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La justicia provincial ordenó allanar la Casa de Gobierno, en este caso con el auxilio de la Gendarmería Nacional, buscando esclarecer la autenticidad de la fecha de impresión del decreto 1656/24 que convoca a la Reforma Constitucional. La medida estaría vinculada con la denuncia penal presentada por el ex concejal Paulino Rossi.

Ushuaia.- En un giro inesperado con gran repercusión en el ámbito político y judicial de Tierra del Fuego, el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe, del Distrito Judicial Sur, ordenó el allanamiento de la Casa de Gobierno con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan determinar la fecha exacta de impresión del controvertido Decreto Provincial N° 1656/24. La medida, llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y responde a las crecientes sospechas sobre una posible manipulación de la fecha del documento, lo que podría poner en tela de juicio la legalidad de una de las decisiones más relevantes del actual gobierno.

El allanamiento, llevado a cabo desde las 11:30 hs con estrictas medidas de seguridad, marca un punto de inflexión en la investigación, y pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones que pesan sobre las autoridades provinciales. Según fuentes cercanas al caso, el corte de energía que afectó a la capital provincial el día 26 de julio de 2024 habría imposibilitado la realización de actividades administrativas, lo que arroja dudas sobre la fecha en que se afirma que el decreto fue firmado y emitido.

Esta intervención judicial, inédita en la historia reciente de la provincia, podría tener consecuencias de gran envergadura para el futuro político del gobierno de Melella. Los resultados de esta investigación podrían no solo invalidar el decreto en cuestión, sino también abrir un debate sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los asuntos públicos.

El allanamiento y las investigaciones en curso mantienen en vilo a la sociedad fueguina, que espera respuestas claras en un contexto marcado por la incertidumbre y las sospechas de irregularidades.

El allanamiento estaría vinculado con la denuncia penal presentada por el ex concejal Paulino Rossi. Justamente el Dr. Rossi Sí, en el marco de la denuncia del legislador Jorge Lechman, aportó más datos y solicitó que se investiguen las conductas delictivas de los legisladores Emanuel Trentino y Mónica Acosta en el momento de la aprobación de la ley en diciembre del año pasado- y las del Gobierno provincial “por falsificar la fecha del decreto”.

Con información de shelknamsur.com