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El apoderado de CAFIN, Alberto Garófalo, se reunió la semana pasada con el secretario de Industria José De Mendiguren y la novedad fue que el funcionario dijo que sería necesario un decreto presidencial para poder dar una prórroga al sector textil, y no una resolución. Consideró que en el escenario actual no saldría un decreto hasta pasadas las elecciones, y el sector no puede esperar más tiempo. Nuevamente recurrió al gobernador para que acelere las gestiones, pero no se mostró optimista. “La perspectiva no es buena pero nosotros tenemos la obligación de insistir hasta el final”, dijo. La llave podría tenerla el gobernador porque “hay una reunión pendiente con el Secretario, que va a ser decisiva para tener una idea de lo que va a suceder en el futuro inmediato”.

Río Grande.- El apoderado de CAFIN, Alberto Garófalo, fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23 sobre las novedades en torno a las industrias textiles radicadas en la provincia, y el panorama no resulta alentador.

“Nunca se pierde la esperanza, la semana pasada estuvimos con De Mendiguren tratando este tema, nosotros intentábamos explicarle qué significa la producción de Tierra del Fuego en la cadena de valor nacional y cómo impacta lo que se produce en Tierra del Fuego en confeccionistas del continente. Tomó nota, se mostró interesado en algunas particularidades de nuestras plantas, pero nos confesó que estaba un poco demorada la solución porque las innovaciones dentro de ese régimen no las puede hacer por resolución, y necesita un decreto. Dijo que estaba trabajando en eso, viendo la posibilidad de que se firme un decreto del presidente”, informó Garófalo como novedad que complica la situación.

“Las innovaciones pasarían fundamentalmente por la imposición de un cupo para la producción fueguina de las textiles, por encima del cual se pagarían impuestos. El tiempo en que estamos viviendo no parece ser muy propicio para que salga un decreto. Quizás se pueda avanzar después de las elecciones con el poco tiempo que queda, o tratar de convencer al Secretario para que se aboque a sacar la prórroga primero, que lo puede hacer por una simple resolución, y luego seguir discutiendo aquellos puntos que resultan conflictivos. Nosotros insistimos en que no queda mucho tiempo y nos parece arriesgado dejar esto para más adelante”, expresó.

“De Mendiguren es un hombre que conoce la industria textil pero hay ciertas particularidades que obviamente se le escapan. Nosotros tenemos en la isla algunos nichos muy particulares que él no tiene por qué conocer. Por ejemplo, lo que aportan los hilados de acrílico para lo que luego es la confección de suéteres; o la producción de tela que luego se utiliza para indumentaria deportiva. Es una tela que tiene cierto nivel de calidad, es exigida por primeras marcas y no se encuentra en el país este tipo de producción. Particularmente la requieren Nike y Adidas”, indicó.

Discriminación sin autor

Un punto que llamó la atención de la charla con De Mendiguren tuvo relación con la discriminación a las textiles. “En realidad lo que nos dice es que él no sabe quién dejó afuera a las textiles pero no se hace cargo y dice que él no fue. Para resolverlo, dice que decide hacerlo en un marco de transparencia, dejando así reflejadas las fuertes presiones que tiene de productores del continente. Él entiende que para obtener esa transparencia son necesarias una serie de medidas que necesitan salir por decreto. Es una posición con la que uno puede no estar de acuerdo pero es la autoridad y, frente a esto, lo que hicimos fue recurrir una vez más al gobernador para que trate de hacer contacto. Nos fuimos con la impresión de que no va a suceder nada por lo menos en este plazo electoral”, confesó.

Lo cierto es que muchas empresas tienen stock hasta septiembre y para hacer una compra de insumos que permita no cortar la cadena no pueden esperar hasta octubre. “Yo vengo alertando sobre esta situación desde el momento en que todavía no había salido el decreto 727, y ya teníamos indicios de que iban a dejar afuera a las textiles”, recordó el licenciado.

Por fuera de las textiles, “todavía hay autorizaciones pendientes de empresas que sí se han podido acoger a la prórroga y me parece que no ayuda el tiempo actual con este clima de elecciones para poder trabajar en estos temas”, apuntó.

Se le mencionó que el gobernador prometió judicializar esto si no hay una respuesta favorable, y tanto la cámara como las empresas se sumarían a la demanda. “Si no sucede nada, creo que octubre ya es una fecha donde se podría hacer una presentación, porque ya es inminente el vencimiento de los plazos. Iremos todos detrás del gobernador en esa presentación, porque las empresas van a hacer lo mismo, amparadas en este paso adelante que daría el gobierno provincial”, afirmó.

“La adquisición de insumos hay que planificarla porque son más de 60 días. La perspectiva no es buena pero nosotros tenemos la obligación de insistir hasta el final, y es lo que estamos haciendo, insistiendo y presentando propuestas, tratando de acercar alguna solución a esto.  El propio De Mendiguren reconoció que había sido una discriminación, aunque no se hace cargo de ella. Nosotros entendemos que hay una reunión pendiente del gobernador con el Secretario y creo que va a ser decisiva para tener una idea de lo que va a suceder en el futuro inmediato. Tenemos entendido que esa reunión va a ser inminente y se podría incluir a las cámaras. El gobernador solicitó tener el texto de la resolución o el decreto antes de que sea firmado, pero no lo tiene porque en realidad no existe. Nunca se escribió”, sentenció.

Lenta agonía

Hasta el momento no hay información de despidos o suspensiones del personal, pero “llegado fin de año veremos qué pasa”, señaló Garófalo, teniendo en cuenta el escenario que vendrá si no sale la prórroga. Mientras tanto las empresas siguen funcionando con un stock muy limitado.

“Es muy dispar la existencia de insumos que tiene cada empresa. Hasta hace poco aquellas que están incluidas en acuerdo de precios habían tenido más acceso a los insumos, otras no. Ahora el parate es para todas. Algunas resisten porque tienen stock suficiente y hay otras que están a punto de desabastecerse”, describió del panorama.

Frente a las acusaciones que pesan sobre Tierra del Fuego respecto del déficit fiscal, advirtió que “no es lo mismo un déficit presunto que uno real”, y que para la Nación “es muy diferente poner dinero para subsidios que dejar de recaudar determinados tributos. Lo que hace falta y no hemos logrado, es discutir el régimen de Tierra del Fuego desde una óptica integral, que excede el tema del costo fiscal. Si bien es deseable una reconversión para que ese costo vaya disminuyendo, es una reconversión que no se puede hacer expulsando a las empresas que hoy generan los puestos de trabajo. La reconversión debería hacerse con las empresas adentro y son estas mismas empresas las que deben tener la oportunidad de reconvertirse. Soñar con que vamos a transformar la isla expulsando a la industria radicada y la vamos a cambiar por otro tipo de actividades, es inviable en ningún plazo predecible. Quienes hablan de esto están hablando de una fantasía”, enfatizó.

Si bien vio con buenos ojos los distintos emprendimientos basados en recursos naturales, lejos se está de reemplazar la mano de obra de las empresas radicadas al amparo del subrégimen. “Nadie discute que hay actividades que pueden prescindir del subrégimen y pueden prosperar en Tierra del Fuego. Estamos todos de acuerdo en eso, pero lo que decimos es que, por magnitud, es muy difícil que puedan reemplazar lo que hoy le otorga a toda la comunidad la existencia de la industria radicada.  Sin duda el puerto de Río Grande va a causar una revolución, porque hay un montón de actividades que van a poder beneficiarse con la existencia del puerto, y a su vez va a impulsar otro tipo de operaciones, así que cuanto antes esté, mejor”, concluyó.