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El apoderado de Citybus, Ariel Ledesma, dio cuenta de la deuda acumulada en Río Grande por el fondo compensador, que supera los 100 millones de pesos y lleva un año. En Ushuaia es mayor y ronda el año y medio, con la diferencia de que el servicio lo sostiene el Estado. En este contexto consideró inviable pagar el aumento del 102% a los empleados, pero les llevó tranquilidad en función del respaldo comprometido por el municipio. Además informó que ya no se pagan sumas no remunerativas y defendió la legalidad de la modalidad durante la pandemia porque fue un convenio firmado por el gremio y la cámara empresaria, y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Río Grande.- El apoderado de Citybus, Ariel Ledesma, expuso por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la situación crítica de la empresa, en función de la deuda acumulada por el fondo compensador, como también las dificultades para afrontar el aumento del 102% pactado entre UTA y el gremio a nivel nacional.

Indicó que “a fines de 2021 la provincia decidió no suscribir los convenios del fondo compensador y, pasados los 30 días del plazo de suscripción, quedaron habilitados los municipios a suscribir los convenios y lo hicieron los municipios de Ushuaia y de Río Grande. Esta transición en el traspaso a los municipios llevó demoras y a partir de ahí empezamos con inconvenientes. Ushuaia hace un año y medio que no cobra el fondo compensador y en Río Grande cumplimos un año en junio”, dijo.

“Desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa a nosotros se nos complica mucho más”, observó, dado que el municipio capitalino sostiene el servicio con la Sociedad del Estado.

La deuda estimada supera los 100 millones de pesos, puesto que “eran 3.8 millones mensuales para el período de junio, julio y agosto de 2022, en septiembre se actualizaba y se iba a 5 ó 6 millones de pesos, y cerraba el año con 9 millones. En total serán alrededor de 65 millones de 2023, porque de enero a mayo son 13 millones por mes”, estimó.

“La provincia no firmó el convenio porque cada convenio dice que la provincia se obligaba a poner dinero tanto para Ushuaia como para Río Grande, y esto fue para no aportar dinero a ambas ciudades. En el caso de los municipios que reciben los fondos, en 2022 tenían que aportar el 66%”, señaló

“Desde la lógica del Ministerio de Transporte de Nación dice que ‘asisten’ a las provincias a los fines de contribuir a la sustentabilidad del transporte público de todo el país. Se toma como una asistencia, no como una obligación, por eso cada convenio lleva in situ la obligación de la provincia o de los municipios de aportar una suma igual. Si no liquidan el subsidio, el municipio no puede generar esa erogación. En esto no hay intereses, es capital”, aclaró sobre los atrasos.

Informó que este jueves hay “una reunión para plantear esto, para ver cómo se va a ir regularizando, porque el fondo se transfiere al municipio, que hace un acto administrativo y transfiere a la empresa, y eso se rinde a Nación y recién cuando se aprueba la rendición se presenta el mes próximo, por eso nunca nos podemos poner al día y se ha generado este atraso tan grande. La provincia de Tierra del Fuego es la única que no firmó el convenio y en la mayoría de las provincias el transporte público está en manos de los municipios. Santa Cruz firmó los convenios y los servicios son municipales”, citó como ejemplo.

Respecto del subsidio del municipio, dijo que “desde el 1° de enero del 2023 al 30 de abril de este año eran 20 millones mensuales, a partir de abril se actualizó y hoy está en 30 millones mensuales. Eso da 300 millones de pesos y ahí está metido el sistema de gratuidad, como el boleto estudiantil. El boleto es gratuito para todo el sistema educativo de la ciudad. El nivel inicial paga el 15% del boleto, el primario y secundario paga el 50% y el universitario paga el 50%. Si el boleto está a 80 pesos, pagan la mitad, y la mitad que falta no la paga nadie. A la gente que hace el trámite el municipio le carga 48 viajes por el valor de la mitad y nosotros percibimos el 50% de esos 48 viajes”, sostuvo.

“Nosotros tenemos cuatro tipo de tarifas: la tarifa plana; el atributo social, que es el 45% del valor de la tarifa; el primario, secundario y universitario, que es el 50% la tarifa plana; y el inicial, que es el 15% de la tarifa plana. Nosotros recibimos ese monto, no recibimos una compensación por la diferencia que falta y lo subsidia la empresa, por eso tenemos un subsidio por unidad. El corte de boleto está en los 400 mil mensuales, de los cuales son tarifa plana 190 mil y el resto son atributos sociales y boletos estudiantiles. La recaudación no ayuda mucho”, aseguró.

“El subsidio por unidad hoy está en 30 millones de pesos y se actualiza cada seis meses. Nosotros tenemos declarados 27 colectivos, y está establecido que se puede tener el 20% de la flota de back up o de pulmón. Cuando arrancamos teníamos 20 colectivos y 2 de back up. El subsidio de combustibles no existe más, y desapareció en 2018 porque lo eliminó el gobierno de Macri, por lo que quedó solamente el fondo compensador”, manifestó.

Reclamos de larga data

El apoderado negó que hayan esperado un año para reclamar, porque “a través de la Cámara hemos hecho intimaciones, se han mandado cartas documento e inclusive cada funcionario ha hecho presentaciones. Para el cumplimiento del acuerdo salarial se estableció que es necesario percibir los subsidios correspondientes y se menciona el tema de los atrasos. Ahí se estableció una mesa de trabajo y la primera reunión se va a hacer el 29 al mediodía. Yo le quiero llevar tranquilidad a los trabajadores, porque en la situación en que estamos no es viable el aumento, pero contamos con el acompañamiento del municipio. Los funcionarios municipales de primera línea van a venir a la reunión. El servicio nunca se vio interrumpido a pesar de todo el dinero que se adeuda. La empresa tiene varias unidades de negocio pero llega un punto en que se nos hace inviable sostener una actividad que debería funcionar con los ingresos que tiene determinados”, subrayó.

Sin empleados en negro

Por otra parte se refirió al reclamo realizado por el Dr. Paulino Rossi como abogado del gremio, por el pago “en negro” a los trabajadores. “Actualmente tenemos 68 empleados y estamos incorporando algunos más. A partir de marzo del 2020 con la pandemia no había corte de boleto, en muchas ciudades no funcionaba el transporte, y se firmó un acuerdo que cualquier abogado conoce. Este acuerdo iba a regir todo lo que durara la pandemia, que se extendió un año más. Terminó la pandemia y se siguió aplicando en 2022, y durante esos tres años fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El gremio es el que firmó el acuerdo y después es el mismo que dice que lo que se está haciendo es ilegal”, cuestionó.

“El 24 de abril de 2023, a raíz de un reclamo de un grupo disidente de UTA, la ministra notificó a la Cámara que no iba a convalidar el acuerdo, que está homologado hasta diciembre de 2022. Durante el 2023 lo aplicamos en enero, febrero y marzo, en abril se dio este conflicto, la ministra nos comunicó la homologación del acuerdo salarial de febrero y nos dice que no va a homologar el acuerdo, pero en acuerdo con el gremio se propone la continuidad, así que se volvió a convalidar la extensión hasta diciembre de 2023. Lo que yo digo está todo refrendado con documentación”, aseguró.

“Nosotros tomamos la decisión como empresa de no aplicar más el acuerdo a partir de abril, que se paga en mayo y hemos planteado una actualización tarifaria y salirnos del acuerdo. Esto lo hablamos con los trabajadores y hemos tenido reuniones con los delegados. El acuerdo garantizó el sueldo de bolsillo y usamos esa herramienta porque si no, no hubiéramos subsistido con una deuda de un año. El acuerdo dice que se paga el 12% remunerativo y el 88% no remunerativo, es decir que se hacen aportes por el 12%, pero se garantiza el porcentaje para la obra social y la cuota sindical sobre el total. Obviamente a las personas próximas a jubilarse les afecta, pero no es una cuestión caprichosa de la empresa, sino que surge del acuerdo firmado por UTA nacional y la cámara empresarial, homologado por el ministerio”, reiteró.

“Nosotros siempre decimos que estamos en la legalidad y en mayo no lo aplicamos más. Esto no tiene que ver con el reclamo de los gremios sino con una cuestión de respetar la legalidad. El aumento es el 102% desde enero a septiembre, un chofer ingresante está entre 340 mil o 350 mil pesos de bolsillo, incluido el 20% de zona. Creo que la recomposición que lograron es justa y no es que un chofer gane mucho, sino que en otras actividades están ganando menos”, reconoció.

En cuanto al pedido de aumento del boleto, indicó que “nosotros estimamos que debería estar en 150 pesos, vamos a esperar qué surge de la reunión del jueves con el Ministerio de Transporte de la Nación, y luego haremos la presentación sobre valores objetivos, comparando los costos. El valor de la tarifa surge de costos objetivos. Lo que más modifica la tarifa es el costo salarial”, concluyó.