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Una denuncia presentada por el abogado de Ushuaia, Jorge Pintos pone en agenda el escándalo de los seguros a Alberto Fernández y el empresario Héctor Martínez Sosa. Dicha denuncia plantea dudas sobre la transparencia del acuerdo, cuestionando por qué el Gobierno provincial a cargo de Gustavo Melella firmó un contrato que no representaba un costo directo, pero que otorgaba a Martínez Sosa el control sobre los seguros de todos los organismos públicos.

Ushuaia.- El caso que investiga las irregularidades en la contratación de seguros a nivel nacional tiene a figuras clave bajo la lupa, entre ellas el expresidente Alberto Fernández y el empresario Héctor Martínez Sosa. En Tierra del Fuego, este escándalo podría generar serias consecuencias, ya que el gobernador Gustavo Melella enfrenta cuestionamientos debido a su vínculo con Martínez Sosa.

Una denuncia presentada por el abogado de Ushuaia, Jorge Pintos, podría destapar posibles irregularidades millonarias que complicarían aún más el panorama para la gestión provincial.

La investigación avanzó con el embargo preventivo de más de $105 millones en comisiones que Martínez Sosa debía recibir. El juez federal Julián Ercolini tomó esta medida para asegurar que los fondos vinculados a las maniobras investigadas no sean utilizados antes de que se aclaren los hechos. Las sospechas giran en torno a que Martínez Sosa habría aprovechado su relación cercana con la administración de Fernández para obtener contratos altamente lucrativos a través de Nación Seguros, lo cual está siendo revisado minuciosamente.

En declaraciones por Radio Provincia el abogado Jorge Pintos indicó que denunció  ante la Justicia el convenio entre el Gobierno de Melella y Martínez Sosa dado que no fue rescindido, sino prorrogado. Según su denuncia, el empresario sigue gestionando los seguros de los organismos públicos y entes descentralizados de la provincia, lo que generó dudas sobre la transparencia en la administración fueguina. Ante esto, el Fiscal Mayor Fernando Ballester Bidau solicitó una investigación formal para esclarecer los hechos.

Recordemos que en 2020, el gobernador Melella decidió no renovar el contrato con el Banco Provincia de Tierra del Fuego, que había gestionado los seguros provinciales durante 16 años, y transfirió esa responsabilidad a la Oficina Provincial de Contrataciones. Poco después, el broker Martínez Sosa fue contratado para realizar las mismas funciones. Este acuerdo lo colocó a cargo de la gestión de seguros de organismos clave, como la Policía Provincial, la Agencia Recaudadora Fueguina y la obra social provincial, entre otros. No obstante, la relación entre Melella y Martínez Sosa es compleja. Cuando Melella era intendente de Río Grande, despidió a Martínez Sosa debido a un mal desempeño en la gestión de seguros, alegando que el servicio no cumplía con las expectativas en la cobertura de accidentes laborales.

Sin embargo, al llegar a la gobernación, Melella lo contrató, justificando su decisión al afirmar que no encontró un mejor asesor para esa tarea.

La denuncia de Jorge Pintos, que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción N°2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, busca esclarecer las posibles irregularidades en la extensión del convenio con Martínez Sosa. El Tribunal de Cuentas ya había intervenido en su momento para evaluar el acuerdo, señalando que no había erogaciones directas para el Estado. A pesar de ello, la denuncia plantea dudas sobre la transparencia del acuerdo, cuestionando por qué el Gobierno provincial firmó un contrato que no representaba un costo directo, pero que otorgaba a Martínez Sosa el control sobre los seguros de todos los organismos públicos.