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El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente.

Río Grande.- El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos británicos que instauraron desde entonces medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino.

Este acto de fuerza británico contrario al derecho internacional y que fue llevado a cabo en tiempos de paz sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna, que culminó con la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, fue inmediatamente rechazado y protestado por las autoridades argentinas de aquel momento.

Desde entonces todos los gobiernos argentinos han reafirmado ininterrumpidamente sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el «Nuevo Mundo» desde 1492. Entre 1767 y 1811 hubo una sucesión continua de 32 gobernadores españoles en las islas hasta que en el marco del proceso de independencia los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas continuaron con el ejercicio de soberanía y la administración de las Islas Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el principio del uti possidetis iuris de 1810.

El 6 de noviembre de 1820 el coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión oficial de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando la bandera argentina por primera vez. Asimismo, el gobierno argentino procedió al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población.

En ese marco, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó el 10 de junio de 1829 la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

Sin embargo, el 3 de enero de 1833 dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza ilegal británico. Desde entonces, subsiste una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fuera reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX). Esta resolución, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra, consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

A su vez, la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en  10 resoluciones de la Asamblea General y en más de 40 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur- África (ASA) y la Cumbre Países  Árabes – Sudamérica (ASPA).

La negativa británica a cumplir con la obligación de resolver la controversia por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte del Reino Unido. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente.

Asimismo, el Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios toda vez que la Argentina no representa ninguna una amenaza para el Reino Unido.

La presencia militar británica, en particular, contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en espacial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y de cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.

Luego de 192 años de colonialismo en las islas Malvinas, la comunidad internacional hace un llamado a poner fin a esa situación anacrónica. Es hora de que el Reino Unido cumpla con su obligación internacional de resolver las controversias por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas.