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La Legislatura ha consensuado un proyecto para declarar la emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública, que busca fortalecer las instituciones de seguridad mediante inversiones, mejoras infraestructurales y la implementación de políticas públicas, garantizando un control legislativo. La Legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) destacó que “hoy tenemos la oportunidad de fortalecer el sistema de seguridad pública de la Provincia de Tierra del Fuego y mejorar las condiciones de quienes prestan servicio en estas instituciones”.

Ushuaia.- En la sesión legislativa de este miércoles, la Legisladora Natalia Gracianía, del bloque La Libertad Avanza, expuso un importante proyecto consensuado con todos los bloques políticos que declara la emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública en la provincia. Este proyecto busca fortalecer las instituciones de seguridad, que actualmente enfrentan una crisis debido a la falta de inversión y condiciones edilicias deficientes.

Durante su intervención, Gracianía destacó la crítica situación del sistema carcelario, donde el hacinamiento no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que también impacta en el trabajo de los agentes penitenciarios. Asimismo, hizo hincapié en las condiciones de las comisarías y la falta de insumos para los efectivos policiales, quienes, con vocación de servicio, garantizan la seguridad en las ciudades fueguinas.

La legisladora explicó que, tras un análisis profundo de la situación, se trabajó en un proyecto que enriquece una propuesta original presentada por el legislador Pablo Villegas. Este nuevo proyecto tiene como objetivo proporcionar herramientas efectivas para el fortalecimiento de la Policía, el Servicio Penitenciario y otras instituciones relacionadas con la seguridad pública, como el Patronato y la Administración de la Línea 911.

Gracianía subrayó que el proyecto contempla un plazo de dos años para que el Poder Ejecutivo Provincial implemente las medidas necesarias, incluyendo obras de infraestructura, adquisición de equipamiento y capacitación del personal. Además, se habilitará la posibilidad de un empréstito para afrontar las obras requeridas en comisarías y lugares de detención.

Un aspecto fundamental del proyecto es el control legislativo que se establecerá, donde el Poder Ejecutivo deberá presentar un plan de inversiones a los 30 días de aprobada la ley, así como informes trimestrales sobre el uso de los fondos. Gracianía enfatizó la importancia de diseñar políticas públicas que eviten futuras emergencias en el sistema de seguridad.

“Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer el sistema de seguridad pública de la Provincia de Tierra del Fuego y mejorar las condiciones de quienes prestan servicio en estas instituciones”, concluyó la legisladora.

La propuesta cuenta con el apoyo de todos los bloques políticos, lo que refleja un compromiso conjunto por mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.