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El gobernador Gustavo Melella ha convocado a una audiencia pública para el próximo viernes 18 de octubre, en la cual se debatirá un nuevo ajuste en los cuadros tarifarios de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. El encuentro, que tendrá lugar en las instalaciones de la Cooperativa, ubicadas en Mackinlay 691, ha generado una fuerte polémica entre los distintos sectores de la provincia, según entendió Moisés Solorza, ya que el incremento propuesto supera el 34%, lo que se considera un tarifazo en un contexto crisis energética a la que se sumará la Dirección Provincial de Energía. Solorza pidió al Gobernador que suspenda la audiencia pública.

Río Grande. El ex secretario de Energía Moisés Solorza cuestionó por Radio Provincia que se pretenda aumentar un 35% la tarifa de luz, para lo cual se ha convocado a audiencia pública, e instó al gobernador a suspenderla, para dar una discusión de fondo sobre cómo abaratar costos del gas de generación.

En principio hizo una comparación entre la gran movilización del 2016 contra el tarifazo de Macri, “con más de 12 mil personas en la Plaza de las Américas. Esa demanda social fue un reclamo a la entonces gobernadora Rosana Bertone, que de alguna forma convalidó ese tarifazo, y permitió que Aranguren y Mauricio Macri dijeran que nosotros despilfarrábamos la energía”.

“En este recorrido, el gobierno actual no quiso o no supo resolver esta demanda que nos tiene de nuevo en la agenda de entonces. Se suponía que era un gobierno nacional y popular, que los servicios públicos tenían otro tratamiento, con rango constitucional de derecho humano, y esa agenda no se resolvió. Me animo a decir que el gobierno provincial está teniendo la misma lógica que la ex gobernadora Bertone, porque acaba de llamar nuevamente a audiencia pública para incrementar el servicio eléctrico, sin mirar las manifestaciones populares. No hay un monitoreo de las publicaciones de las facturas, así como hay un monitoreo de los perfiles de quienes no estamos de acuerdo con esta situación. El monitoreo a los vecinos que reciben la boleta en su casa sería un gran elemento para que no le sigan mintiendo al gobernador, para que no siga metiendo la pata, y suspenda este nuevo tarifazo del 35% de la tarifa eléctrica”, reclamó.

“Los vecinos no pueden recibir 300 mil pesos de gas, 200 mil pesos de luz y pagar un kilo de pan a 4000 pesos. Los comercios están aumentando los precios de los alimentos y las tarjetas de crédito están explotadas porque el gobierno abandonó la demanda que venía de la justicia de Comodoro Rivadavia, porque había elementos para seguir defendiéndonos. Evidentemente hay una posición política detrás que convalida este ajuste, de la misma forma que lo hizo Bertone”, comparó.

“Es una gran decepción para mí el gobierno de la provincia, que sigue sumando más ajuste a los bolsillos de los trabajadores de la provincia”, fustigó, y consideró “necesario establecer nuevos criterios para los servicios públicos en general. Hay discusiones para dar desde la política, que es la gran ausente. Está más preocupada por cómo se reeligen entre ellos y en posicionarse para el 2025, que en la agenda cotidiana de las familias”, sostuvo.

“La propia provincia dice que Camuzzi nos debe 48 millones de dólares, la provincia abandonó lo que estaba diciendo la justicia federal de Comodoro Rivadavia, todavía falta resolver la cuestión de fondo con la Dra. Borruto y evidentemente hay un dejar hacer. El dejar hacer es también estar de acuerdo”, advirtió.

“No hay que olvidarse de que la tarifa eléctrica depende del gobierno provincial. La Cooperativa Eléctrica pretende aumentar un 35% en la audiencia pública que se va a llevar adelante el 18 de octubre, con una modalidad muy parecida a la nación, porque para poder ir a discutir a la audiencia pública e inscribirnos, tenemos que viajar a Ushuaia para hacernos de la documentación necesaria. Eso es desalentar la participación ciudadana, algo que pensamos que este gobierno no iba a hacer. Están desalentando a la gente a que pueda inscribirse y acceder a la documentación para la audiencia pública, porque hay que ir a inscribirse a Ushuaia y de manera presencial”, indicó.

“Hay una modalidad que se está copiando del modelo bertonista y, en el tratamiento del GLP, es mucho más fácil ir a quitarle parte de la coparticipación a los municipios, que ir a discutir con las petroleras. El Ministro de Economía lo tiene como un objetivo creativo, junto con el Ministro de Energía de nuestra provincia, que anda haciendo un tour con el hidrógeno verde, mientras la gente no puede pagar la luz y el gas, cuando el servicio eléctrico depende de la provincia”, remarcó.

“Hay discusiones para dar sobre cuestiones que son de forma, y cuestiones que son de fondo, pero en ninguna de las dos cosas veo la creatividad necesaria del gobierno provincial”, aseveró.

Deuda sin reclamo

Sobre los 48 millones de dólares de deuda de Camuzzi, explicó que “surgen de las obras que hizo la provincia, que fue toda la ampliación de los gasoductos troncales, en Río Grande, San Sebastián, Tolhuin y Ushuaia. Además sumó más de 7.800 usuarios a una empresa privada. Lo más grave de esa deuda en obras en distintos barrios de la provincia es que no existe una contraprestación a la suma de usuarios. La ley prohíbe en su reglamentación que una empresa privada, concesionaria de un servicio, reciba obras por parte de un tercero sin una contraprestación que debiera haberse visto reflejada por ejemplo en la disminución de tarifas o con la devolución efectiva de toda esa red de los nuevos usuarios”, planteó.

“La concesión de Camuzzi está próxima a vencer en el 2026 y me parece que sería una gran oportunidad para que la política se ponga los pantalones largos y no discuta solamente cuestiones de forma sino de fondo. Se debería fijar un nuevo rumbo y una estrategia desde el propio gobierno provincial, en cuanto al agua, la electricidad y la distribución del gas natural, porque en estos tres elementos vemos el mayor ajuste a los bolsillos de los vecinos, que no pueden pagar”, señaló.

“Por suerte veo que de parte del Concejo Deliberante están dispuestos a dar esta discusión. Es importante que se le pregunte al gobierno el rumbo que va a seguir. Una de las propuestas que estamos llevando adelante es preguntarle al Fiscal de Estado qué va a hacer ahora que sabe que el gobierno de la provincia tiene un acreedor, que es Camuzzi Gas del Sur. La Fiscalía de Estado puede decir si es o no es malversación de fondos, porque hubo fondos públicos que fueron a parar a un tercero, sin que haya un beneficio a cambio. Sería bueno preguntarle al fiscal, al propio gobernador, al Ministro de Energía, que está escondido vaya a saber por dónde, porque es el que tendría que estar dando explicaciones”, demandó Solorza.

“Nosotros militamos en contra del gobierno de Rosana Bertone, por los tarifazos impagables que había, hoy las organizaciones sociales y los partidos políticos volvimos a las calles, pero hubo grandes ausentes. Hicimos una radio abierta frente a Camuzzi, porque vemos actores que eligen qué reclamos tener, y el partido gobernante no estuvo acompañando. Hay una contradicción y yo no veo al intendente de Río Grande que se ponga al hombro el reclamo y por lo menos le exija al gobierno provincial una tarifa social en la Cooperativa Eléctrica”, dijo.

Sin tarifa social

Otro reclamo de Solorza estuvo vinculado con la falta de una tarifa social para los sectores más vulnerables. “No hay solución para los vecinos y vecinas, para los comerciantes y para los sectores más vulnerables que no llegan a fin de mes. Los índices de desempleo son brutales, la canasta básica es inaccesible, y es inaceptable que todavía no haya una tarifa social como prometió el intendente cuando quería ser gobernador, y todos apoyamos. Por eso me animo a hacer una comparación odiosa, pero que es una realidad. Hoy la única verdad es que tuvimos que hacer manifestaciones porque los abuelos no pueden decidir entre pagar un servicio y comprar los remedios. Evidentemente hay una decisión por parte del Estado de no dar estas discusiones ni de forma ni de fondo, porque no reclama los 48 millones de dólares que debe Camuzzi, no reclama una tarifa que depende del gobierno de la provincia para tener gas natural en vez de GLP, y tampoco da la discusión en energía eléctrica, porque llama de vuelta a audiencia pública para aumentar la tarifa”, expresó.

“Salvo honrosas excepciones, no hay políticos dispuestos a dar una discusión en serio. La política es la gran ausente, el gobierno de la provincia también y casi a escondidas llama a audiencia pública para aumentar el cuadro tarifario en una ciudad que está al borde del colapso. La Cooperativa Eléctrica es más bien la gran caja del arco político en lugar de ser una cooperativa de brazos abiertos para la comunidad, que proponga herramientas más allá de los cuadros tarifarios”, criticó.

Gas de regalías

Aseguró que para bajar costos hay alternativas que no se están aplicando. “El 70% de la conformación de la tarifa eléctrica es el insumo principal, que es el gas natural, y la provincia está asumiendo que paga 3.71 dólares el millón de BTU, cuando lo podría adquirir a 1.20 dólares a 20 kilómetros. La compra de gas en especie es una alternativa, pero pareciera ser que no están dispuestos a ir a pedirle a Roch, a Total, a Wintershall o a Panamerican, que hagan un esfuerzo y le den a la provincia la posibilidad de administrar los recursos naturales que nos pertenecen a los fueguinos. Evidentemente no están dispuestos a dar esa discusión y van a seguir siendo fuertes con los más débiles, y débiles con los más fuertes”, sentenció.

Legisladores ausentes

También se acordó de la Legislatura, que es otra gran ausente en la discusión de estos temas. Con una representación de ocho partidos, lamentó que “ninguno de los legisladores provinciales se interese en el tema. El arco político de los que tienen la representación de las mayorías son los grandes ausentes en esto. La discusión de fondo no se da en los ámbitos que corresponde. Nadie le conoce la cara al Ministro de Energía recorriendo las ciudades para ver cómo está conformada la tarifa y cuáles son las posibles soluciones. Ya no hay que esperar ninguna acción de quien no tiene la voluntad política para hacerlo, y me parece que hay que tomar las riendas de otra forma”, recomendó.

“El gobierno provincial, dada la gravedad de la situación económica, política, social, cultural, que apremia a tantas familias, lo primero que tiene que hacer es convocar al Consejo Económico y Social de la provincia, para que le brinde herramientas que no tienen los funcionarios. Necesitan alguien que les diga cuál es el camino. El Ministro de Economía tiene que ir a los barrios populares de Ushuaia para que le cuenten cómo es vivir con gas y la verdad es que vive otra realidad. El Ministro de Economía tiene que hacer una mesa itinerante para recorrer los barrios de Andorra, La Bolsita, el Escondido, para ir a la margen sur y que los vecinos le cuenten cómo es vivir con dignidad teniendo el gas en su casa, y pedir que les otorguen el programa Llegó el Gas, que tiene una serie de requisitos casi imposibles de cumplir. Está viviendo una realidad que no nos merecemos. Los fueguinos no nos merecemos vivir de esta forma, con funcionarios que sacan una gacetilla diciendo que van a ir a visitar a los pobres para que cuenten cómo es tener gas, en una provincia que exporta gas natural y tiene un potencial enorme. Muchos se llenan la boca diciendo que somos la segunda provincia productora del país y cuando viene un proyecto como el de Vega Pléyade o Fénix, no son capaces de al menos proponer el autoabastecimiento o una alternativa para bajar los costos de energía y generación de gas natural”, manifestó.

“El Ministro de Economía, en lugar de sacarle plata a las municipalidades para pagar el GLP, tendría que hablar con las petroleras y, si no están dispuestas a traer el GLP porque no lo producen en Tierra del Fuego, que se hagan cargo del transporte y la distribución en Tierra del Fuego, porque esa es su responsabilidad, establecida por la concesión que llevan adelante”, afirmó.

Terra Ignis contratista

Por otra parte, tuvo en cuenta el rol de Terra Ignis cuando fue creada, y lo que se ve en la realidad. “Eso necesita un horizonte y una estrategia por parte del gobierno, pero yo no la veo. Si Terra Ignis nació para ser de intermediario con un tercero para alquilar equipos obsoletos, que están quemando gasoil a lo pavo en Ushuaia, la verdad que es decepcionante el rol que tiene una empresa que nació para otra cosa”, dijo.

“Es decepcionante que la Legislatura no decida interpelar al Ministro de Energía, que es lo que debiera hacer en este contexto, y pedirle explicaciones de cuál es el rumbo que está llevando Terra Ignis, quiénes son los directores, dónde está el estatuto, dónde está ubicada la empresa, y qué está cumpliendo como rol principal dentro de su objeto social. Terra Ignis no nació para ser intermediaria entre la Dirección Provincial de Energía y Sullair Argentina para traer equipos alquilados por dos millones de dólares, que es dinero público, pero a nadie se le mueve un pelo en Tierra del Fuego. Alejandro Aguirre está con la agenda del hidrógeno verde, que está fantástico, pero hoy no le interesa a nadie, porque no tenemos energía, no tenemos gas, porque no se pueden pagar las tarifas, porque no tenemos agua en Ushuaia y porque el sistema está colapsado”, enfatizó.

Parar la pelota

De cara a la audiencia tarifaria, dijo que “yo le recomendaría al gobernador que pare la pelota un poco. Lo están asesorando muy mal y el camino no es seguir ajustando el bolsillo de los trabajadores. El camino no es seguir ajustando las tarifas. Le pido humildemente que suspenda la audiencia pública y que convoque a las entidades de bien público y a aquellos que le quieren dar una mano. Hay que comprar gas en origen para abaratar los costos y ahí puede plancharse la tarifa eléctrica sin necesidad de un aumento de estas características. Eso ayudaría muchísimo a la población y sería un gesto enorme por parte del gobierno provincial convocar a una adenda a los contratos petroleros para ver qué pueden aportar las empresas en concepto de volúmenes sociales, que instruya al Ministro de Energía para que se establezca una tarifa social eléctrica para toda la provincia, y que pueda convocar a distintas organizaciones sociales y políticas para trabajar en la cuestión de fondo. Nadie puede pagar estos incrementos y es un ajuste que no se puede seguir permitiendo”, concluyó.