, doctora Mariel Borruto, está imprimiendo un esfuerzo importante para que se defina el juicio contra las automotrices por el cobro de sobreprecios en los vehículos vendidos en la provincia entre el 2001 y el 2010. Las pruebas ya fueron presentadas por los 6.900 demandantes y se basan en las pericias que hizo el Estado nacional. “La prueba que se está analizando ahora es la ofrecida por las automotrices, en ejercicio de su derecho de defensa”, dijo el letrado. Además de reclamar la indemnización para los compradores, se ha pedido que los vehículos “se vendan a un precio que refleje la totalidad de los beneficios que le corresponden a los compradores fueguinos”, indicó como punto importante que apunta no sólo a los demandantes sino “a todos los fueguinos que compren autos en Tierra del Fuego a futuro”.

Río Grande.- El Dr. Federico Rauch actualizó la información sobre la demanda que lleva adelante como patrocinante de más de 6.900 compradores de vehículos en Tierra del Fuego entre el 2001 y el 2010. Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 indicó que “se trata del juicio cuantitativamente más grande de la historia de Tierra del Fuego, y es el más grande que hay en Latinoamérica como acción de clase. Los 6.900 ciudadanos están demandando a las automotrices más importantes del mundo, así que es un juicio realmente grande”.

“El juicio actualmente está tramitando en el Juzgado Federal de Río Grande y en este momento está en la pre producción de prueba. La jueza federal (Dra. Mariel Borruto) viene imprimiéndole un esfuerzo importante para que esto se defina de una vez por todas. El 22 vamos a tener una audiencia, nosotros ya ofrecimos las pruebas oportunamente y las pericias que hizo el Estado nacional mostraron los sobreprecios que están cobrando. La prueba que se está analizando ahora es la ofrecida por las automotrices, en ejercicio de su derecho de defensa”, precisó.

“En la auditoría nacional se detectó que los sobreprecios fueron puestos por las propias automotrices a sus concesionarios en Tierra del Fuego, no fueron los concesionarios los que colocaron esos sobreprecios. Eso es lo que determinó el Estado nacional, es decir que las automotrices fijaban el precio de los autos a las concesionarias ya con un sobreprecio”, señaló, si bien no descartó que en un futuro puedan encontrarse responsabilidades en las concesionarias que además agregaron algún sobreprecio. “No es el objeto de este juicio, porque en esta instancia estamos discutiendo si las automotrices efectivamente fijaron precios y vendieron los vehículos en el Área Aduanera Especial a un precio que implicaba quedarse con el beneficio que la 19640 brinda a los consumidores y no a las empresas que venden los vehículos. Desde el punto de vista de la Ley de Defensa del Consumidor, esto es lo que implica el daño para el consumidor”, sostuvo.

Sobre la multa impuesta oportunamente a las automotrices, recordó que fue por un monto de 108 millones de dólares, pero fue apelada por las empresas, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia falló a favor de ellas, el Estado apeló a la Corte Suprema, que siguió el consejo del Procurador y consideró que no correspondía la multa, por lo cual hasta ahora no han pagado nada.

“La Ley de Defensa del Consumidor establece que el Estado puede poner multas de hasta el 25% del beneficio económico que se obtenga como consecuencia de ponerse de acuerdo para alterar el mercado y obtener un beneficio de esa alteración, en este caso los sobreprecios. En este caso el período investigado va del 2001 al 2010 y representó una ganancia para las automotrices de más de 400 millones de dólares extra, por eso aplicó el 25%, que eran 100 millones. Hablamos de un período muy inferior del que ha transcurrido, porque va del 2001 al 2010, y en este juicio se investiga ese período, no el resto. La cantidad de fueguinos que ha demandado es una pequeña porción de los que compraron vehículos con sobreprecios, y estimamos que son entre el 10 y el 11% del total de los compradores de vehículos en Tierra del Fuego durante ese período”, detalló.

“Hemos pedido en la demanda, además de que se indemnice a los compradores por el sobreprecio, que se ordene que en lo sucesivo los vehículos que ingresen al área aduanera especial se vendan a un precio que refleje la totalidad de los beneficios que le corresponden a los compradores fueguinos. Es el punto más importante de todos, porque no apunta sólo a los demandantes sino a todos los fueguinos que compran autos en Tierra del Fuego a futuro. Es para que cese la práctica de vender autos al mismo precio o más caros que en el resto del país”, explicó el letrado.

“Esto aplica a cualquier vehículo, no sólo autos, que se comercialice dentro del área aduanera especial, mientras esté vigente el régimen general de la 19640”, apuntó.

Prórroga del subrégimen industrial

Por otra parte opinó sobre la prórroga del subrégimen industrial. “En líneas generales esto tiene cero beneficio para la población de Tierra del Fuego y se refiere exclusivamente a aquellos que tienen proyectos de radicación aprobados y en ejecución. Implica una cuestión sumamente oscura, como el hecho de que se crea un fondo en Buenos Aires, totalmente fuera de control de parte del gobierno de Tierra del Fuego, manejado por directores que nadie conoce, con facultades discrecionales. Ese fondo surge de compartir lo que antes era un beneficio exclusivamente para las industrias, que es la exención del IVA, y ahora solamente el 11% se lo queda la industria que acepta las condiciones. El régimen está cerrado y no puede entrar nadie más, es decir que no hay competencia. Ese es un derecho adquirido para esas empresas y en esas condiciones”, expresó.

“En cuanto al destino del dinero hasta el día de hoy no se sabe qué está pasando. Yo tengo entendido que son más de 150 millones de dólares, a pesar de la recesión en la que estamos. Son montos importantes y consistentes a lo largo del tiempo. No parece ser beneficioso de ninguna manera para Tierra del Fuego ni para el régimen general. Los fueguinos no tenemos ningún tipo de derecho adquirido como lo tienen los industriales. Eso aplica básicamente a 9 ó 10 empresas, que son las que han quedado adentro de ese acuerdo que se hizo el año pasado y no tiene nada que ver con la gente que vive en Tierra del Fuego. Hay un proyecto de la Coalición Cívica que plantea la derogación de la 19640 y eso no va a afectar a las empresas, que ya tienen un derecho adquirido según establece la Corte, pero nos va a pegar de lleno a todos nosotros. Es un proyecto de ley que ha sido girado a comisión y está en trámite parlamentario, y creo que va a haber algún tipo de tratamiento de ese u otro proyecto el año que viene”, concluyó.