El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, estimó que el boleto de colectivo podría superar los 700 pesos si no hay fondos del municipio para compensar la quita de subsidios nacionales.
Río Grande.- El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande Gastón Díaz aseguró que de no ser posible, el boleto de colectivos pasaría a costar más de 700 pesos, que es el valor solicitado para diciembre de 2023 y resta calcular los costos de enero. “Este incremento de 191 pesos corresponde al mes de noviembre de 2023 y fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. Todavía no hemos tenido el impacto de la quita del subsidio nacional. El valor de 700 pesos que se ha mencionado en muchos medios y podría ser el valor en Río Grande, es un valor que responde al mes de diciembre de 2023”, dijo. Por otra parte, en pocos días se conocerán los nuevos licenciatarios de taxis y remises y, de los 250 inscriptos, solamente 130 completaron la documentación para acceder a las nuevas vacantes. «Cuidar los recursos municipales es la premisa y fue lo que solicitó el intendente a los concejales”, recordó el titular de la cartera política.
Lo cierto es que por ahora el costo del boleto es de 191 pesos, pero ese monto corresponde al aumento solicitado en noviembre del año pasado. “La empresa Citybus tenía tres fuentes de financiamiento, que eran los subsidios nacionales, el subsidio municipal y la tarifa que abona el usuario. Fue anunciada la quita del subsidio nacional y, si no queremos que el boleto de colectivo se dispare, va a haber que subsidiarlo desde el ámbito municipal. Para que nosotros podamos compensar a través de recursos municipales una quita que ha hecho el gobierno nacional, necesitamos una administración financiera equilibrada. Por eso el intendente planteó a los concejales la necesidad de cuidar los recursos del municipio”, dijo el Secretario por Radio Provincia.
“Este incremento de 191 pesos corresponde al mes de noviembre de 2023 y fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. Todavía no hemos tenido el impacto de la quita del subsidio nacional. El valor de 700 pesos que se ha mencionado en muchos medios y podría ser el valor en Río Grande, es un valor que responde al mes de diciembre de 2023. Habrá que ver la estructura de costos, cuánto es el valor del boleto en la actualidad y cuánto es lo que el municipio puede aportar para que el boleto no se dispare tanto”, manifestó.
Taxis y remises
Por otra parte se refirió a la publicación de los listados de los aspirantes a licencias de taxis y remises, y manifestó que casi la mitad no presentó toda la documentación. “No es un tema menor, porque tanto taxistas como remiseros han planteado la necesidad de la entrega de nuevas licencias. Los listados van a estar publicados hasta el jueves y a partir de ahí empieza un período de observación de tres días. En diez días deberíamos estar resolviendo, para entregar 40 licencias de taxi y 40 licencias de remise. Estamos en proceso con las agencias de bajar una plataforma que permita modernizar el servicio en la ciudad. Esto lo tenemos muy avanzado y esperamos anunciarlo pronto”, anticipó.
“En el mes de diciembre nosotros abrimos un registro público de aspirantes, que no existía. Se anotaron más de 120 para licencias de taxi y más de 100 personas para licencias de remise. Ese registro público permanente queda para casos sucesivos. Se les empezó a solicitar documentación y alrededor de 70 personas en cada uno de los servicios la completaron. Hoy tenemos unas 70 personas aspirantes a una de las 40 licencias de taxi y unas 60 personas para las licencias de remises. En total de inscriptos hay casi 250 personas, pero son apenas 130 personas las que completaron la documentación”, precisó.
Uber sin regulación
Con respecto al fallo que dispone la regulación de la plataforma digital, aclaró que “el fallo aplica para un caso concreto y por supuesto es un antecedente negativo, porque el Poder Judicial ordena al Concejo Deliberante que regule el servicio de plataformas digitales. Entiendo que el Concejo no lo ha tratado todavía. La normativa que hoy tenemos vigente prohíbe el servicio de plataformas digitales, por eso seguimos realizando controles e infracciones a los que transportan pasajeros y no son taxis o remises. Si esto después se modifica en el Concejo, es algo que escapa al ámbito del Ejecutivo”, sostuvo.
«Cuidar los recursos municipales es la premisa y fue lo que solicitó el intendente a los concejales”
El funcionario también se refirió a los desencuentros con el Concejo Deliberante, que detonaron en una sesión de apertura sin la presencia del intendente Martín Pérez quien tuvo que esperar más de una hora a que lleguen los ediles, y ratificó que las ordenanzas que fueron vetadas quitan recursos al municipio y van a producir un desfinanciamiento.
“Las necesidades van a ir creciendo en función de las decisiones que está tomando el gobierno nacional respecto de los estados provinciales y municipales. Estamos hablando con todos los sectores y dentro del Concejo Deliberante es el primer lugar donde tenemos que retomar los canales de comunicación”, señaló.
“Las cuestiones tributarias, de la organización interna de la administración pública municipal y las cuestiones presupuestarias, son facultad del Ejecutivo de acuerdo a nuestra Carta Orgánica. Todo lo que tenga que ver con tributos y con presupuesto, para sufrir algún tipo de rectificación, el proyecto de ordenanza tiene que ser iniciativa del Ejecutivo municipal. Ese fue el motivo de los vetos y se hizo saber a los concejales que el Ejecutivo no tiene la facultad de delegar, porque así está establecido en la Carta Orgánica. Ahí se ha trabado la discusión respecto de presupuesto y tributos”, explicó Díaz.
Recordó que “son tres ordenanzas, un proyecto que se refiere a eximiciones impositivas y, claramente, si se exime, existe una quita de recursos; hay otro proyecto que plantea la no exigibilidad del libre deuda, que es un mecanismo coercitivo para que el vecino haga frente a sus tributos; el tercer proyecto tiene que ver con el presupuesto y modifica la unidad fiscal que se aplica para el incremento o disminución de los impuestos. La unidad fiscal es una unidad de medida que, por ordenanza del año 2011, se va a actualizando año a año. Nosotros este año observamos que la actualización iba a dar un número importante porque va atada al índice de precios mayoristas, y desde el Ejecutivo propusimos una bonificación del 40%, que se aprobó en noviembre por ordenanza. En el proyecto que nosotros vetamos se incrementa esa bonificación. Si se exime de impuestos, si se deja de exigir el libre deuda y si se baja la unidad fiscal, claramente eso es una disminución de recursos”, subrayó.
“Los decretos de veto fueron emitidos, esto se hizo el 6 de febrero, se notificó al día siguiente y el Concejo Deliberante ha hecho un planteo de que esos vetos debieron ser notificados el mismo día 6. Esa es la discusión que se está dando hoy, pero lo importante es el fondo del asunto, porque por Carta Orgánica es una facultad del Ejecutivo municipal definir estas cuestiones que además provocan una quita de recursos”, reiteró.
“Desde el área de Finanzas hemos estimado una reducción de 900 millones de pesos. En un municipio que tiene tantas prestaciones que afrontar, es un desfinanciamiento importante”, aseguró el funcionario.
“Nosotros esta semana enviamos un escrito al Concejo Deliberante, planteando que las facultades son del Ejecutivo y que los vetos fueron emitidos dentro de los diez días, como prevé la Carta Orgánica, que es muy clara al respecto. Creemos que los vetos van a mantenerse vigentes y, si hay que dar alguna discusión presupuestaria o impositiva, tiene que ser dentro del marco legal que establece la Carta Orgánica”, sentenció.
En materia de relaciones, indicó que “protocolarmente la relación está bien, pero falta más diálogo y más búsqueda de consenso. Cuando el intendente de la ciudad convocó a los concejales a dialogar, uno de los puntos principales que expresó tuvo que ver con cuidar los recursos del municipio. Nosotros tenemos un municipio con las cuentas equilibradas, no tenemos déficit fiscal y no tenemos ningún tipo de endeudamiento que nos pueda llegar a desfinanciar en el futuro. Lo que el intendente manifestó ese día fue la necesidad de cuidar los recursos que tenemos, que son destinados a cubrir necesidades de la ciudad y de los vecinos”, priorizó.
Reconoció que “hay distintas miradas en el Concejo Deliberante porque, además de compañeros justicialistas, tenemos bloques del MPF, de la UCR, del partido FORJA. Claramente hay distintas miradas y entendemos que es normal, pero considero que tenemos que profundizar el diálogo, sobre todo en el cuidado de los recursos municipales”.
A propósito de los recursos, se le consultó sobre las declaraciones del concejal Federico Runín, quien aseguró que en concepto de regalías el presupuesto municipal debería ingresar unos dos mil millones. “Las regalías fueron incorporadas junto con la coparticipación federal, la provincial y los tributos que se perciben a nivel municipal. Las regalías están contempladas y entiendo que el concejal quiere plantear que existiría algún tipo de incremento en las regalías hidrocarburíferas, pero lo que sucede es que la provincia no tiene un presupuesto aprobado, tiene un presupuesto reconducido, por lo cual la estimación de recursos es compleja. Nosotros la hacemos en base a lo que tiene aprobado la provincia. Si al gobierno provincial le están ingresando más recursos por regalías, por supuesto sería bueno conocerlo y que nos muestren la documentación”, concluyó.
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