radiouniversidad.com.ar

La diputada de FORJA Mabel Caparrós tomó distancia de sus asesores de Leolabs, uno de ellos su ex yerno, y argumentó que son parte de un estudio jurídico y no tienen “dedicación exclusiva” como asesores de bloque. Por la información que recabó, afirmó que la empresa que instaló los radares “es norteamericana” y no vio inconveniente en el origen de los capitales para otro tipo de emprendimiento. Para el caso de temas sensibles, como los radares, consideró que deberá haber alguna legislación específica. “Yo confío en el Gobierno provincial, porque defiende a las Malvinas como nadie, y confío en el Gobierno nacional, porque ha hecho mucho por el Atlántico Sur”, subrayó, descartando que cualquiera de ellos tome alguna medida que afecte la soberanía.

Río Grande.- La diputada nacional de FORJA Mabel Caparrós, tomó distancia de sus asesores de bloque, que son gerentes locales de la empresa Leolabs, responsable de la instalación de un radar en cercanías de Tolhuin con el objeto de monitorear la órbita terrestre. Explicó que los abogados Cerone y Bilbao son parte de “un estudio jurídico de Ushuaia al que ha contratado la empresa. Trabajan conmigo desde principios de mi gestión, asesorándome en algunos temas puntuales. Ese es el vínculo que tenemos, pero no son personas vinculadas, sino un estudio jurídico que colabora con mi gestión”, dijo por FM Master’s.

“Ha circulado también que ellos consiguieron el trabajo a través mío, y la verdad es que no es cierto. Ellos fueron convocados por un estudio de consultoría de Buenos Aires y lo aceptaron porque no tienen un contrato de dedicación exclusiva conmigo”, argumentó. 

“Tanto Cerone como Bilbao son asesores desde el inicio de la gestión y van a seguir siéndolo hasta fin de año, más allá de que Bilbao es padre de mi nieta. Me da una mano y yo confío en ellos como abogados”, sentenció. 

Dado que hay un pedido de informes del senador Pablo Blanco al gobierno al cual pertenece, y tiene vínculo con los representantes locales de la empresa de capitales británicos, aclaró que “yo ni siquiera conozco a la empresa Leolabs, no tengo contacto con ella. Con el jefe de gabinete de ese entonces, que era Manzur y es el que la autoriza, tampoco tengo contacto. Esta es una consultoría de Buenos Aires que contrata a un estudio de abogados de Tierra del Fuego porque la empresa decide instalar el radar en Tierra del Fuego”, explicó.

“Se dijeron muchas cosas falsas, como que el estudio jurídico estaba en un terreno baldío, y nada de eso es cierto. Ellos son un grupo de abogados que fueron contratados por una empresa que poco tiene que ver conmigo y yo no puedo impedirles que acepten un trabajo tampoco”, sostuvo. 

La diputada dijo que se puso a “averiguar cómo fue que la empresa llegó a Tierra del Fuego, y me encontré con que (José Luis) Hormaechea, del centro astronómico de Río Grande, es quien primero la contactó. A mí y a mi equipo nos hizo llegar unos escritos de la ciudad de Buenos Aires donde participa el CONICET y mencionan a la empresa Leolabs como una empresa norteamericana. Además de esto empezamos a investigar y nos encontramos con que Jorge Argüello los había recibido con los ingenieros especializados en el tema. Decían que Cancillería no estaba informada y no es cierto, porque Jorge Argüello –embajador argentino en Estados Unidos-, que fue Secretario de Malvinas durante la gestión de Rosana Bertone, conoce la situación de Malvinas mejor que nosotros y él emite un comunicado favorable a la empresa, al trabajo que vinieron realizando tanto los ingenieros de Leolabs como los nuestros”, repasó.

“Posteriormente aparecen las expresiones del Teniente General Paleo, que es el Jefe de Estado Mayor conjunto. Yo encuentro que el CONICET estaba informado, que el profesor Hormaechea estaba en conocimiento de esto, yo no tengo nada en común con esto, salvo el mismo estudio jurídico que tiene la empresa. Yo estoy dispuesta a que me pregunten lo que sea, no tengo ni idea de la empresa y esto es trabajo de los abogados”, remarcó.

Una empresa “norteamericana”

Al margen de la información oficial aportada por la IGJ, la diputada aseguró que la empresa es norteamericana, no británica. “Por otro lado ya dicen que son dos empresas británicas, y yo lo que tengo entendido es que es una empresa norteamericana. Si tiene algo que ver con Gran Bretaña, no puede ser instalada en Tierra del Fuego, por eso lo mejor es corrernos de la cuestión política y hacer las investigaciones como corresponde. Yo confío en el gobierno provincial, porque defiende a las Malvinas como nadie, confío en el gobierno nacional, porque ha hecho mucho por el Atlántico Sur. Esto debe investigarse oficialmente, con los pedidos de informe correspondientes. Así lo ha hecho Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y me parece bien. Lo importante es saber qué tenemos instalado, si sirve o no, si nos perjudica, si puede haber alguien de Defensa que garantice para qué se utiliza esto. Más que esto no puedo decir y he tratado de no salir, en medio de tanta acusación”, confesó con incomodidad.

“Cuando hay tanto ruido no te escuchan. Yo tengo mi opinión, tomo lo científico, la investigación y lo que tengo en común con la empresa es el estudio jurídico al que le delega la representación. Cancillería tiene que haber estado al tanto. Las declaraciones del Teniente General Paleo me llamaron la atención y me parece muy importante la actitud de los legisladores provinciales de que se trasladen o lo hagan venir para tener una entrevista con él. Yo he tratado de no pedir informes porque me están involucrando en algo donde no tengo nada que ver y mal sería que yo me ponga  a investigar. Me parece que lo tiene que hacer la oposición. Yo no creo que el gobierno de Alberto Fernández quiera entregar nada que tenga que ver con la soberanía de Malvinas, y el gobierno provincial mucho menos”, aseveró.

“Yo entiendo que no debe haberse consultado con el área de Defensa. Argüello habla de la intervención de ingenieros, el CONICET hace su aporte, hay otra área del gobierno nacional que ha intervenido. Yo conozco al profesor Hormaechea desde hace 40 años y sé quién es, es un investigador reconocido y me parece que está bueno averiguar. Ahora que sale esta personalidad que tiene que ver con las fuerzas armadas –Paleo- me parece importante la opinión de ellos”, reiteró. 

Apuntó que “ahora está suspendido el funcionamiento del radar. Decían que estaba funcionando y yo tengo entendido que no es cierto. Funcionó a modo de prueba como toda empresa que se instala. Yo he consultado a los abogados, pero dentro del secreto profesional me cuentan lo que se puede, que es todo lo que es público. Ellos me dicen que los capitales son norteamericanos y lo mismo dice Argüello. No veo nada que me haga sospechar, pero si hay alguien que tiene una duda en un tema tan sensible, debe ser investigado. Del punto de vista político, yo creo en el gobierno nacional y sé que ha aplicado políticas mirando al Atlántico Sur en todo lo que ha podido. Por supuesto que también confío en el gobierno provincial”.

Se le señaló que la procedencia de los capitales británicos e irlandeses surge de la presentación que realiza la empresa ante la IGJ, quien realiza una inspección y da la autorización correspondiente, además de que luego Hormaechea confirmó la procedencia de los capitales. No obstante para Caparrós “no habría impedimento, salvo en estos temas” en el caso del origen de los capitales. “La palabra radar da un margen de sensibilidad frente a esto. También Hormaechea explica qué tipo de radar es y para qué sirve. Yo no sé si sirve o no para eso. Estimo que si está el CONICET en conocimiento de este tipo de radares y para qué se utilizan, hay un margen de confiabilidad. Este tema de los capitales irlandeses deberá ser evaluado en alguna ley o marco jurídico, pero se entiende que la empresa es norteamericana”, insistió. 

Volviendo sobre sus asesores y gerentes de la empresa, indicó que “los abogados trabajan conmigo desde que empecé mi mandato porque hay un equipo de gente muy joven; hay temas que son muy complejos y la última revisión la dan ellos. Ese es el vínculo que yo tengo, que es exclusivamente jurídico y confío en ellos. Lo más saludable para todo esto es la palabra oficial y saber si hay riesgo o no para nuestra soberanía”, concluyó.