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El senador Pablo Blanco presentó un proyecto en defensa del acceso a la información pública y cuestionó el Decreto 780/2024, promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional. “Este decreto es un claro retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales. Lo que hace es proteger a los funcionarios públicos y fomentar el secretismo, limitando la capacidad de la ciudadanía de conocer cómo se gestiona la administración estatal”, sostuvo Blanco quien también presentó proyecto de ley para crear una comisión bicameral especial investigadora sobre la gestión de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno de Alberto Fernández.

Río Grande.- El Senador Nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto que busca defender y restaurar el derecho de acceso a la información pública, un derecho fundamental consagrado en la Ley 27.275, en respuesta a las recientes restricciones impuestas por el gobierno mediante el Decreto 780/2024

El Decreto 780/2024, promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional, ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos civiles y la transparencia gubernamental. La normativa introduce cambios significativos que limitan el acceso ciudadano a datos, registros y documentos que son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado.

El senador Blanco explicita en su proyecto “Su rechazo al Decreto 780/2024 que reglamenta a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública vulnerando no sólo la potestad del Congreso de la Nación sino el derecho fundamental que todo ciudadano tiene a acceder a registros, datos y documentos de interés vinculados con las actividades del Estado y de los funcionarios responsables de las distintas áreas a cargo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función”.

Blanco “considera al Decreto 780/2024 como un retroceso de la calidad institucional de la que gozaba hasta ahora la República que debe ser urgentemente subsanado”.

«Este decreto es un claro retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales. Lo que hace es proteger a los funcionarios públicos y fomentar el secretismo, limitando la capacidad de la ciudadanía de conocer cómo se gestiona la administración estatal», sostuvo Blanco.

El proyecto subraya que la Ley 27.275 define la información pública como cualquier dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados obtengan, transformen, controlen o custodien. Sin embargo, el Decreto 780/2024 introduce excepciones que amplían considerablemente lo que puede ser clasificado como información «secreta,» debilitando así el principio de transparencia.

Asimismo, el decreto impone nuevos requisitos formales para solicitar información, como la necesidad de presentar un número de documento, domicilio y otros datos personales, lo que contraviene el principio de informalismo que garantiza la ley vigente.

El senador fueguino sostiene en la iniciativa que “creemos firmemente que un Decreto Reglamentario no puede limitar el acceso a la información pública de ninguna forma. Lo que hace este Decreto es ampliar la información que, según sus redactores, pasa a quedar fuera del interés público, ensanchando los márgenes de lo que debe entenderse como secreto y dándole a los funcionarios un marco de mayor impunidad y discrecionalidad para su acción. Asimismo, va en contra de los estándares básicos en materia de Derechos Humanos de las democracias modernas y da más capacidad de cobertura a posibles actos de corrupción”.

“A este avance sobre libertades y derechos consagrados por ley se le suma la constante y cada vez más preocupante propensión del presidente, del gobierno y de sus seguidores en redes sociales a confrontar con el periodismo mediante acciones coordinadas que intentan acallarlos o amedrentarlos”, agregó el legislador.

«Este decreto es un peligro para la democracia. En lugar de combatir la corrupción y la opacidad, la refuerza. Reafirmo mi compromiso con la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre la gestión pública, instando a una acción decidida para revertir las restricciones impuestas por el Decreto 780/2024», aseguró el Senador.

Blanco pide investigar a Alberto Fernández por el COVID-19

También el senador Blanco presentó proyecto de ley para crear una comisión bicameral especial investigadora sobre la gestión de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno de Alberto Fernández.

Blanco explicó que “la Comisión tendrá como principal objetivo analizar y verificar la existencia de irregularidades en las decisiones adoptadas por todas las áreas del gabinete de gobierno y estará integrada por seis (6) diputados nacionales y seis (6) senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras. La misma tendrá un (1) presidente y un (1) vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión.

“Días pasados el ex Ministro de Economía Martín Guzmán habló sobre la cuarentena por la pandemia del COVID-19, que se dispuso durante la gestión de Alberto Fernández, y afirmó que se extendió más de lo que debería para sacar un rédito político. Lo hizo durante una entrevista con el portal Cenital”.

“No sorprenden en lo más mínimo los dichos de Guzmán, pero la confirmación expresa de alguien que fue parte del gobierno es escandalosa e impactante. Mas de 230 días de aislamiento, 130 mil muertos, 92 personas víctimas de violencia estatal, ciudadanos que no pudieron despedir a sus seres queridos, fiestas en Olivos y visitas vip a la casa de Gobierno, una economía devastada y un presidente hipócrita que nos decía. “A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo hace mucho tiempo, la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron”, fustigó el senador radical.

“Por eso es imperativo que este Congreso se avoque a determinar las responsabilidades políticas, identifica a los responsables y haga las denuncias de rigor”, finalizó el senador fueguino.