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Tras la reunión de este sábado, los gobernadores patagónicos llevarían a cabo un paro en yacimientos de provincias productoras, trascendió tras una reunión vía Zoom. “Si el Gobierno nacional llama al diálogo, estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo, no juntarnos a hacer el reunionismo de siempre. Necesitamos que se comprometan a quitamos la pata de encima. No le estamos pidiendo un peso, afirmó el gobernador de Chubut, Ignacio ‘Nacho’ Torres. Pero no fueron los únicos que terminaron unidos por el espanto. Después de una semana de tensiones y pulseadas internas, los 10 gobernadores del PRO y de la UCR -la única dimensión donde todavía sobrevive la marca Juntos por el Cambio- firmaron una declaración conjunta de apoyo y solidaridad con Chubut y de reclamo al gobierno nacional para que “cumpla con la Constitución y envíe urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.

Rawson.- La inusitada rebelión de los gobernadores contra las políticas de ajuste que viene aplicando Javier Milei desde que asumió el 10 de diciembre tendrá en las próximas horas derivaciones en la Justicia y el Congreso, en simultáneo una previsible profundización del enfrentamiento político entre el oficialismo, la oposición y los sectores que habían sido dialoguistas en el inicio del mandato. Se trata de una pelea por definir quién carga mayor peso de la reducción del gasto público.

La novedad más significativa que ocurrió en el conflicto que se inició por la retención a la provincia de Chubut de 13 mil millones de pesos de la coparticipación fue la adhesión de los mandatarios de la Patagonia a la amenaza que lanzó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres de suspender el envío de gas y petróleo al resto del país si antes del miércoles no se devuelve esa suma. Fue una decisión que tomaron cinco de los seis gobernadores de las provincias del Sur, que proveen más del 80% de los hidrocarburos que se consumen en la Argentina.

Según informaron fuentes de este encuentro, «los seis gobernadores ratificaron el documento y no tomaron una nueva decisión. Van a esperar si existe algún tipo de respuesta del Gobierno nacional y luego verán cómo sigue esto, porque recién empieza.» Del encuentro virtual participaron Torres y sus pares Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Los líderes patagónicos pertenecen a partidos políticos locales, que responden más a lógicas de sus distritos que a alineamientos nacionales. Torres es del PRO, Rolo Figueroa tiene origen en el Movimiento Popular Neuquino; Alberto Weretilneck fundó Juntos Somos Río Negro; el fueguino Gustavo Melella es si se quiere el más claro kirchnerista, aunque encabeza el partido Concertación FORJA; mientras que el pampeano Sergio Ziliotto es del PJ orgánico; y el santacruceño Claudio Vidal surgió del sindicalismo peronista. Esa región multipartidaria terminó unificada en contra del ajuste y dispuesta a aplicar una medida de fuerza que no reconoce antecedentes y que podría tener graves consecuencias.

La instrumentación de esa medida se haría mediante una huelga de sindicatos petroleros y de la construcción, con apoyo de otros gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y piqueteros. La CGT ya avisó que apoyará las medidas de fuerza que se tome en el sur.

Pero no fueron los únicos que terminaron unidos por el espanto. Después de una semana de tensiones y pulseadas internas, los 10 gobernadores del PRO y de la UCR -la única dimensión donde todavía sobrevive la marca Juntos por el Cambio- firmaron una declaración conjunta de apoyo y solidaridad con Chubut y de reclamo al gobierno nacional para que “cumpla con la Constitución y envíe urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.

Lo apoyaron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, pero también Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y el correntino Gustavo Valdés; o Alfredo Cornejo, de Mendoza. Con los 10 de JxC, los cinco de la Patagonia, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), el salteño Gustavo Sáenz, y el resto de los mandatarios, se confirmó una rebelión generalizada al ajuste permanente que viene proponiendo Milei.

El recorte a Chubut fue la chispa que encendió la pradera seca de provincias que se quedaron sin resto financiero. Desde diciembre vienen “quemando” recursos propios y fondos a cuenta, debido a la abrupta reducción de las transferencias de Nación. Se quedaron sin dinero para obra pública, sin el Fondo de Incentivo Docente, ni plata para subsidios del transporte, entre otras líneas de financiamiento que provenían de Buenos Aires. El panorama se agrava si se le suma que deben enfrentar una sensible caída de la recaudación propia, por una recesión aguda, combinada con alta inflación y salarios deprimidos. Un cóctel explosivo.

Son las externalidades que empujaron a Chubut a anunciar una medida de fuerza que el propio Milei desafió al gobernador que la ejecute y afronte las consecuencias legales. “Nacho Torres no se metió en este conflicto sin una vía de salida y la salida que va a construir es la Justicia. Por eso va a ir a tribunales y va a pedir una medida urgente que permita descomprimir”, contaba anoche uno de los mandatarios que viene lidiando con las mismas políticas de achicamiento del gasto que desató la amenaza de cortar el suministro de gas y petróleo.

En concreto el vicegobernador Gustavo Menna confirmó que se presentará mañana ante la Justicia -todavía no está definido en qué juzgado- para solicitar una inmediata intervención para que se suspenda la medida dispuesta por el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, de retener esos fondos de la coparticipación. El argumento que planteó el Gobierno es que la provincia tiene firmado un contrato que puso como garantía de pago de un préstamo esos recursos. “Se cumplió un contrato. No se violó ninguna ley ni se cometió ninguna arbitrariedad”, explicaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada. Menna también reconoció que no estaba descartada presentar una denuncia penal en contra del ministro de Economía.

A su vez, entre los gobernadores empezó a hablarse de una respuesta común contra las continuas reducciones de los envíos de partidas nacionales a las provincias. “El plan motosierra encontró un límite. Ya hubo mucha bronca con el recorte del Fondo de Incentivo Docente y de los subsidios al transporte. Pero lo que pasó con Chubut es que se tocó, ahora, las transferencias que eran intocables, porque formaban parte de la coparticipación. Primero fue Nacho Torres. ¿Quién garantiza que, con otros argumentos, lo hagan con otro?”, manifestó en diálogo con este medio uno de los mandatarios que está abocado a esta gestión sigilosa.

Se habla de una declaración o, incluso, de un proyecto de ley que otorgue una suerte de “blindaje” de los recursos que están asignados por la coparticipación federal o por leyes específicas. Es una ofensiva que se desplegará en el Congreso Nacional, aunque depende de un consenso complicado, por la desconfianza entre sectores tan disímiles como el kirchnerismo y los representantes de Córdoba.

Qué pasaría si Chubut y las provincias patagónicas cortaran el envío de petróleo y gas

Fuentes consultadas coincidieron en que es improbable que ocurra y expusieron las complejidades legales y técnicas que resultarían de una situación que no tiene antecedentes

¿Cuán probable es que Chubut corte el envío de gas y petróleo y que las otras provincias patagónicas se le sumen, en lo que sería un inédito lock-out energético de una región al resto del país?

Tras la reunión virtual que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantuvo el sábado por la tarde con sus pares de la Patagonia, el mandatario provincial (que profirió su advertencia el viernes en un acto en Comodoro Rivadavia, a raíz de la retención por parte de Nación, de $13.500 millones de coparticipación como cuota de la deuda de Chubut al “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”), el mandatario provincial dijo a Infobae que sus pares de la región se comprometieron a acompañarlo en una medida de fuerza que no tiene antecedentes.

Torres, su vicegobernador, Gustavo Menna y el ministro de Economía provincial, Ramiro Ball, denunciaron que el gobierno ignoró las propuestas de canje de deuda que presentó Chubut para dejar atrás el actual esquema, ajustable por CER y a pagar en solo 12 cuotas, que en noviembre de 2023, dos semanas antes del balotaje en que Javier Milei fue elegido presidente, dispuso el exministro de Economía y entonces candidato presidencial, Sergio Massa, y que según el gobierno chubutense lleva las tensiones al límite en una provincia con un historial de alta conflictividad.

¿Cuáles serían las consecuencias legales, técnicas, económicas de algo así?

El recorte del envío de Hidrocarburos “no tiene sentido” dijo Francisco Romano, socio del Estudio Jurídico Pagbam (Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen) y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral. “Según artículo 124 de la Constitución, las Provincias son dueñas de los recursos del subsuelo, pero por el sistema de concesión adjudicaron la explotación a empresas privadas y éstas tienen libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que producen. Por lo tanto, el crudo producido ya no es de la provincia”.

Aduanas interiores

“Prohibir su salida del territorio provincial equivale a crear aduanas interiores, prohibidas por la Constitución Nacional”, subrayó el experto en derecho de los hidrocarburos. En todo caso, señaló, “lo que tiene que hacer la provincia es acudir a la Justicia, no generar medidas de acción directa que son violatorias de la Constitución”.

En términos parecidos se manifestó el exsecretario de Energía, Juan José Aranguren, que en entrevista con CNN Radio dijo que impedir que el petróleo salga de los puertos de Chubut a Buenos Aires “significaría un accionar ilegal”.

“Si esto llegara a ir a la Justicia la provincia de Chubut tiene las de perder”, dijo Aranguren´, y explicó que desde que el recurso está concesionado le pertenece a un privado”. La provincia, dijo, tiene solo dos alternativas, “pagar (la deuda con el Fondo Fiduciario, que es de $119.000 millones, según afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo) o negociar”.

“Es lamentable que esto ocurra, pero si esto llegara a ir a la Justicia la provincia de Chubut tiene las de perder. Cortar el petróleo es ilegal; hay que bajar las revoluciones y no ser uno más patotero que el otro”, dijo Aranguren, en un llamado a la prudencia. Hablando, dijo, “todos son picantes, pero hay que cumplir los compromisos y actuar conforme a derecho”.

El peso de las provincias patagónicas en materia de petróleo y gas es abrumador. Como también precisó Infobae. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en 2023 la Argentina produjo 36.867.693 m3 de crudo y 48.109 millones de m3 de gas, de los cuales Chubut aportó 21,4% y 5,82% respectivamente. Si se considera a toda la Patagonia, los números son aún más contundentes. De acuerdo a un informe de la consultora Oil Production Consulting, en diciembre las tres cuencas que se encuentran en esa región (Austral, Neuquina y Golfo de San Jorge) aportaron el 98% de la producción total de petróleo y 97% de la producción de gas del país.

-¿Puede legalmente una provincia cortar el suministro?, le preguntó Infobae a Emilio Apud, exsecretario de Energía y ex miembro del directorio de YPF.

-”Legalmente, pierden. Afectan directamente el derecho de propiedad de personas jurídicas, como son las empresas. Según la Constitución Nacional de 1994 el petróleo y todos los recursos bajo tierra son de las provincias, pero para sacarlos hay permisos de exploración y contratos de concesión. Una vez extraído, el petróleo o el gas pertenecen a la empresa, que los vende a la refinadora o lo exporta”, respondió el consultor y también ex miembro del directorio de YPF. “En caso de prohibir esas actividades, además de exponerse a sanciones judiciales, la provincia se privaría de regalías. Y sería muy malo para el país. Nadie pondrá un peso aquí mientras siga la historia de intervencionismo e inseguridad jurídica. Sería una señal terrible que un gobernador le meta la mano a una petrolera”, subrayó Apud.

-¿Cuán complejo técnicamente es cortar el envío de gas y de petróleo?

-Es un problema grande. En Cerro Dragón (importante yacimiento petrolero en Chubut, concesionado a Pan American Energy, PAE) hay 2.000 pozos, muchos son de recuperación secundaria o terciaria, con inyección de agua y polímeros. En caso de parar, se pierde mucha eficiencia operativa y reiniciarlos es también un problema: desde lo operativo y técnico sería muy difícil y perjudicial para la productividad de los yacimientos de la zona. Chubut produce cerca de 20% de petróleo del país. Es un petróleo pesado, el Escalante, necesario en refinerías para producción de gasoil, combustible del que la Argentina importa un 10% del consumo interno. Sería un problema adicional para transporte y las actividades de siembra y cosecha del sector agrícola. Ya el año pasado hubo problemas serios por falta de gasoil”.

-¿Y en el caso del gas?

En gas la importancia de Chubut es mucho menor, pero las amenazas del gobernador Torres le sirvieron para ganar apoyo político y atención mediática. Pero el recorte del envío de petróleo y gas es difícil que lo haga Chubut e imposible que adhieran las demás provincias patagónicas.

-Más allá de lo improbable que resulte, ¿en cuántos días afectaría la producción de combustible en refinerías, la provisión de gas en redes y el funcionamiento de las centrales térmicas?

-No hay problemas en los oleoductos si hay pulmón y capacidad de almacenaje en los puertos (Caleta Olivia y Puerto Rosales). Y en gas menos; 60% del parque generador funciona con gas. No me imagino parar el país por falta de energía. Argentina consume 70 millones de toneladas equivalentes de petróleo, no hay forma logística de reemplazarlo por importaciones. Además, el gobierno tendría medidas para evitarlo.

-¿Hay antecedentes de algo similar a lo que dice Torres?

-No hay antecedentes, porque es inviable. Pudo haber ocurrido antes de 1989, donde todo estaba todo en manos del Estado; era el dueño del subsuelo y de la producción. Ahora es imposible. No recuerdo que haya habido amenazas de este tipo, aunque es política y mediáticamente muy efectiva. Por paros sindicales sí hubo antecedentes, pero focalizados.