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Así lo advirtió el periodista José Piñeiro, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, quien además advirtió sobre la situación edilicia de la Alcaidía de Ushuaia cuya edificación tiene problemas estructurales “y puede colapsar”. Observó que el único derecho que pierden los privados de libertad es “poder circular libremente, pero tienen derechos fundamentales como el acceso a la educación, al trabajo, a la salud física y mental, a la alimentación misma, donde el recorte también está llegando y hay menos presupuesto. Llega menos cantidad de comida también de la que habitualmente llegaba la unidad, y esto se repite en todos los lugares”, advirtió. También adelantó que dicha multisectorial se inscribirá en el llamado a renovar el Comité contra la Tortura donde justamente se abordan temas como la sobrepoblación carcelaria y el respeto a los derechos humanos, buscando mejorar las condiciones de reclusión y la reinserción social de estas personas encarceladas.

Río Grande.- En diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHZ, el periodista e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, José Luís Piñeiro, fue consultado por la convocatoria que hizo la legisladora Natalia Gracianía (Republicanos) para renovar los integrantes del Comité Contra la Tortura (Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).

“Un poco refleja el objetivo de este comité que fue conformado ya hace casi dos años, por eso la necesidad de renovar a quienes representamos, a las organizaciones ya gubernamentales. Por hoy arrancamos con tres organizaciones, dos de Ushuaia, una de Río Grande, que es la Multisectorial de Derechos Humanos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el periodo de inscripción ahora para renovar esos lugares que vencen el 31 de mayo. Recordamos que además de las ONG hay dos legisladores allí que ocupan un lugar en el comité, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Judicial. Lo que se renuevan son los representantes de las ONGs, que se deben inscribir en las distintas organizaciones”, explicó el entrevistado.

En ese sentido reveló que “hemos resuelto en una reunión que se hizo este fin de semana, desde la multisectorial, seguir participando en este espacio porque nos parece importante. Recordamos que es un organismo que se maneja de manera independiente, pero con unas particularidades, podemos decir, en la provincia, porque el funcionamiento de quienes los hacemos de las ONGs o la participación es totalmente ad honorem, no es que se cobra un sueldo, no tenemos un rango de funcionarios, sino que lo hacemos de manera voluntaria. Es más, hoy por hoy el comité tampoco tiene un presupuesto para funcionar, así que es todo a puro esfuerzo; incluso cuando tenemos que viajar a Ushuaia o otros lugares, sobre todo en la primera etapa, lo pudimos hacer con algún acompañamiento desde la Legislatura a través de gestiones de los legisladores que integran el comité. Hoy es todo más dificultoso por este tema del recorte de presupuestos en general que hay, pero el organismo sigue funcionando y desde la Multisectorial entendemos que a partir del comienzo de este funcionamiento se pudo ingresar en los lugares de privación de la libertad de la provincia precisamente echando una mirada sobre el respeto a los derechos humanos que tienen estas personas que están privadas de su libertad, que es el único derecho que perdieron, el de circular libremente, pero deben tener acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, a condiciones dignas de vida en los lugares de reclusión que son lugares, como siempre se dice, no para seguridad y no para castigo”.

Superpoblación carcelaria

El integrante del Comité contra la Tortura fue consultado sobre denuncias de hacinamientos en las cárceles fueguinas. “Es el mayor problema, el de la sobrepoblación carcelaria hoy. Por ejemplo, en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande hay unas 176 personas en un lugar que -me decían las propias autoridades de la unidad- está preparado como máximo y con mucho esfuerzo para alojar a 100 personas. O sea, hay 76 más. Hoy por hoy no hay en general celdas que se compartan, pero bueno, es un lugar que está saturadísimo. Y de este problema de la sobrepoblación deriva el resto, se profundiza el resto; eso complica el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación misma, donde el recorte también está llegando y hay menos presupuesto, llega menos cantidad de comida también de la que habitualmente llegaba la unidad, y esto se repite en todos los lugares”, advirtió.

Alertó que “el hacinamiento es mucho peor incluso en la Alcaidía de Ushuaia, esto motivó un Hábeas Corpus presentado por el propio Comité pidiendo medidas urgentes, porque es un edificio muy antiguo, está sobrepoblado, está en serio riesgo. Hay una rajadura que pudimos ver nosotros en una inspección, está muy preocupado por eso, porque no solo se complica la tarea que deben desarrollar en este tema de la sobrepoblación, hoy por hoy está en riesgo físico, porque ese edificio que está en pleno centro de Ushuaia, sobre la calle Gobernador Deloqui, puede realmente colapsar en cualquier momento”.

Entendió a título personal sobre este punto, que “no soporta una inspección de ningún tipo esa alcaidía de Ushuaia. Así que esa es la situación y uno de los problemas más graves, o el problema más grave hoy por hoy es el de la sobrepoblación, y ahí derivan otros como el acceso a la salud, a la salud mental, lamentablemente, no esto complica realmente todo. La situación realmente de las cárceles de la provincia es compleja”.

José Piñeiro recordó que “el Comité tiene la obligación de ocuparse fundamentalmente de observar y realizar recomendaciones y hasta impulsar medidas, como en este caso de la Alcaidía de Ushuaia se está haciendo. Sobre los lugares donde se encuentran personas que están impedidas de circular libremente. Estos son las cárceles, pero también lugares donde estén personas con problemas que tienen que ver con la salud mental, también lugares donde haya personas mayores de edad que no puedan salir libremente de estos dos lugares, o los menores que tienen alguna situación de conflicto o bien con la ley o por alguna circunstancia están alojados en esos espacios”.

Agregó que “todo esto debe controlar el Comité, pero también velar cuando se detiene a una persona, en qué situación se hace, si se respetan las leyes, si se respetan los derechos humanos. Y también la existencia o no de protocolos para estas situaciones. En la provincia se están pidiendo informes al respecto, así que tiene competencias sobre todas esas áreas y obviamente nosotros como Multisectorial también de manera independiente y por fuera del Comité sí nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos”.

Proyecto de nueva cárcel en Ushuaia

También se le preguntó sobre el proyecto en el parlamento provincial que pretende crear una nueva cárcel en la capital provincial. “Hubo un proyecto, hubo en algún momento hasta presupuesto del ámbito nacional para construir una cárcel en Ushuaia o un lugar de reclusión en Ushuaia. Nosotros insistimos en ese momento que debía hacerse, pero en las condiciones óptimas y respetando todos los protocolos e indicaciones. Esto se perdió por este debate, por las idas y vueltas, por la oposición de algún sector de la comunidad, que debería pensar que en realidad ya tiene una cárcel en Ushuaia, que es esta Alcaidía de la calle Deloqui, que está plantada en el centro de la ciudad, y que en cualquier momento va a ser noticia, no por su existencia ahí, sino porque, y ojalá esto no suceda. Obviamente, puede en cualquier momento colapsar”, insistió.

Piñeiro adelantó que el tema de la superpoblación carcelaria será insistido en el seno del Comité contra la Tortura porque “en realidad plata hay, lo que hay que definir es hacia dónde se destinan esos fondos, tanto a nivel nacional como provincial, y creemos que estas son cuestiones urgentes, así que vamos a seguir insistiendo, obviamente, desde la Multisectorial y con mucha fuerza también desde el comité”.

El Comité contra la Tortura fue creado por la Ley Provincial Nº 857 y tiene la obligación de reunirse como mínimo una vez por mes.  “Hemos resuelto recientemente que sea una vez en cada ciudad, y que en cada una de esas reuniones se aproveche para realizar inspecciones alternativas en Ushuaia y en Río Grande, de los lugares de detención, pero como mínimo una vez al mes tenemos la obligación de reunirnos, así que sí, seguramente la renovación tengo entendido que será en el mes de agosto, no está todavía definida la fecha precisa, pero sí, tendremos ya un par de reuniones antes”.

Recordó que desde 1998 “visitábamos lo que entonces era el Puesto 1, allá en la Margen Sur, con un taller de periodismo y en esa época tratando de ver, de echar una mirada, y de tratar de aportar a la situación que existe en las cárceles de la provincia, porque nos parece que es importante, nos parece que son personas que están privadas de su libertad, y que el día de mañana van a estar circulando entre todos nosotros, y entre todas, así que es importante hacer un trabajo, que obviamente no se hace”.

La situación de los Derechos Humanos a nivel nacional

José Piñeiro adelantó que “esta semana hay una reunión nacional en la provincia de Santa Fe, vamos a estar participando, analizando la situación social de mucha gente, incluso también en un contexto donde se está criminalizando las protestas sociales con estos protocolos que ha impulsado el Gobierno. Se habla de recluir a chicos de 12 años, así que van a ser todos temas que se van a estar charlando en esta reunión en la provincia de Santa Fe”.