radiouniversidad.com.ar

El Gobierno nacional modificó el decreto 727 e incorporó a las entidades nacionales dentro de las posibles inversoras en obras de infraestructura. Con esto recorta la posibilidad a la provincia y a los municipios de hacerse del 40% del FAMP, y ahora deberán compartir esos recursos con inversiones nacionales. Para el contador Ramón Gallardo la medida es altamente positiva, porque bajo el paraguas de “ordenamiento territorial”, que es uno de los conceptos de inversión, se pretendía financiar pavimento o veredas, obras que deberían ser solventadas con fondos propios de la provincia y los municipios. El nuevo decreto no determina cuánto de ese 40% disponible para los sectores estatales quedará en manos de los fueguinos y cuánto se lo repartirán instituciones y empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, YPF, ARCA o Vialidad Nacional.

Río Grande.- Tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 111/2025, por el cual se incorpora a las instituciones nacionales dentro de las beneficiarias del fondo de ampliación de la matriz productiva fueguina, con aportes no reembolsables para inversiones en infraestructura que hasta ahora quedaban reservadas al estado provincial y a las municipalidades, brindó su opinión el Contador Ramón Gallardo.

Cabe recordar que, del total de lo recaudado por el FAMP, el 60% tenía como objetivo financiar las inversiones del sector privado tendientes a ampliar la matriz productiva, y el 40% se reservaba para los proyectos del gobierno provincial y las municipalidades, porcentaje que ahora deberán compartir con el gobierno nacional, en función de la reforma que introduce el nuevo decreto.

Puntualmente el decreto 111/2025 modifica el decreto 727, dictado el 22 de octubre de 2021, incorporando al Estado nacional en el texto. Señala que “el 40% del total del monto recaudado y percibido se destinará a inversiones en obras de infraestructura que presenten la Provincia y los Municipios de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y/o el ESTADO NACIONAL y sus jurisdicciones, que tengan como objetivo el desarrollo productivo, la reducción de costos logísticos, la competitividad, las infraestructuras productivas y el ordenamiento territorial”.

Los proyectos podrán ser presentados por “jurisdicciones, organismos y/o reparticiones que integren el Sector Público Nacional (…) siempre que, en ejercicio de sus respectivas competencias, lleven adelante acciones que se desarrollen en el ámbito territorial de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, a través de oficinas, sedes o delegaciones ubicadas en la citada Provincia. Las transferencias se harán como aporte no reembolsable y conforme a los certificados de obras que emitan en favor del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. En ningún caso y por ningún motivo se podrán asignar fondos para financiar gastos corrientes de la Administración Provincial y de ninguna otra dependencia del Sector Público Nacional, Provincial y/o Municipal”.

Para el contador Ramón Gallardo esta medida es “positiva”, en función de los proyectos que habían presentado la provincia y los municipios, que no apuntaban al desarrollo sino a obras que bien podrían hacer con fondos propios, como el pavimento.

El sector privado no se ve afectado por los cambios y mantiene el 60% del fondo para proyectos de desarrollo, del cual el 40% puede ser reservado por las empresas para proyectos propios, y el 20% restante se destina a financiar emprendimientos privados por fuera de las empresas promocionadas.

Sobre este punto el contador indicó que no solamente las empresas locales sino “cualquier empresa del continente que esté radicada en Tierra del Fuego podía presentar un proyecto y hacer uso de esos recursos”.

En el caso del 40% para el sector público, dijo que “solamente estaba concentrado en el gobierno y los municipios de Tierra del Fuego. Lo que hace este decreto es abrir el paraguas y puede intervenir el sector público nacional que tenga empresas radicadas en Tierra del Fuego”.

“Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas puede presentar proyectos, porque tiene asiento acá, también ARCA o Vialidad Nacional”, indicó.

El contador justificó la medida en función de los proyectos en danza del sector estatal fueguino. “Cuando hablan del 40% destinado al desarrollo de obras de infraestructura, hablan de desarrollo productivo, como un proyecto para un parque industrial. También se hablaba de la reducción de costos logísticos, y habían puesto como último punto el ordenamiento territorial. Muchos de los proyectos en la gestión anterior se presentaron para hacer veredas, para hacer pavimento, y ahí no hay infraestructura para el desarrollo ni reducción de los costos logísticos”, cuestionó.

“Al permitirle a ARCA o la Aduana presentar proyectos, perfectamente pueden apuntar a reducir costos logísticos para las empresas que están en Tierra del Fuego”, aseguró.

“Vialidad Nacional, en materia de infraestructura productiva, puede ahora presentar un proyecto para mantener el Paso Garibaldi. Yo lo veo muy positivo porque se abrió el juego, así como estaba abierto para los privados. Se sacó la limitación para que solamente los municipios y el Estado provincial pudieran hacer uso de los fondos”, expresó.

En cuanto al monto del que se está hablando, indicó que “hasta el 27 de noviembre de 2024 existían 161 millones de dólares en el fondo”, y que esa cifra se incrementó porque “al 31 de enero de 2025, las empresas textiles que fueron aprobadas hicieron efectivo el pago de tres años de aportes al FAMP. Entre esas empresas está ARMAVIR, Hilandería Fueguina, Textil Río Grande, CORDONSED, Blanco Nieve y Badisur”.

“El 31 de enero les venció el plazo y algunas empresas que conozco aportaron los tres años en un solo pago”, confirmó el contador.

Lo cierto es que para el profesional la revisión del decreto 727 fue acertada. “Hasta diciembre del año pasado existía una gestión que aprobó muchas cosas. En la gestión del actual presidente se hizo una auditoría, se revisó todo, y muchos de esos proyectos no deberían haber estado aprobados, como el pavimento. El pavimento lo tienen que hacer con recursos propios. Por picardía le pusieron ordenamiento territorial y, si hacen una plaza, no hay una reducción de costos logísticos”, planteó.

“Los proyectos están saliendo, y las empresas cada seis meses tienen la obligación de presentar ante el comité ejecutivo la documentación de lo que han realizado. Hay empresas que no habían cumplido, pero hay proyectos que se han llevado a cabo, como los mejillones de Newsan. Hay tres hoteles de lujo proyectados, uno es de Newsan, otro es de Mirgor y otro es de FAPESA, todo en Ushuaia”, puntualizó.

Consultado sobre la falta de proyectos de inversión en Río Grande, cuestionó que nunca se conformara el consejo asesor con representantes locales. “Acá tendría que haber existido un comité asesor para guiar este barco. Estaba previsto un consejo asesor integrado por cinco personas, con representantes de la municipalidad de Río Grande, la municipalidad de Ushuaia, el gobierno fueguino, la UIF y la Unión Obrera Metalúrgica. Según los dichos de la presidente del FAMP esto no fue constituido, ya tendrían que haber dictado su propio reglamento, y ahí se podría haber orientado a las empresas para que algo del fondo se volcara a Río Grande. Hoy eso no existe. Cuando el gobernador dice que están viniendo las inversiones porque se está haciendo una ampliación del puerto de Ushuaia, que lo hizo la empresa Mirgor, es por un proyecto que presentó en el FAMP. La plata es del fondo de ampliación de la matriz productiva y fue aplicada al puerto de Ushuaia por Mirgor”, sostuvo.

“Yo todavía no veo que hayan hecho nada con el puerto de Río Grande, que tanto lo necesitamos. Con esta intervención de Vialidad Nacional, perfectamente pueden poner una porción de este dinero con la empresa Mirgor, porque se pueden unir las empresas del Estado con una empresa privada, y lograr este bendito puerto que queremos para la ciudad de Río Grande”, dijo como expresión de deseo.

También fue crítico de algunos proyectos de las empresas promocionadas. “Muchas empresas han presentado proyectos para depósitos para sus propios productos, cuando el decreto dice que las empresas pueden reservarse el 40% del aporte para proyectos que amplíen la matriz productiva y que no tengan nada que ver con los que están desarrollando”.

Respecto de la municipalidad de Río Grande, reconoció que “presentó un proyecto de parque industrial, que es importante. Lo que no comparto es el vale todo en el ordenamiento territorial. Por eso aplaudo esta decisión de que se haya abierto al sector público nacional y que todas las empresas que están trabajando en Tierra del Fuego, como YPF, Aerolíneas Argentinas, la Aduana, ARCA, puedan desarrollar proyectos dentro y para la provincia”.

“No se puede destinar el 40% de los 161 millones de dólares que existen a la municipalidad de Río Grande, la de Ushuaia y el gobierno provincial, para ordenamiento territorial, porque para eso recaudan impuestos. Toda esa plata la tendrían que destinar a hacer el puerto de Río Grande, y buscar alianzas con Mirgor u otros privados para poder desarrollar el puerto de una vez por todas”, sentenció.

Inversiones menores

Finalmente informó que el 20% de los fondos del sector privado, que tiene como beneficiarias a empresas que no están bajo el amparo de la 19640, va a ser parcialmente no reembolsable. “El 30% de la inversión va a ser no reembolsable, y esto permite que la plata se multiplique. El 70% restante lo tiene que calificar el privado con un banco. Hoy el convenio está firmado con el Banco Nación pero hay posibilidad de tramitarlo con otros bancos, para obtener el 70% del financiamiento”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.