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El excombatiente Daniel Guzmán planteó la necesidad de deslindar las responsabilidades políticas de la instalación del radar de Leolabs en cercanías de Tolhuin y reclamó que se someta a juicio político a los funcionarios que permitieron la instalación de la empresa de capitales británicos. Seguirán movilizando para que no quede impune el accionar de varias instituciones involucradas en la aprobación e instalación del radar. “Es imposible que esto se siga sosteniendo, por eso necesitamos de manera urgente que esta empresa Leolabs desaparezca de Tierra del Fuego y que el radar sea desarticulado. En principio que se le corte la comunicación, la conexión a internet, el suministro eléctrico. Es absolutamente necesario que sea con la mayor velocidad posible”, reclamó Guzmán.

Río Grande.- El excombatiente Daniel Guzmán dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre el reclamo que vienen realizando para que no quede impune la instalación del radar de capitales británicos en la provincia.

El fin de semana movilizaron en Ushuaia frente al Monumento Nacional de Malvinas y seguirán manifestándose hasta obtener respuesta. “Nos reunimos un grupo de 20 veteranos para hacer un banderazo y plantear nuevamente la necesidad de que el radar británico que está instalado en Tolhuin se desmantele de manera definitiva, más allá de la información oficial que ha enviado la Jefatura de Gabinete ordenando la cancelación total del radar. No queremos que se dilate más ni que se siga sosteniendo esta situación absolutamente irregular y ofensiva para la memoria los compañeros que murieron en Malvinas, y sobre todo en materia de peligrosidad para la soberanía y la defensa nacional”, dijo.

“Es imposible que esto se siga sosteniendo, por eso necesitamos de manera urgente que esta empresa Leolabs desaparezca de Tierra del Fuego y que el radar sea desarticulado. En principio que se le corte la comunicación, la conexión a internet, el suministro eléctrico. Es absolutamente necesario que sea con la mayor velocidad posible”, reclamó.

Respecto de la respuesta de autoridades nacionales, indicó que “estuvimos hablando con la gente del Ministerio de Defensa, preguntando cómo iba a ser el procedimiento, y nos dijeron que la Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete estaba elaborando el procedimiento para ordenarle a la empresa qué tiene que realizar para desarticular el radar. No solamente se le quita la aprobación provisoria que le habían dado. Esperamos que esto suceda de manera inmediata”.

“Más allá de esta información que fue publicada por el Ministerio de Defensa, los veteranos de guerra estamos atentos y movilizándonos de manera permanente, porque necesitamos que esto se termine de una vez por todas. Es inaudito e inexplicable que esto esté sucediendo en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego, a 600 kilómetros de Malvinas, y que un radar británico esté en las condiciones en que está”, cuestionó.

Responsables a juicio

“Otra cosa que hemos planteado es que se haga una profunda investigación a nivel nacional y provincial de los responsables de cómo se llegó a esta situación, y que en 19 meses a los fueguinos y a los argentinos nos hayan puesto en semejante situación de indefensión”, expresó sobre la necesidad de determinar responsabilidades e incluso avanzar con juicios políticos.

“Es inaudito que tantas entidades y organismos hayan tenido documentación y nadie haya visto y advertido. Si no fuera por los medios de prensa y por los veteranos de guerra, esto se habría mantenido en el tiempo. Hay funcionarios nacionales y provinciales involucrados, y hay asesores de la diputada nacional Mabel Caparrós que a este momento son miembros del directorio de Leolabs Argentina SRL, que es filial de dos empresas con sede en Irlanda y en Londres”, remarcó.

Asimismo, libró de responsabilidades al intendente de Tolhuin y al municipio, que fueron los primeros que encendieron el alerta. “Yo separo a la gente de Tolhuin porque fueron los únicos que le pusieron un parate y al menos tuvieron olfato para darse cuenta de que algo irregular estaba sucediendo. Sin embargo la Jefatura de Gabinete de la Nación, la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad, y la Secretaría de Innovación Tecnológica, han sido absolutamente permeables al avance colonial británico, permitiendo que un radar británico se instalara en Tierra del Fuego, sobre todo porque no le dieron participación al Ministerio de Defensa, tampoco le dieron participación a la Cancillería y tampoco a los organismos científicos argentinos que debieron ser consultados. Tampoco le dieron participación al Ministerio del Interior, instalaron una antena en zona de frontera y no puede ser que nadie haya dicho nada cuando ingresaron doce contenedores grandes para montar estas antenas”, apuntó sobre la ceguera de la provincia.

“No puede ser que la IGJ haya recibido un pedido para la instalación primero haciendo mención a Leolabs Inc., con sede en California, y posteriormente cuando se presenta la documentación para la inscripción figure otra empresa que es Leolabs Argentina como subsidiaria de dos empresas británicas. Nadie lo vio, ni la IGJ, ni la Secretaría de Ambiente, ni la DPE. Nadie vio nada y esto realmente es inaudito, porque no podemos creer que nadie haya visto nada”, enfatizó.

“Es necesario que se abra una profunda investigación en la provincia. La Legislatura tiene que crear una comisión especial y en tal caso abrir los juicios políticos a los responsables. No puede quedar en que la Jefatura de Gabinete pida la remoción total del proyecto”, sentenció.

Observó que “si esto hubiera sucedido en Gran Bretaña y nosotros hubiéramos querido instalar un radar en Malvinas o en Londres, nos sacan a las patadas, y si lo hubiéramos concretado, los que autorizaron eso van presos”, contrastó.

Advirtió que “Malvinas no se abre y se cierra el 2 de Abril, esto no lo podemos permitir, porque es una patada en el estómago para los fueguinos y fueguinas que sentimos Malvinas y la defendemos todos los días. Hay miles de personas en Tierra del Fuego comprometidas con la causa. No son solamente los excombatientes. Por eso es imposible quedarnos con la decisión de desmantelar. Esto no puede quedar así de ninguna manera”, insistió.

Silencio de funcionarios e inacción legislativa

A nivel local consideró que “los municipios no tienen responsabilidad”, pero apuntó a las áreas de gobierno y al silencio de la Legislatura. “Yo soy autor de la comisión 7 de Malvinas –que preside Federico Sciurano- y vine peleando desde 2014 para que se creara, porque en Tierra del Fuego no había una sola comisión de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Se ha armado la tormenta perfecta para que esto esté sucediendo y si no tomamos en cuenta esta situación, se va a repetir. A esta Legislatura no le pido nada porque no ha hecho nada. Las veces que hubo una reunión fue a puertas cerradas y nadie supo nada. La prensa ni se enteró de lo que hablaron. En la reunión anterior que se hizo hace 15 días, solamente permitieron exponer a los excombatientes. El resto, salvo el legislador Pablo Villegas, no dijo esta boca es mía. Es necesario armar una reglamentación lo suficientemente poderosa no solamente para un radar británico, sino para cualquier empresa de cualquier país que venga a radicarse a Tierra del Fuego. Tenemos que saber para qué viene, con qué objetivo, y que de ninguna manera vulnere la soberanía nacional”, planteó.

Cancillería pro británica

Finalmente cuestionó duramente la actuación de la Cancillería argentina, y la inactividad del comité asesor de Malvinas. “La Cancillería argentina es absolutamente pro británica. La Cancillería puede dar fundamento de gestión hasta abril del año ’82, porque del ’82 en adelante tiene que dar explicaciones. Lo que sucedió después de esa fecha en términos diplomáticos es de una gravedad absoluta, todo favorable a los intereses británicos en Argentina. Los tratados de Madrid del ‘89/’90 de Menem son absolutamente favorables a Gran Bretaña y desfavorables para la Argentina. El acuerdo Foradori-Duncan también fue escrito, pergeñado y aceptado por la Cancillería pro británica. Antes de defender los intereses de la Argentina, defiende los intereses de las potencias extranjeras por eso el consejo nacional de asuntos relativos a Malvinas, como ha dicho el senador Pablo Blanco, le da mucho más valor al secretismo diplomático que a la defensa nacional. Los argentinos no sabemos qué cosa hace este consejo nacional en tres años que lleva creado, y no ha dado ningún elemento favorable para que se revierta esta situación, por el contrario, sigue permitiendo que las empresas españolas, chinas, taiwandesas y coreanas, asociadas con los británicos, pesquen y saqueen los recursos naturales argentinos y fueguinos alrededor de Malvinas, y que las empresas petroleras sigan avanzando con los proyectos en el yacimiento a 200 km al norte de Malvinas”, concluyó.