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El legislador de FORJA Federico Greve circunscribió la competencia sobre la regulación del servicio de transporte público a las municipalidades y remarcó que tanto en Río Grande como en Ushuaia está prohibido el funcionamiento de plataformas como UBER, pero las ordenanzas no se cumplen. Apuntó a la falta de controles y, ante el reclamo de una ley provincial, sostuvo que no sirve la prohibición por sí misma si la ley no se va a cumplir. También expuso el déficit del servicio de taxis y remises y la intromisión en funciones de los guías de turismo y transportes interurbanos. Sobre el impuesto inmobiliario, no consideró pertinente la derogación de la ley 1.075 cuando el fallo de la justicia resultó adverso a la demanda de los municipios, por razones de seguridad jurídica.

Río Grande.- El legislador Federico Greve (FORJA) sentó postura frente al reclamo de taxistas y remiseros de una ley provincial que prohíba plataformas como UBER, y remarcó que la legislación pone en jurisdicción de los municipios la regulación de este tipo de actividades vinculadas con el transporte de pasajeros.

Por Radio Nacional Ushuaia recordó que la prohibición ya está establecida, pero no se cumple por falta de controles. Fue tras el plenario de comisiones realizado el pasado jueves, con presencia de taxistas y remiseros “Fue muy fructífera la charla, más allá de que cada uno tiene una posición bien clara al respecto. Participaron los guías de turismo, que hicieron una presentación sobre este tipo de plataformas digitales y un reclamo a los taxistas y remiseros, porque a veces ejercen su función sin tener la acreditación como es debido. Esto lo plantearon formalmente y nosotros pusimos en conocimiento de todos los legisladores este pedido, no solamente de los que participaron en la reunión”, dijo.

“Acá no hay dudas de si la jurisdicción es provincial o municipal. La Constitución reserva esta función para los municipios, máxime cuando hay una Carta Orgánica tanto en el ámbito de la Municipalidad de Río Grande como en la de Ushuaia. El transporte público de pasajeros lo maneja la municipalidad y no es una discusión que tenemos que saldar”, subrayó.

“Los trabajadores del volante pretenden que se haga una normativa similar a las dos que ya existen, porque hay dos ordenanzas que prohíben este tipo de servicios tanto en la Municipalidad de Río Grande como en la de Ushuaia. Los representantes de los tres municipios corroboraron esta situación, porque el representante del Municipio de Tolhuin dijo que estaban trabajando en una normativa de similares características. La realidad es que la prohibición no ha impedido que esta plataforma se pueda instalar, porque van a empezar a funcionar igual. ¿Cuál es el sentido de hacer una normativa que prohíba la instalación de nivel provincial?”, se preguntó dado que, en el escenario actual existe normativa que se incumple.

“Uno comparte que no se quiera precarizar el trabajo, que los transportes habilitados tienen requisitos de seguridad y limpieza que cumplir. Si tenemos que sacar una normativa, tiene que ser de cumplimiento efectivo y para eso hay que hacer una legislación comparada, porque en Mar del Plata y en Córdoba hay normativa que lo prohíbe pero igual están funcionando. En Mendoza no están funcionando porque hicieron una normativa muy restrictiva para el servicio del transporte. Además hay fallos a nivel provincial y nacional sobre este tipo de empresas. Son todas circunstancias diferentes y no es cuestión de aplicar normativas o fallos de otro lugar, porque tenemos características únicas en Tierra del Fuego. Tenemos que armar una normativa que realmente se cumpla y que cuide tanto al trabajador del volante como a los pasajeros. No podemos demagógicamente sacar una normativa prohibiendo todo y que el efecto sea el mismo, porque no hay ningún control ni sanciones”, manifestó.

“Si no se cumple la normativa en la práctica no sirve de nada. Tenemos pocos lugares de salida y entrada y el control podría ser mejor y más efectivo. Esta es la postura de la mayoría de los legisladores”, aseguró.

Consultado sobre las declaraciones de representantes de UBER, que apelan a una ley nacional que los avala para prestar servicios en todo el país, dijo que “la ley nacional de la que se habla es la ley de trabajo, que prevé el ejercicio digno del empleo. Estas aplicaciones no son de transporte público, ellos dicen que son un transporte privado y, al ser un transporte privado, la aplicación es una intermediación entre privados y el Estado no debiera meterse. Cuando fueron a la justicia con ese planteo, la justicia les dio la razón y dijo que el Estado puede regular el transporte público de pasajeros, pero no el privado. En la misma sentencia dice que si quieren meterse en el transporte privado, deben declararlo de interés público para así poder controlarlo. Eso hizo Mendoza, cambió la ley de movilidad e hizo que tanto el transporte público como el privado sean de utilidad pública y puedan ser regulados por el Estado”, explicó.

“Por eso digo que hay que estudiar el tema, ir a fondo, ver los grises jurídicos para hacer una ley que tenga cumplimiento efectivo. No sirve la prohibición por la prohibición misma. Hay que dejar bien establecido que al Estado no le interesa que haya una intervención privada que no tenga control estatal. Yo como hombre del derecho claramente quiero que exista una regulación, y no una desregulación del mercado porque sería un caos para toda la sociedad. Uno no podría exigir ni controlar quién es el chofer, si tiene seguro o no, si está al día el carnet de conducir y todos los requisitos que se necesitan para poder trasladar personas”, expresó.

Por otra parte hizo mención de los incumplimientos propios de taxistas o remiseros, ante la falta de móviles en la ciudad y el trabajo en negro de los choferes. “El otro reclamo que surgió en la mesa de parte de varios legisladores fue sobre el déficit del transporte, porque nosotros también recibimos reclamos de toda la sociedad. Ahora las municipalidades están analizando ampliar la cantidad de licencias, pero ese déficit es más notorio en Ushuaia que en Río Grande. También hubo reclamos para que los choferes de taxi estén en blanco, que es otra discusión pero es parte del mismo tema, porque si hablan de no precarizar, tienen que empezar por el propio servicio. Hay toda una problemática concatenada que surgió de la mesa. Los guías de turismo y transportistas hicieron su reclamo porque ellos tienen regulaciones, tienen que presentar certificaciones en la Municipalidad, en Transporte de la provincia, en Prefectura Naval, y son los que transportan a los turistas a los centros invernales. Ellos dicen que hay gente que no tiene certificación y está brindando este servicio, así que también es motivo de análisis. Este estudio sale de las zonas urbanas, porque es transporte interurbano, y ahí tendríamos mucha más competencia y jurisdicción sobre lo que sucede”, observó.

Impuesto inmobiliario

Respecto del conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario, el legislador separó el ámbito legislativo de una cuestión que debe tener resolución política entre los ejecutivos. “El ámbito de discusión se generó la semana pasada entre los Ejecutivos para ver cómo se lleva adelante la solución a este tema. El Ejecutivo de ninguna manera tiene intenciones de perjudicar las arcas de los municipios y es la política la que tiene que resolver esta situación. Del punto de vista jurídico ya está resuelta y no hay más instancias. El Superior Tribunal de Justicia dejó bien en claro quién es el titular de la percepción del impuesto inmobiliario y la Corte Suprema no trató el tema, por lo cual esa sentencia quedó firme. Esto no se puede desconocer y es la política la que tiene que resolver esto. Lo principal es que el Ejecutivo provincial no quiere de ninguna manera perjudicar a las municipalidades”, resaltó.

No consideró correcto avanzar en una derogación de la ley 1075 como piden las municipalidades luego de haber recurrido a la justicia y obtener un fallo adverso. “Eso lo veo difícil y debería haber un acuerdo marco entre los Ejecutivos que se pueda homologar, para tener la fortaleza jurídica suficiente. Si no hay un consenso generalizado de este tipo, la Legislatura nuevamente estaría resolviendo un conflicto que tienen que resolver los Ejecutivos y uno siempre tiene que ir a la seguridad jurídica”, defendió.

“Lo que se plantea es que el impuesto inmobiliario que cobran los municipios lo van a seguir cobrando y, del remanente que pudiera recalcularse, el 60% va a los municipios y el 40% a la provincia. No solamente no se afectan las arcas de los municipios, sino que del recálculo el 60% iría para los municipios”, concluyó.