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La legisladora de La Libertad Avanza Natalia Gracianía, presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad del parlamento provincial, denunció públicamente que el Ejecutivo provincial está incumpliendo la ley de emergencia del sistema integral de seguridad pública no enviando el informe sobre los requerimientos del Sistema Penitenciario provincial. “Hasta la fecha no hemos recibido nada”, indicó, a la vez que agregó que “la situación de la Alcaidía Central es alarmante y ha sido abordada por el Comité contra la Tortura. Esto no es un problema nuevo; es una cuestión de falta de inversión que se ha arrastrado durante años”, explicó.

Ushuaia.- En una entrevista con FM Master’s, la legisladora Natalia Gracianía, presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad del parlamento provincial y representante de La Libertad Avanza, abordó la crítica situación del Servicio Penitenciario Provincial y el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo provincial.

Gracianía, quien lleva dos años al frente de la comisión, destacó la urgencia de abordar las falencias del sistema penitenciario, especialmente tras la fuga de detenidos ocurrida recientemente. “Esto habla de la vulnerabilidad del sistema y de la falta de seguridad en los lugares de detención”, afirmó, subrayando que la situación es alarmante y requiere atención inmediata.

La legisladora recordó que, durante su primer año en la presidencia de la comisión, se logró sancionar una ley de emergencia del sistema integral de seguridad pública, la cual fue publicada en el boletín oficial el 19 de diciembre del año pasado. Sin embargo, Gracianía expresó su preocupación por el incumplimiento de esta ley por parte del Gobierno provincial. “El artículo cuatro de la ley establece que el Gobierno de Tierra del Fuego debía presentar un informe sobre las necesidades del sistema penitenciario a los 30 días de su vigencia, y hasta la fecha no hemos recibido nada”, indicó.

La falta de inversión y el hacinamiento en los lugares de detención son problemas que, según Gracianía, han sido denunciados en múltiples ocasiones. “La situación de la Alcaidía Central es alarmante y ha sido abordada por el Comité contra la Tortura. Esto no es un problema nuevo; es una cuestión de falta de inversión que se ha arrastrado durante años”, explicó.

Gracianía también hizo hincapié en la necesidad de construir una cárcel en Ushuaia, similar a la que existe en Río Grande. “Es una realidad que no se puede ocultar. Ushuaia necesita su propia cárcel, y esto no es solo responsabilidad de este gobierno, sino de gestiones anteriores que no han tomado las decisiones necesarias”, afirmó.

La legisladora reconoció el esfuerzo del personal penitenciario, que trabaja en condiciones difíciles y a menudo debe recurrir a sus propios recursos para llevar a cabo su labor.

“Sabemos que hay un esfuerzo muy grande del personal penitenciario para poder llevar adelante su trabajo, a pesar de las condiciones poco dignas en que en muchos momentos esto sucede, que tienen que prestar esto, y pasa lo mismo en la policía, pasa lo mismo en el 911 de Ushuaia”.

“El Gobierno provincial tiene una gran oportunidad con esta ley de emergencia para actuar de manera clara y transparente, y permitir que se controle lo que se está haciendo”, manifestó.

Gracianía concluyó su intervención asegurando que desde la Legislatura se continuará exigiendo el cumplimiento de las leyes y se presentarán informes específicos sobre las preocupaciones que afectan al sistema penitenciario. “Nuestro rol es controlar y exigir que se cumplan las leyes que hemos trabajado para brindar herramientas al Gobierno y solucionar los problemas que no ha podido resolver por sí solo”, finalizó.