radiouniversidad.com.ar

El periodista e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos José Piñeiro advirtió que en la Legislatura hay dos proyectos contradictorios entre sí y que en vez de solucionar la superpoblación carcelaria la va a incrementar. En el parlamento provincial se busca la posibilidad de declarar emergencia carcelaria a partir de una iniciativa del Movimiento Popular Fueguino, “pero también se presentó un proyecto que plantea la adhesión a una ley que ya en algunas provincias está puesta en práctica, que es la Ley 26.052, que plantea la desfederalización de la Ley 23.737, que es la que tiene que ver con la violación a la ley de estupefacientes. Esto va a llenar de pibes las cárceles como está ocurriendo en otras provincias porque cuantos más presos haya, el privado va a ganar más. Esto lo rechazamos de plano desde la Multisectorial”, alertó.

Río Grande.- En diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, el periodista e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos José Piñeiro fue consultado sobre la superpoblación carcelaria que está en la agenda legislativa.

Recientemente hubo una reunión de la Comisión 6 del parlamento provincial que preside la legisladora del Partido Republicanos Unidos, Natalia Gracianía, de la cual participo el titular del Servicio Penitenciario Provincial, Ariel Ciares y el viceministro Jorge Canals, en representación del Ejecutivo.

“Nosotros nos fuimos convocados como organización no gubernamental desde la multisectorial, pero sí sabemos que se trataron dos asuntos allí que involucran a las personas privadas de su libertad, al funcionamiento del servicio penitenciario, y dos, en proyectos que entendemos se chocan de frente, porque uno habla, supuestamente, de declarar la emergencia en el servicio penitenciario y de medida que, según entiende el bloque del MPF, que es el que impulsa este proyecto, sería a través de la convocatoria a privados para atender cuestiones que tienen que ver con la alimentación, la salud, la cultura, la infraestructura, y esto plantearía, aparentemente, un funcionamiento mixto del servicio penitenciario, no ya solamente público, sino que en la intervención de privados, que entendemos desde la multisectorial cualquier privado que interviene o que abre un negocio lo hace precisamente para hacer negocio y obtener ganancias, no para hacer beneficencia o un servicio a la comunidad”, advirtió Piñeiro.

Entendió que “”se abre una puerta peligrosa, hay experiencias con lo que fueron las privatizaciones de empresas que después terminaron siendo reestatizadas y se encontró con un desastre de lo que se había hecho desde los privados”.

Insistió en que “obviamente a un privado que interviene en las cárceles lo que le conviene es, lo que quiere es ganar, y cuanto más presos haya, más gana. Eso es así, es básico. A veces es el capitalismo, cuanto más demanda haya, mayor es la ganancia. Y eso, no hay que irse muy lejos, hay varios ejemplos, no solo lo que ocurrió en los Estados Unidos, sino en Chile, en Brasil, en México, funcionan sistemas mixtos. Y precisamente los organismos y los mecanismos de control contra la tortura que investigaron desde esos países y allí mismo, obtuvieron estos mismos resultados o está esto como resultado de las investigaciones que precisamente en esos lugares hay mayor cantidad de personas detenidas por delitos menores o en situación dudosa de detención incluso, o los beneficios no llegan, o se postergan porque cuanto más presos haya, mayor es la ganancia de la empresa”.

El entrevistado aseguró que para obtener mayores ganancias “se restringen los beneficios, las salidas transitorias, y por eso decía esto de que los dos proyectos serán de frente”.

Proyectos contradictorios

José Piñeiro observó que desde la Legislatura provincial se busca la posibilidad de declarar emergencia a partir de esta iniciativa del Movimiento Popular Fueguino, “pero también se presentó un proyecto que plantea la adhesión a una ley que ya en algunas provincias está puesta en práctica, que es la Ley 26.052, que plantea la desfederalización de la Ley 23.737, que es la que tiene que ver con la violación a la ley de estupefacientes, esto tiene que ver con la droga, el narcotráfico y demás. ¿Qué es esto de desfederalizar la ley de estupefacientes. Si hay un delito que tiene que ver con el narcotráfico, lo atiende la justicia federal e interviene en fuerzas federales. Desfederalizarla quiere decir que a partir de ahora, o si esto prosperara, va a ser la Policía de la provincia y van a ser los juzgados provinciales los que intervengan. Yo decía que en algunas provincias esto ya fue puesto en práctica. ¿Cuál fue la consecuencia? El crecimiento de la población carcelaria por detenciones, por narco, menudeo, muchísimos casos, y en otros muchos casos algún pibe fumando un porro en la calle. Lo decía un compañero el otro día de manera irónica y no tan irónica: literalmente el olfato policial. Olieron a porro, adentro, un pibe que anda en la calle fumando porro, adentro. Al tiempo lo tienen que encarcelar y esto les mejora los excesos, los índices de detención, la cantidad de drogas secuestradas, que por ahí son una tonelada, pero en realidad son 10.000 pibes fumando un porro, esa tonelada de marihuana”.

Resumió que “hay una ley por un lado que plantea, o un proyecto que plantea, declarar una emergencia supuestamente para descomprimir, para resolver los problemas, y otra que abre la posibilidad de que crezca la cantidad de detenciones por narco, menudeo, por consumo de drogas, fundamentalmente marihuana, que es lo que se está viendo en otras provincias, y por otro lado sabemos que los juzgados federales tienen esa responsabilidad, tienen esa tarea, bueno, ¿por qué sacársela? ¿Por qué no pedirle que lo resuelvan y que empiecen a avanzar de una vez por todas con quienes integran los carteles, quienes integran las organizaciones del narcotráfico, quienes financian el negocio del narcotráfico, a los que muchas veces no se llega, por lo general lo que vemos son presos comunes, el camionero que traía el bulto con la droga o el chiquitaje, pero nunca precisamente a quienes son las cabezas y los poderosos del narcotráfico y del negocio de la droga, que sabemos que existen en la provincia, es un problema grave, pero casualmente jamás se llega a quien está frente a esas organizaciones”.

El comunicado de la Multisectorial de Derechos Humanos

La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande salió al cruce de dos proyectos que se tratarán en la Comisión 6 de la Legislatura Provincial. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de privatizar algunas áreas de la actividad que se realiza en las cárceles de la provincia, entre ellas cocina, seguridad, construcción y cultura. El otro proyecto se refiere a la posibilidad de adherir a la desfederalización de la Ley 23.737. Aseguran desde la Multisectorial que son “dos proyectos que podrían perjudicar la situación de las personas privadas de su libertad y de vecinos y vecinas que podrían ver afectados sus derechos y libertades”. Le piden “a las legisladoras y los legisladores que vayan a resolver sobre dichas cuestiones, que tengan en cuenta la necesidad de resolver los verdaderos problemas de fondo que tiene nuestra comunidad; sacando el foco de proyectos que solo servirán para profundizar esos problemas, lograr titulares en algunos medios y alimentar el ego”.

El comunicado con el cual se refieren a los mencionados temas comienza señalando que “Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande queremos advertir sobre las consecuencias que podrían tener dos proyectos que tratará la Comisión Nº 6 de Justicia y Seguridad, Relaciones Institucionales, Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos, de la Legislatura, relacionados con la situación de las cárceles de la provincia y las personas privadas de su libertad”.

Luego se menciona que “Por iniciativa del bloque del Movimiento Popular Fueguino, en la Comisión 6 que preside la libertaria Natalia Gracianía, se tratarán dos proyectos que podrían perjudicar la situación de las personas privadas de su libertad y de vecinos y vecinas que podrían ver afectados sus derechos y libertades”.

“Uno de ellos abre la peligrosa puerta de transformar en servicios los derechos que se deberían brindar por parte del Estado provincial en las cárceles, mientras que el otro impulsa la adhesión a la Ley 26.052, que plantea una reforma a la Ley 23.737, con la desfederalización de la misma al dar competencia a juzgados y policía local, en los hechos donde se podría incurrir en alguna violación a la ley de estupefacientes.”, indicaron desde la Multisectorial.

Más adelante, expresaron que “Respecto del Asunto 236/23, que propone un proyecto de Ley de Emergencia de la Infraestructura de las Unidades de Detención Provinciales, queremos advertir que, bajo la excusa de pretender resolver las graves falencias que tiene el sistema penitenciario por exclusiva responsabilidad de los tres poderes del estado; se abre una puerta a sectores privados que buscarán hacer un negocio con la privación de la libertad de las personas”.

“Como cualquier actividad en el marco del capitalismo, a mayor demanda mayor ganancia, cuantos más presos y presas tengamos, mayores ingresos para las empresas que se involucren en la provisión de los servicios que se quieren privatizar. La experiencia de países como Chile, Brasil y México, según los datos proporcionados por los Mecanismos de Prevención de la Tortura correspondientes, lejos de arrojar un balance positivo los mismos alertan cobre la precarización, la pérdida de derechos y el crecimiento de las poblaciones carcelarias, entre otros problemas, que incluyen retrocesos en los derechos laborales del personal y problemas de infraestructura, a raíz de la implementación de sistemas privados o mixtos, entre público y privado, en los mencionados países”, advierte el texto.

Mencionando después que “De igual manera, también queremos expresar nuestra preocupación por el tratamiento este miércoles del Asunto 062/24, igualmente por iniciativa del Bloque del MPF, que se refiere al “Proyecto de Ley sobre Desfederalización. Adhesión a la Ley Nacional N° 23.737”. En este punto, queremos referirnos a la experiencia recogida por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en las provincias donde ya se aprobaron iniciativas similares. Los datos, dicen que dicha desfederalización solo sirvió para profundizar la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarias, de personas detenidas por narcomenudeo o por consumo”.

“Esa situación se dio, según las fuentes consultadas, con mayor gravedad y especial impacto en el colectivo de mujeres cis y trans. Según un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, hacia diciembre del 2016, el 61% de las mujeres cis se encontraba detenida por delitos vinculados a drogas y en el caso de las mujeres trans el porcentaje se elevaba al 70%”, indica el comunicado.

En su tramo final, el documento dice que “Además, los datos recolectados por esta Multisectorial indican que la mayoría de las detenciones producidas en las provincias donde se avanzó con la desfederalización, fueron por intervención policial directa, sin orden judicial alguna. Apuntando, fundamentalmente, a la persecución de consumidores y no a las personas que estuvieran relacionadas con organizaciones dedicadas a la distribución y comercialización de estupefacientes, mucho menos a quienes financian dichas organizaciones”.

“Por todo esto, pedimos a las legisladoras y los legisladores que vayan a resolver sobre dichas cuestiones, que tengan en cuenta la necesidad de resolver los verdaderos problemas de fondo que tiene nuestra comunidad; sacando el foco de proyectos que solo servirán para profundizar esos problemas, lograr titulares en algunos medios y alimentar el ego”, concluyeron desde la Multisectorial riograndense.