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“Nos despertamos con la noticia de que a partir del 1° de abril se levantaba la barrera sanitaria para la importación de carne con hueso desde el norte de la Patagonia. Esto tiene serias consecuencias, por suerte logramos frenar la medida por 90 días”, explicó presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire.

Río Grande.- La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, se refirió en FM Master´s, a la decisión del Gobierno nacional de autorizar el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, medida que generó un fuerte rechazo en la región y que finalmente se postergó por 90 días tras la presión de los gobernadores patagónicos.

“Nos despertamos con la noticia de que a partir del 1° de abril se levantaba la barrera sanitaria para la importación de carne con hueso desde el norte de la Patagonia. Esto tiene serias consecuencias, por suerte logramos frenar la medida por 90 días”, explicó Apolinaire.

El riesgo sanitario y económico para Tierra del Fuego

La dirigente rural destacó que Tierra del Fuego es una provincia libre de fiebre aftosa sin vacunación, un estatus sanitario logrado tras décadas de trabajo y controles estrictos. Sin embargo, en el resto del país sí se vacuna a los animales, lo que representa un riesgo sanitario en caso de permitir la importación sin regulaciones más estrictas.

“Si aceptamos esto, estamos asumiendo un riesgo enorme. En caso de un brote de fiebre aftosa en el norte del país, Chile cerraría inmediatamente la frontera y nuestra producción quedaría bloqueada, lo que generaría una crisis económica para el sector”, advirtió.

Además, señaló que la justificación del Gobierno para levantar la barrera, la supuesta baja en el precio de la carne, no es el camino correcto: “En vez de bajar nuestros estándares sanitarios, deberíamos nivelar para arriba. La solución no es aceptar carne con hueso sin control, sino que otras provincias, como La Pampa o Buenos Aires, trabajen para alcanzar el mismo estatus sanitario que nosotros”, sostuvo Apolinaire.

Un freno de 90 días y la necesidad de apoyo político

La medida fue rápidamente rechazada por los gobernadores patagónicos, en especial el de Río Negro, quien encabezó las gestiones para frenar su implementación. Ahora, el Gobierno nacional estableció una mesa de trabajo de 90 días con representantes de las provincias y el sector agropecuario para definir el futuro de la barrera sanitaria.

“Necesitamos que el gobernador Gustavo Melella y todos los representantes políticos de la Patagonia salgan a defender esta barrera. Nos costó muchos años lograr este estatus sanitario y es fundamental protegerlo con el apoyo de senadores, diputados y ministros”, enfatizó.

El esfuerzo de décadas que está en juego

Apolinaire recordó que alcanzar este nivel sanitario fue un proceso largo y exigente, con auditorías y controles estrictos.

“No es algo que se logra de un día para otro. Por eso, cuando llegan al aeropuerto o a la frontera ven carteles que dicen que somos libres de aftosa. Son controles que el común de la gente no siempre entiende, pero que nos permiten mantener una producción de calidad”, explicó.

Ahora, el desafío es aprovechar estos 90 días para negociar una solución que proteja el estatus sanitario de la Patagonia, sin ceder a presiones económicas que puedan poner en peligro la producción ganadera regional.

“Los productores nos dedicamos a producir, pero los funcionarios deben hacer su parte y defender el esfuerzo de tantos años. No podemos dejar que esta medida avance sin luchar por nuestra producción y sanidad animal”, concluyó.