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La posición del Gobierno provincial a través del Ministro de Finanzas Públicas no prevé la derogación del impuesto inmobiliario, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso interpuesto por el Municipio de Ushuaia. Se apuntará a un acuerdo político en una mesa de diálogo, para no perjudicar a ninguna de las partes. El ministro Zapata García explicó el cambio de postura desde el reclamo que se había hecho durante la gestión municipal de Río Grande hasta ahora, y consideró que el fallo trajo claridad sobre el tema planteado. Sobre el pedido de recomposición salarial de los sindicatos estatales, afirmó que de acuerdo al índice interanual “los sueldos le vienen ganando por bastante a la inflación”, por lo que no habría una propuesta superadora a la planteada hasta el momento. En la reunión de la comisión federal de impuestos quedó claro que no habrá coparticipación por mayores ingresos y el Gobierno central se ajustará a lo presupuestado.

Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, se refirió por Radio Nacional Ushuaia al conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario con las municipalidades, que habría quedado resuelto a partir del rechazo de la Corte Suprema al recurso interpuesto por el Municipio de Ushuaia, dejando firme el fallo del Superior Tribunal.

Para el ministro el fallo trajo claridad y ahora resta resolver en una mesa de diálogo la aplicación de la norma, descartando de plano la derogación que se está pidiendo a la Legislatura.

“El jueves y viernes estuvo dando entrevistas sobre la situación del director ejecutivo de AREF, que al momento de esta controversia se desempeñaba como Secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, y pudo contar justamente cuál era la postura cuando estaba en el municipio y cuál es la diferencia ahora. Yo creo que una de las diferencias más importantes es que el fallo del Superior Tribunal de Justicia da un poco más de claridad, lo que no se tenía en su momento de dictarse la ley. Es muy importante porque los municipios no perderán recursos y lo que se coparticiparía es el excedente de lo que vienen cobrando”, dijo.

“No estaba claro de cómo iba a ser la aplicación de la ley y surgía la duda de parte de los municipios de si la coparticipación era sobre el total y cómo se garantizaba que no perdieran recursos los municipios. El fallo que se terminó apelando fue mucho más claro sobre la autonomía, la coparticipación de recursos y demás. La idea es sentarse a trabajar, con una interpretación mucho más clara ahora, para ver cómo se puede aplicar esto y cuál es la propuesta que van a traer a la mesa los municipios. El gobernador también fue claro y dijo que no van a perder recursos los municipios”, afirmó.

Cabe señalar que el Concejo Deliberante de Ushuaia pidió a la Legislatura que derogue el artículo de la ley referido al impuesto inmobiliario; el municipio de Río Grande dijo que el perjuicio sería de mil millones de pesos menos, pero el gobierno no accedería a la derogación de la ley sino que se buscará la salida política. “Es una negociación que seguramente se abrirá esta semana. Ante este tipo de situaciones, y cuando ya hay un fallo que sienta un precedente, uno tiene que tratar de buscar la conveniencia para todos. Acá no se trata de que gane la provincia o ganen los municipios”, subrayó.

“Respecto de la cuantificación del monto que hemos escuchado, no tenemos claridad tampoco. También va a ser una oportunidad para que los municipios puedan expresar por qué dicen que van a perder esos montos, porque nosotros lo desconocemos. Ya pasamos por la vía judicial y por la vía legal, y ahora es una instancia para establecer una vía de diálogo político para tener una solución para todos los actores, los municipios y la provincia”, manifestó.

Consultado sobre el cambio de posición cuando eran gestión municipal a la postura actual como gobierno, dijo que “uno puede tener una postura cuando está en el municipio y, cuando hay un fallo, puede estar equivocado o no. Llegamos a una instancia donde la única solución va a ser el diálogo y pensar en conjunto cuál es la mejor alternativa para todos. Cuando estábamos en el municipio entendíamos que lo mejor era hacer un reclamo pero, después de un fallo, no es lo que uno cree sino lo que la justicia determina. Por eso se apeló y no tomó el reclamo la Corte Suprema de Justicia”, explicó, dejando claro que la intención del gobierno no es derogar la norma sino hacer efectiva la aplicación.

Reclamos por deudas de coparticipación

En cuanto al reclamo que volvió a surgir luego de meses de silencio de parte de los municipios, por deudas de coparticipación, recordó que también hay un fallo que deja claro cómo se debe pagar. “Eso ya lo vengo aclarando un montón de veces. Hay una norma que es muy clara y también tuvo una intervención judicial. La justicia ha establecido que el Gobierno viene cumpliendo con esa norma que establece cuándo y de qué forma se remiten los fondos. El nuevo elemento que se agregó en la relación con los municipios es la previsibilidad de poder informar anticipadamente de qué forma se envían los fondos. En ese sentido no hay nada nuevo, son reclamos mediáticos pero ya tenemos el antecedente del Superior Tribunal de Justicia, que determina que venimos cumpliendo con la norma que existe en esta materia”, sentenció.

Sin recursos extraordinarios

Por otra parte, informó que no habrá recursos extraordinarios y el gobierno central se ajustará a lo presupuestado, lo que condiciona a la vez la posibilidad de dar aumentos salariales por fuera de lo ofrecido. “Yo formé parte de la comisión federal de impuestos que se reúne todos los meses y justamente uno de los trabajos que tiene la comisión es ir siguiendo la remisión de fondos de coparticipación y revisando proyecciones respecto de lo que está presupuestado. Yo les explicaba a los sindicatos que dependen mucho de este tipo de proyecciones las ofertas que uno hace de pauta salarial. Si no tiende a mejorar la coparticipación es muy difícil comprometerse con una pauta que después no se va a poder cumplir”, señaló.

“La oferta que hicimos la semana pasada tuvo que ver con lo que ellos venían pidiendo y lo que nosotros entendemos que podemos ofrecer. Nosotros arrancamos con una falta de previsibilidad respecto de mayores recursos y no queremos que el trabajador pierda ante la inflación, por eso empezamos ofreciendo montos fijos no remunerativos, para fortalecer al que menos gana. Después hicimos una combinación de montos no remunerativos con variables porcentuales para no afectar la pirámide. Ellos pedían que fuera al básico e hicimos ofertas que van al básico con una combinación con un bono para los que menos ganan para acercarse lo más posible a la canasta básica”, repasó.

“La provincia históricamente presenta un presupuesto con un déficit. Nosotros hemos tomado el compromiso desde que inició la gestión de que ese déficit vaya achicándose año a año. Por lo general no hay pauta salarial prevista en el presupuesto, sino solamente el crecimiento vegetativo. Siempre los mayores recursos se aplican a pautas salariales en lugar de volcarlos a achicar el déficit. Ahí hay un problema que es la dependencia que uno tiene de la coparticipación federal de impuestos. Yo les vengo expresando a los sindicatos que, así como la inflación se mide de forma interanual, los aumentos salariales también. No se trata de que perdieron porque el aumento otorgado fue de un 37% y la inflación acumulada de mayo fue el 39%. No hay que olvidarse de que el año pasado se cerró con 20 puntos por encima de la inflación. No es que uno hace borrón y cuenta nueva, sino que uno va verificando cómo va variando el salario del trabajador año a año. Así como se mide la inflación de mayo de 2023 respecto de mayo 2022, también se tiene que hacer la misma medición respecto de los salarios”, remarcó, y aseveró que “en este sentido los sueldos le vienen ganando por bastante a la inflación. El Ejecutivo provincial dio aumentos con un promedio del 20% en febrero, con refuerzos en marzo, abril y mayo. Los otros poderes dieron menores porcentajes pero más distribuidos y a la larga estamos todos en los mismos porcentuales, tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas y el Ejecutivo, porque estamos todos rondando el 38 ó 39%”, estimó.

“Esto es una negociación como lo vengo diciendo. La semana pasada teníamos una participación en un programa de televisión con la gente de ATSA y ellos manifestaban que se venían haciendo paritarias cortas y muy beneficiosas. Yo explicaba que tenía mucho que ver que la paritaria sea corta, porque podíamos hacer ofertas en el sentido de lo que pedía el sindicato. Cuando uno tiene menos recursos siempre está mucho más lejos de la posición de los sindicatos, por eso la mesa que convocó el gobernador hace poco más de un mes tenía que ver con decir que no estamos en la posición de seguir dando los aumentos que se venían dando. El plan de recuperación del salario que se vino dando desde que inició esta gestión se encontró con una limitante que son los recursos. En ese sentido lamentablemente también lo que he traído de la reunión de la comisión general de impuestos es que no hay una previsibilidad de mayores recursos, sino que la recaudación viene atada a lo que estaba presupuestado, y son los recursos que también presupuestó la provincia”, concluyó.